En defensa de la Sanidad Pública madrileña

La masiva respuesta a la manifestación realizada en Madrid el 19 de mayo es una evidencia de que ciudadanos y profesionales son conscientes de que la situación de la Sanidad Pública en Madrid vive momentos críticos desde hace tiempo. Situación que no para de agravarse por una política sistemática de deterioro y desmantelamiento del sistema sanitario público y de su progresiva jibarización y privatización.

¿Por qué sucede este rechazo social a la política sanitaria de Ayuso y sus congéneres? Por supuesto hay muchísimos motivos, pero algunos son los más relevantes:

El presupuesto y gasto sanitario son insuficientes desde hace tiempo, nada menos que desde 2001, año en que se recibieron las transferencias del INSALUD con un menor presupuesto per cápita. Desde entonces, con los gobiernos del PP la Sanidad Pública se ha mantenido siempre en el último o penúltimo lugar entre las autonomías, en cuanto a gasto y presupuesto per cápita. El último dato de gasto sanitario la sitúa en 1.625 € por habitante en 2022, en el penúltimo lugar (media de las CCAA: 1.789 €). En 2024 tiene el presupuesto sanitario por habitante menor de todas (1.468,38, mientras la media de las comunidades es de 1.906,29); es decir, se precisarían 3.065 millones de euros más de presupuesto sanitario para estar en la media. De hecho, en los dos últimos años el presupuesto aprobado para Sanidad en Madrid está por debajo de la cuantía del último presupuesto liquidado, según datos del propio SERMAS. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid rebaja los impuestos a los más ricos (con un 27,39% de estos tributos no recaudados se podría haber alcanzado el promedio del gasto sanitario de las CCAA). Es decir, unos buenos servicios públicos precisan de una recaudación fiscal suficiente.

El gasto farmacéutico tiene un crecimiento muy superior al de los presupuestos sanitarios, con lo que disminuyen más aún los fondos disponibles para la asistencia sanitaria. Entre 2014 y 2023 el gasto en farmacia ha crecido en un 61,83% en Madrid, y todos los años se presupuesta para este apartado menos dinero del que se gastó el año anterior. Mientras tanto, la utilización de genéricos está estancada y no se realizan políticas de control y racionalización del uso de medicamentos. 

La privatización es, seguramente, el fenómeno más conocido de la sanidad madrileña, que no para de favorecer los intereses del sector privado y que se ha situado a la cabeza de las CCAA con el mayor grado de privatización del país. La crisis anterior y la pandemia se utilizaron de manera importante para favorecer los beneficios privados en detrimento del sistema público. 

Como la privatización tiene ya un largo recorrido, sabemos ya bastante de sus efectos negativos, entre los que habría que destacar que produce un aumento de los costes (entre 7 y 11 veces sobre su alternativa en el sector público), generando lo que he denominado círculo vicioso de la privatización: se derivan fondos públicos hacia el sector privado. Como consecuencia, los presupuestos disponibles para los centros públicos disminuyen, lo que hace que su capacidad para atender la demanda de la población se reduzca y, en consecuencia, se hace más necesario concertar/contratar con el sector privado, y vuelta a empezar. Es una espiral que, o se corta de raíz, es decir, acabando o reduciendo progresivamente las contrataciones/concertaciones con el sector privado, o acabará totalmente con el sistema público. Y eso sería un desastre sanitario porque es bien conocido que los centros públicos son los que, a la postre, acaban atendiendo los graves problemas de salud que el sector privado considera poco o nada rentables.

Tampoco conviene olvidar que favorecen las corruptelas, como presuntamente las del “novio particular”, y las puertas giratorias, y acaban en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberanía y el control de un servicio básico (en Madrid Quirón/Fresenius y Ribera Salud/Centene forman prácticamente un oligopolio). Además, ya hay evidencias científicas de que un mayor grado de privatización aumenta la mortalidad evitable al anteponer los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud. 

La Atención Primaria (AP) madrileña está deteriorada al extremo, y ello se debe fundamentalmente a que tiene el menor gasto por habitante de todas las CCAA

Asimismo, en una situación en la que la población no para de crecer en Madrid, las camas hospitalarias públicas disminuyen (se pasó de 15.531 en 2015 a 14.541 en 2022, un 6,37% menos). El número de camas por 1.000 habitantes era de 3,05 en 2022, y el de públicas 2,04 (en 2011 era 2,39), y ello a pesar de la apertura del pseudo hospital Zendal, que como es conocido nos cuesta dinero por mantenerlo vacío (un hospital sin quirófanos, como le recordó ingenuamente Pablo Casado a su amiga Isabel el día en que empezó a labrarse su propia tumba). Si tenemos en cuenta que las camas/1.000 habitantes de la UE son 5 y de la OCDE 4,7, se entiende por qué un pico de la demanda asistencial acaba produciendo el denigrante espectáculo de camas y enfermos en los pasillos esperando días para ser ingresados.

