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Los daños colaterales de la corrupción política no asumida ni depurada

Lucía Ruano Rodríguez

Una amiga alemana que se encontraba en España cuando se conocieron las primeras investigaciones del caso Gürtel nos visitó un tiempo después en casa. Al escuchar las noticias en la televisión nos preguntó sorprendida si era el mismo caso que ella había conocido. No daba crédito cuando le contestamos que era el mismo. Acabábamos de conocer la tercera sentencia y habían pasado ¡doce años! desde que en el año 2009 la Fiscalía denunció ante la Audiencia Nacional los hechos que habían comenzado a investigarse en 2007. ¿Qué pensaría nuestra amiga si supiera que seguimos con el mismo asunto?

A Gürtel siguió Kitchen, cuya trama de corrupción involucra y mantiene imputados nada menos que a un ministro del Interior y a varios altos cargos policiales por obstruir la investigación del primero. Los ciudadanos hemos visto ya de todo. Hemos sabido de la destrucción a martillazos de varios ordenadores en la sede del partido afectado, perseguida judicialmente bajo la acusación fiscal de un delito de "daños informáticos" y, en consecuencia, directamente archivada, porque el perjudicado era ¡el propio partido! Hemos oído las grabaciones de una conversación en la sede del mismo partido, mantenida entre un tristemente famoso comisario vinculado a los servicios de información y según parece a muchos de los casos de corrupción que se están investigando, con quien era secretaria general del partido y el esposo de ésta. Ambos parece que finalmente podrían quedarse fuera de la causa. Hemos leído sobre la condena a las acusaciones particulares al pago de las costas en un procedimiento ante la Audiencia Nacional, cuyo coste podría llegar a ser superior al de la indemnización que por la responsabilidad civil debe abonar el citado partido, en cuyo beneficio se habría llevado a cabo durante años una contabilidad oculta procedente de un entramado de actos de corrupción sistemática de la contratación pública.

El suceder de noticias sobre estos casos es un espectáculo que, superados los primeros años, a la mayoría de ciudadanos les ha dejado de interesar. Hasta los profesionales del Derecho, familiarizados con la jerga de los asuntos judiciales, hemos alcanzado ya la saturación suficiente como para desentendernos y renunciar a comprender tanto enredo.

Acabamos de comprobar lo que puede dar de sí una comisión parlamentaria, como uno de los últimos episodios de lo que lleva camino de convertirse en una gran pantomima. Esperemos que al menos todavía a parte de la ciudadanía nos quede algo de capacidad para el estupor.

De haber asumido los políticos implicados su responsabilidad, o de haber optado por un juego limpio en vez de haberse atrincherado en un tipo de defensa numantina, aprovechándose con gran maña y tesón de su poder en las instituciones del Estado y no sólo de los entresijos –ya suficientes– que ofrecen los procesos judiciales a los poderosos con buenos abogados, nos habríamos evitado los graves daños que tantos enredos jurídico procesales y la batalla política consiguiente han causado y seguirán causando a las instituciones del Estado de Derecho. El inventario de los daños y secuelas podría ser más largo, pero sólo señalaré los que en mi opinión parecen más evidentes.

La corrupción y los manejos para su encubrimiento han condicionado el quehacer del gobierno de la magistratura; lo que explicaría en gran parte las batallas por los nombramientos de los altos cargos judiciales y los vetos a determinados magistrados y magistradas a prueba de probidad moral, méritos y capacidad técnica.

Que la corrupción política ha podido contaminar al Poder Judicial se puede entrever por algunas escandalosas informaciones en los medios de comunicación que, de ser ciertas –y de momento no han sido desmentidas– constituirían una forma poco "ortodoxa" de proveer determinados destinos afectando a la garantía del juez natural predeterminado por la ley. Se podrían haber sorteado las exigencias básicas de independencia e imparcialidad que legitiman la función jurisdiccional en el Estado de Derecho, lo que no parece difícil con la actual regulación de las situaciones administrativas de jueces y magistrados y la forma de proveer determinados destinos.  

La corrupción política ha podido restar recursos y dedicación a las reformas que realmente precisa la Administración de Justicia, incluidas las referidas al actual estatuto de los jueces, las formas de acceso, selección, ascensos y nombramientos

La corrupción política ha podido restar recursos y dedicación a las reformas que realmente precisa la Administración de Justicia, incluidas las referidas al actual estatuto de los jueces, las formas de acceso, selección, ascensos, nombramientos, situaciones y provisión de destinos; o la necesaria adecuación de la planta judicial a la carga real de trabajo que soportan muchos juzgados en España, cuya proporción de jueces por habitante está entre las más bajas de Europa. 

La corrupción política también explicaría, aunque no sólo, la negativa del partido político afectado a renovar, después de más de tres años, el propio órgano de gobierno, el Consejo General, incumpliendo de forma flagrante la Constitución y la ley que este mismo partido político promovió cuando gobernaba en el año 2013 y de la que reniega cuando pierde la mayoría parlamentaria y deja de gobernar porque ahora prefiere la elección corporativa.  

¿Qué podemos pensar los ciudadanos obligados a cumplir las leyes, tanto si nos gustan como si no? ¿Podemos los ciudadanos antes de que cambie la ley que no nos gusta, esperar a ver si cambia, para comenzar a cumplirla? Eso es lo que proclama el partido político sin cuya colaboración no se puede cumplir la renovación del Consejo del Poder Judicial. Hay otros partidos de la misma tendencia ideológica que comparten esa forma peculiar de desobediencia. Pero lo que aún es más preocupante es que a este obstruccionismo en el cumplimiento de la ley se hayan sumado algunos jueces enviando confusos mensajes a las instituciones europeas.

