Una carta opaca y nada rentable: un año de una decisión de suma cero

El año pasado en estas fechas el presidente del Gobierno de España enviaba una carta al rey de Marruecos, aunque no sería hasta días después y por voluntad de la casa real marroquí [18 de marzo] cuando se filtraría el contenido de la misiva.

Una carta envuelta todavía hoy en un halo de misterio, opacidad y que hizo patente que los tempos de la relación entre España y Marruecos eran marcados por este último según sus propios intereses y propósitos, sin importar las repercusiones que dichas acciones pudiesen tener para España —considerables en términos políticos y económicos después del 18 de marzo de 2022—.

En un texto publicado por medios españoles, plagado de faltas de ortografía —achacadas posteriormente a su redacción original en francés—, Sánchez defendía la unión de los dos países y la necesidad de unas buenas relaciones entre ambos. Vaya de suyo que es algo a lo que el pueblo saharaui nunca se ha opuesto, entre otras cosas porque el Frente Polisario no condiciona la política exterior de terceros Estados, a diferencia de otros actores internacionales.

En la misma, entre otras cosas, reconocía “la importancia que tiene la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos, en el marco de Naciones Unidas, para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”.

Lo anterior no tendría mayor trascendencia desde un punto de vista político si España no fuese actualmente la potencia administradora del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental. Carecería de relevancia si no implicase privar a España de su rol prominente en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Conflicto derivado de la no conclusión del proceso de descolonización, de no haber permitido al pueblo saharaui ejercer su inalienable derecho a la autodeterminación e independencia.

Asimismo, reducir, como se hizo en la carta, una cuestión de descolonización a un simple “diferendo” es faltar al respeto osadamente a las víctimas de desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes, a quienes sufren la ocupación marroquí diariamente, a la población que resiste en los campamentos de refugiados, a las miles de vidas desarraigadas en la diáspora, y en definitiva a las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui.  

Además, a través de la misma, el presidente del Gobierno obviaba la ya consolidada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que en ambas instancias se ha insistido en la diferenciación entre el territorio del Sáhara Occidental y el de Marruecos. Por lo tanto, todo acuerdo internacional que vaya a ser aplicado al territorio debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui, a través de su único y legítimo representante, el Frente Polisario.

Ante esta situación es deber de todos los Estados —especialmente España por razones obvias— abstenerse de llevar a cabo medida alguna que impida el ejercicio del derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui. Tienen el deber jurídico de respetar y promover el ejercicio de tal derecho, y esto convierte en inadmisible e ilegal cualquier refuerzo a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, incluido el respaldo a la tesis de la autonomía impuesta por Marruecos como única solución del conflicto.

Un año después, la firma de esa carta supuso un grave error de cálculo, dado que el conflicto del Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión de descolonización, y sólo a través de los mecanismos previstos por el Derecho Internacional podrá ser resuelta

Sin embargo, tomando un rumbo totalmente contrario, hace un año Sánchez se puso de espaldas a la legalidad internacionalidad, de espaldas a las responsabilidades de España, y de espaldas a la sociedad civil española —incluidos los militantes de su propio partido—.

Poco tardaron en llegar las muestras de solidaridad y apoyo con el pueblo saharaui desde la sociedad civil española y la mayoría de los partidos políticos. Ambas Cámaras mostraron su rotundo rechazo a la decisión del presidente del Gobierno —incluido sus socios de investidura—.  

Sin embargo, sin hacer ninguna ponderación de los intereses públicos de España y el escenario internacional que ya se vislumbraba, Sánchez decidió de manera unilateral posicionarse en favor de la pretensión de Marruecos y dinamitar el consenso existente hasta la fecha —y aún hasta ahora— en todo el espectro político español con respecto al Sáhara Occidental. Decidió así alinearse con la parte que vulnera sistemáticamente los Derechos Humanos en el territorio que ocupa ilegalmente desde hace casi cinco décadas.

El tiempo ha demostrado que las únicas alternativas posibles para el Gobierno de España son o la vuelta a la senda marcada por el Derecho Internacional mediante el apoyo inequívoco de los procesos llevados a cabo tanto en Naciones Unidas como en la Unión Africana que permitan alcanzar una solución política, justa y definitiva. O bien continuar supeditando las relaciones con Marruecos a la vulneración de los Derechos Humanos del pueblo saharaui y proseguir con las maniobras de dilación para socavar la capacidad de resistencia y la identidad del pueblo saharaui.

El Frente Polisario ya advirtió hace un año del impacto de la misiva en el conflicto del Sáhara Occidental, en la estabilidad regional y en las relaciones de España y la Unión Europea con algunos de los países de la región del Norte de África.

Con todo, un año después, es evidente que no ha sido una decisión rentable. Un año después, es obvio que la firma de esa carta supuso un grave error de cálculo, dado que el conflicto del Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión de descolonización y, por tanto, sólo a través de los mecanismos previstos por el Derecho Internacional podrá ser resuelta. Sólo ahí decidirá el pueblo saharaui qué opción es “más” seria, creíble y realista.

___________

 Abdulah Arabi es representante del Frente Polisario en España.