La salud pública ha sido sistemáticamente despreciada por la Comunidad de Madrid, y mantiene recursos bajo mínimos a pesar de la experiencia de la pandemia, que evidencia su necesidad de refuerzo. Una prueba es que se le dedica solo el 1,1% de los presupuestos públicos, frente al 3,6% del conjunto del país.

Es conocido que la ley de libre elección eliminó las áreas de salud dentro de la Comunidad de Madrid. Una medida pensada para favorecer las derivaciones a centros privados y que ha tenido el efecto de dinamitar la necesaria colaboración entre Atención Primaria y Especializada, que es básica para garantizar el buen funcionamiento del sistema sanitario.

La Atención Primaria (AP) madrileña está deteriorada al extremo, y ello se debe fundamentalmente a que tiene el menor gasto por habitante de todas las CCAA, expectativa que se mantiene en los presupuestos de 2024 (se precisarían 836 millones € más para igualarse a la media de las CCAA). La consecuencia es que el número de profesionales por mil habitantes, de Medicina, Enfermería, personal administrativo y unidades de apoyo está por debajo de la media del país, y en algún caso Enfermería en primer lugar. De resultas se producen unas elevadísimas listas de espera que hacen la AP madrileña casi inaccesible a la población. En octubre de 2023, según el Barómetro Sanitario, la demora media era de 9,58 días, y un 85,4% de quienes pedían cita con medicina de familia la obtenían en más de 48 horas, y el 54,8% en más de 7 días. Además el 19,97% de las personas señalaban que no habían logrado consultar con AP teniendo un verdadero problema de salud.

Los efectos de estas demoras se hacen notar en el aumento de las urgencias hospitalarias (Madrid tiene el mayor número de urgencias/1000 habitantes de todo el país: 817,37 versus 651,8 de promedio de las CCAA), y en el incremento continuado del aseguramiento privado. En Madrid, el 40% de la población ya tiene un seguro privado (el 25% de promedio en España), y se ha encontrado una relación significativa entre los días de demora en AP y el porcentaje de población con un seguro privado.

Por otro lado, se cerraron las urgencias en AP o están insuficientemente cubiertas (frecuentemente faltan médicos u otros profesionales), y hay muchos centros en los que las plantillas están incompletas, de manera que la continuidad asistencial está gravemente dificultada. Por supuesto, todo ello hace que la prevención y la promoción estén abandonadas, y además los mecanismos de participación ciudadana son inexistentes.

El panorama es desolador. En esta situación cabe una pregunta: ¿se trata de una deriva resultado de la incompetencia o de otras circunstancias? Obviamente no, desde el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, al menos a partir de la época de Esperanza Aguirre, se ha buscado el deterioro y la desfinanciación intencionada de la Sanidad Pública para demostrar que no funcionaba, y ofrecer una excusa para su progresiva privatización, en gran parte utilizando para ello fondos públicos, lo que ha agravado más aún las carencias de los centros de gestión tradicional. Es, pues, urgente cambiar este círculo vicioso, porque aunque hasta ahora se mantiene el apoyo mayoritario de la población y de los profesionales a la Sanidad Pública, si se sigue deteriorando el sistema sanitario será complicado que pueda mantenerse indefinidamente. 

Hay que ser conscientes de que los sistemas sanitarios públicos tienen una gran capacidad de resistencia, y que en países democráticos su desmantelamiento es bien complicado (ahí está el Reino Unido, donde pese a las políticas iniciadas por Thatcher en 1989 todavía resiste el NHS). Por eso hay que movilizarse para defender la Sanidad Pública, y por ello es tan importante la respuesta social en la manifestación del pasado día 19, porque nos recuerda a todos y todas que no nos hemos rendido, y que vamos a seguir luchando por una Sanidad Pública accesible y de calidad. Nuestra salud y nuestra vida están en juego.

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Marciano Sánchez Bayle es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y patrono de la Fundación Alternativas.