¿En qué lugar dejan esos poderes públicos y con qué autoridad moral a la mayoría de jueces que deben cumplir y hacer cumplir cada día las leyes, tanto si les gustan como si no? Los jueces también tienen opinión política en cuanto ciudadanos, pero no por ello dejan de aplicar, con carácter general, las leyes que no coinciden con sus opiniones. ¿Cómo vamos a exigir que cumplan las leyes a los pobres desgraciados que acuden a los juzgados sin cultura, ni formación y muchas veces sin apenas recursos económicos? En el nuevo estado de cosas parece que estamos volviendo a aquellos tiempos en los que las leyes no se dictaban para que los poderes públicos las cumplieran.

 Un paso más allá se ha dado en fechas recientes cuando desde la jurisdicción ordinaria, en este caso desde la más alta de sus instancias, el Tribunal Supremo, se han cursado mandatos al mismísimo Congreso de los Diputados. En mi opinión podría suponer una infracción de dos normas básicas del Estado democrático de Derecho, como son el respeto al principio de soberanía popular y la separación de poderes. En las democracias parlamentarias, desde el Bill of Rights del Parlamento inglés, los jueces de las jurisdicciones ordinarias no revisan los actos del Parlamento ni les exigen cumplir sus sentencias. En nuestro sistema político constitucional sólo el Tribunal Constitucional puede revisar leyes, disposiciones y actos emanados del Parlamento y sólo por su contrariedad con la Constitución. De un caso similar no hay precedentes en los ordenamientos democráticos constitucionales, ni en el sistema europeo de justicia basado en los instrumentos jurídicos internacionales que garantizan los derechos y libertades fundamentales. Los fundamentos y fallo de la sentencia que el Tribunal ha ordenado cumplir al Congreso han sido objeto de análisis y valoraciones críticas desde el punto de vista técnico. El tiempo dirá si son acertadas porque no estamos ante un fallo definitivo, al ser previsible que el Tribunal Supremo no tenga en este caso la última palabra.   

Al igual que los virus biológicos acaban por contagiarnos a todos, las instituciones del sistema democrático también acaban por contagiarse de otros virus perniciosos e insidiosos, como los transmitidos por la corrupción política o la polarización política de los partidos, cuando el alcanzar el poder de las instituciones es su principal y a veces único objetivo.  

El Tribunal Constitucional hace tiempo que presenta patologías importantes, como se ha puesto de manifiesto con ocasión de los últimos pronunciamientos relacionados con la pandemia del covid-19. El nuevo virus que se le acaba de inocular al máximo intérprete de la Constitución ha sido el virus de la irresponsabilidad política y de la partitocracia insensata e insensible a la grave situación por la que pasan las instituciones de la democracia. Los recientes nombramientos para cubrir cuatro de sus vacantes han evidenciado que la afinidad con los partidos políticos que los han designado ha sido la motivación fundamental de su elección. Se ha dado el grave paso de nombrar a un jurista al que se ha relacionado con algunos de los manejos políticos y judiciales de la corrupción. No hay cálculo político que pueda justificar unos nombramientos decididos con fundamento en la afinidad partidaria, aun cuando se trate de un órgano político como lo es el Tribunal Constitucional. Con ello se envía un mensaje demoledor a los centenares de prestigiosos juristas, profesores, abogados, altos funcionarios, de nefastos efectos en general y especialmente grave en el caso de los miembros de la judicatura que aspiren a tales cargos. Buscar un simple juego de mayorías-minorías partidistas podría convertir al Tribunal Constitucional en una tercera cámara. Es una gran miopía democrática que además contribuye indirectamente a alimentar la tesis sobre las supuestas bondades de la elección corporativa en otros órganos constitucionales, como el Consejo del Poder Judicial, vista la incapacidad de los partidos políticos para respetar las reglas de una auténtica elección parlamentaria. La parodia del examen y votación de los magistrados y magistradas así elegidos por parte del Congreso de los Diputados al menos nos dejó el amargo regusto de que quizás no todo se haya perdido, cuando una parte de los diputados y diputadas se ausentó de la Cámara y algunos incluso se atrevieron –sin que apenas se conozcan precedentes– a no respetar la disciplina partidaria, anteponiendo su propia dignidad y las exigencias de moralidad sin las que la democracia es sólo una pantomima.

La corrupción política no asumida ni depurada judicialmente, cuando tampoco se asume la responsabilidad política, a pesar de una moción de censura y unas elecciones democráticas que han llevado a ser minoría a la anterior mayoría, podría estar causando graves daños al Estado de Derecho. Estamos a tiempo de evitar su quiebra por las grietas que se han abierto en algunas de sus principales instituciones. La polarización extrema de la política, auspiciada desde posiciones partidarias cerriles, y la incertidumbre social y económica consecuencia de la pandemia no permiten albergar muchas esperanzas a corto plazo. El desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y los futuros nombramientos que habrán de realizarse tanto en dicho órgano como en el Tribunal Constitucional podrían ser un primer paso para comenzar a restaurar la confianza en las instituciones. Esperemos que nuestros gobernantes tomen conciencia de que en el edificio del Estado democrático de derecho se han comenzado a abrir importantes grietas que nunca debimos permitir que se abrieran.  

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 Lucía Ruano Rodríguez es magistrada jubilada.

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