Una desagradable sorpresa para el territorio

Los Gobiernos tienen aciertos y errores, aunque algunos de estos últimos son tan llamativos que sorprende que sus redactores pretendan hacer creer que resuelven problemas para el conjunto de los ciudadanos. Es el caso de la propuesta de modificación de la Ley del Suelo que aprobó recientemente el Consejo de ministros para su tramitación parlamentaria.

Sorprende que en la justificación se presenten como negativos argumentos que a lo largo del tiempo han supuesto un beneficio para la gestión del suelo. Justamente ese argumento aparece en la justificación de la modificación de la Ley del Suelo: “la aprobación final del plan o proyecto es un acto complejo en el que han de concurrir tantas voluntades distintas como informes existan y esa concurrencia necesaria solo es constitucionalmente admisible cuando [dichas] voluntades resuelven sobre asuntos de su propia competencia”

Ese planteamiento que hace el Tribunal Constitucional es el que debería mantenerse para evitar gran parte de los despropósitos que se producen por unas y otras Administraciones con la gestión del suelo. Si profundizamos algo más nos encontramos con un cambio que afecta evidentemente a una atascada operación urbanística en Madrid, conocida popularmente como Operación Chamartín.

Una de las garantías más sólidas de nuestro sistema económico es el registro de la propiedad, y no parece razonable que los inversores que hay en la Operación Nuevo Norte (conocida como Operación Chamartín), necesite que haya una ley, nada más y nada menos, para hacer “viable” su desarrollo al cabo de más de 30 años, especialmente teniendo en cuenta que nuestro ordenamiento y defensa legal de la propiedad, es una de las más solventes de las economías occidentales.

Parece redactada por un grupo marxista, pero de los famosos cómicos. Únicamente falta incorporar aquello de: “la parte contratante de la primera parte es igual a la parte contratante de la segunda parte…”. Pero efectivamente, como se puede concluir, en esta ley se ve fácilmente que sus gestores “tienen unos principios, pero si no les sirven, los cambian por otros”.

La capacidad de hacer un marco legislativo complejo evitaría las consecuencias negativas del desarrollo urbanístico en España, buena prueba son las sucesivas burbujas inmobiliarias, aunque nos parezca que solo ha existido la de 2007/2008. Por tanto, intentar evitar procesos garantistas en nada benefician la gestión del territorio.

Desde mediados del siglo XX, se lleva practicando en España un modelo de desarrollo urbano unido a la especulación. Se trata de vincular el desarrollo económico con el desarrollo urbano, entendiéndose como necesario en los años 50, 60 y, si se quiere, hasta finales de los 70 del pasado siglo, porque había menos viviendas que hogares. En la actualidad hay muchas más viviendas que hogares. Según los datos del INE a 1 de enero de 2021, Madrid tiene 97.178 viviendas vacías de un total de 1.533.221 y Barcelona 75.476 de un total de 808.751.

El conjunto del territorio español tiene 26,6 millones de viviendas de las que cataloga 3,8 millones como vacías y 2,5 millones de uso esporádico. Todo esto pone de manifiesto que la modificación de la Ley del suelo planteada no aborda con rigor el problema de la España menos poblada, pues es ahí, como ponen de manifiesto los datos del INE, donde radica el problema y por tanto plantear soluciones que permitan un mayor equilibrio del conjunto del territorio.

La construcción de vivienda se ha convertido en un elemento fundamental del negocio inmobiliario. Todo esto tiene unas consecuencias muy negativas para el territorio y para el derecho a la vivienda.

Los Ayuntamientos, en su mayoría, han paliado parte de sus carencias con la venta y clasificación de grandes extensiones de suelo. Es posible que por ese motivo no protesten de la modificación planteada por el gobierno en la Ley del Suelo, que en otras circunstancias habrían reclamado sobre sus competencias. Todos hemos asistido a una espiral de despropósitos con el dinero obtenido por la venta de suelo, que afloraron de forma evidente con la burbuja inmobiliaria de 2007/8. Hay ejemplos tan sangrantes como poblaciones de 1500 habitantes que han construido polideportivos con gradas para 5.000 personas.

La construcción de vivienda se ha convertido en un elemento fundamental del negocio inmobiliario. Todo esto tiene unas consecuencias muy negativas para el territorio y para el derecho a la vivienda

La sociedad en su conjunto también se debe responsabilizar en este proceso. Nos parece o “nos ponemos de perfil” cuando se hacen operaciones especulativas en las que vemos una oportunidad de participación. Todos recordamos personas que se vanagloriaban de haber comprado en 2004 o 2005, dos o tres viviendas en los crecimientos de las ciudades para que con las plusvalías pagar el que se quedarían definitivamente.

Parece que el proceso tan duro que supuso la última burbuja no ha servido para aprender, pues con cierta rapidez veíamos noticias de cómo se recuperaba la venta de vivienda, que subían los precios de la vivienda. Todo esto parece que nos obligaría a un mayor respeto por el territorio, pues es un elemento cuyo destino no es la obtención de plusvalías. Parece que hemos consolidado una mentalidad, en general, fundamentalmente en las administraciones públicas. Para el desarrollismo urbano parece que el suelo sirve únicamente como una oportunidad de negocio.

En muchas ocasiones se cita el artículo 47 de la Constitución, pero conviene recordar que dicho artículo tiene tres partes, la más conocida se refiere al derecho a una vivienda digna, textualmente dice: “Todos los españoles tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna”, que no significa que deba ser en propiedad. Pero dicho artículo continúa y dice algo más que no es tan conocido: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” Pues eso. Hay que interiorizar esta segunda parte, y de ella deben responder los poderes públicos y eso parece que ha fallado con frecuencia en las diferentes regulaciones por administraciones de distinto color político. 

La tramitación realizada recientemente por el Gobierno de España sobre la legislación del suelo pone de manifiesto, una vez más, que no hay sensibilidad por defender el territorio y parece que se sigue en el empeño de estar más atentos a los intereses de determinados grupos económicos que a impedir la especulación de acuerdo con el interés general.

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José María de la Riva Ámez es profesor de geografía y exconcejal del PSOE con el Ayuntamiento de Madrid. Tiene el Máster en Desarrollo Territorial Sostenible.