El derecho a la vivienda: un país más justo

El 25 de abril de 1986 se aprobaba en las Cortes la Ley General de Sanidad que desarrollaba el Art. 43 de la Constitución Española, siendo presidente Felipe González. Esta Ley supuso poner la salud como Derecho Universal, Público y Gratuito.

Veinte años después, el 20 de abril del 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobaba la Ley de Dependencia. También en abril, un 27 de abril, el Gobierno de coalición que preside el socialista Pedro Sánchez va a aprobar la primera Ley por el Derecho a una Vivienda[1].

Con esta Ley vamos a dar cumplimento al mandato constitucional del Art. 47 y a desarrollar el derecho real y efectivo a acceder a una vivienda al conjunto de la ciudadanía, en especial a aquellas familias con menos recursos o a los jóvenes que no pueden acceder en condiciones de igualdad. Porque de nada sirve tener una Constitución Española que establece un marco de derechos si estos no pueden ser ejercidos de forma real y eficaz por los ciudadanos.

Cumplimos la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el mandato de la Carta Social Europea y la Resolución del Parlamento Europeo del 21 enero de 2021 sobre el acceso a una vivienda digna y asequible que pide a los Estados que garanticen mediante disposiciones legislativas la igualdad de acceso a una vivienda digna.

Hoy terminamos de construir ese edificio del Estado del bienestar que estaba incompleto porque no es posible ejercer plenamente el derecho a la salud, educación o dependencia sin tener acceso a una vivienda como el espacio vital donde desarrollamos nuestra vida y ejercemos el resto de los derechos.

Y lo hacemos en un momento clave en la situación de la vivienda, en el que los precios de las viviendas y el alquiler son desproporcionados y desacoplados con respecto al nivel de los ingresos de los hogares. En un momento en el que los jóvenes no pueden emanciparse por la imposibilidad de acceder a una vivienda en alquiler, con un exceso de demanda y una oferta escasa y cara, con un parque público muy pobre y lejos del resto de países de nuestro entorno. ¿A qué debíamos esperar para aprobar la primera Ley por el Derecho a la Vivienda? Existen suficientes argumentos para hacerlo.

Es urgente y prioritario establecer mecanismos de contención del alquiler en aquellos territorios y en aquellas zonas de esos territorios en las que el precio de los alquileres es desproporcionado, inasumible para quien habita en esas zonas

La política de vivienda debe ser una política de país, con un claro objetivo: facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, prestando especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables y favoreciendo la existencia de una oferta a precios asequibles y adaptada a las realidades de los ámbitos urbanos y rurales.

No podemos equiparar la vivienda como un bien de consumo más, sujeto a las variaciones de precios y a índices que fluctúan; debe ser un derecho dotado de recursos, de herramientas para su desarrollo y para su defensa.

Una Ley que respeta las competencias de las comunidades autónomas, que no las invade, o ¿fue la vacunación una invasión de las competencias? La vacunación fue un ejercicio de cogobernanza entre diferentes administraciones que tienen responsabilidades en un espacio común y aplican propuestas y medidas para solucionar los problemas.

Por eso cuando escucho a algunos dirigentes destacados del primer partido de la oposición decir que "no aplicaremos la Ley" o que "no la vamos a cumplir", me parece muy peligroso porque no estamos debilitando al Gobierno sino al Estado de Derecho.

La Ley aborda la contención del precio del alquiler en zonas tensionadas. Es urgente y prioritario establecer mecanismos de contención del alquiler en aquellos territorios y en aquellas zonas de esos territorios en las que el precio de los alquileres es desproporcionado, inasumible para quien habita en esas zonas. Es importante fijar índices de referencia teniendo en cuenta la oferta, demanda, los niveles de renta. Y es objetivo de esta ley el incremento del parque público de viviendas incentivando políticas de conservación, crecimiento, compatibilizando suelos de uso dotacional para vivienda social, alineando la gestión del patrimonio público de suelos a las políticas de vivienda. Un trabajo y un techo son los cimientos para cualquier proyecto de vida.

Hoy este país es más justo, más social y con más derechos que podrán ser ejercidos por la mayoría de la ciudadanía, este es el logro de esta Ley.

[1] (Se ha legislado teniendo como objeto la vivienda, pero nunca se había aprobado el derecho a acceder a una vivienda).

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José Luis Ramos es portavoz de Vivienda del grupo Parlamentario Socialista y diputado del PSOE por Huelva.