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¿Existe mucha burocracia? El caso de la escuela

Albano de Alonso Paz

Hace no mucho terminé la lectura del ensayo del sociólogo César Rendueles Contra la igualdad de oportunidades (Seix Barral, 2020). Además de otros muchos aspectos interesantes que requieren de análisis y reflexiones pormenorizadas, me llamó la atención la defensa que hace, en su radiografía de las políticas igualitarias, de la burocracia en los servicios públicos, a pesar de la idea comúnmente extendida de que estamos hartos de la burocratización a la hora de acceder a los bienes fundamentales.

En este texto, Rendueles recuerda que “un efecto habitual de la flexibilización antiburocrática no es la libertad sino la arbitrariedad. Por eso, cuando los nazis ascendieron al poder destruyeron a toda velocidad el entramado burocrático de la administración alemana para someterla a la discrecionalidad carismática”. ¿Qué hay detrás de esta idea? ¿Es la burocracia necesaria para el buen funcionamiento de las administraciones y sobre todo en el acceso a las políticas sociales? ¿Hasta qué punto el lugar común de que hay elevada burocracia en los centros escolares puede ser reflejo fiel de la realidad?

La burocracia de la escuela pública, como la de otros segmentos del Estado, tiene un lado tenebroso: presunta ineficacia, sobrecarga de trabajo, ralentización de procesos, hipervigilancia y mecanismos de control que no parecen necesarios. Son algunos de los inconvenientes que los profesionales de la educación observan ante el palpable aumento del llamado "papeleo" escolar.

Según el último Informe TALIS de la OCDE, hecho en 2018, el exceso de tareas burocráticas y administrativas era la principal fuente de estrés de los equipos directivos encuestados de la muestra, tanto de Primaria como de Secundaria. Ese mismo año, un estudio elaborado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y encargado por el Consejo Escolar de Canarias confirmaba lo que tenemos en mente: el agobio que supone para el profesorado la gestión burocrática, sobre todo la elaboración de memorias, informes psicopedagógicos y procedimientos de control de absentismo del alumnado. Algunos años después de estos estudios, esta percepción es probable que no solo no haya mejorado sino que, en un gremio que se siente saturado de funciones, las perspectivas sean todavía más desalentadoras.

A ello se le une el pensamiento único neoliberal que sostiene, de forma falaz, que en España hay muchos funcionarios, lo cual supone una elevación innecesaria del gasto público, a la par que no hay correspondencia entre las trabas que se encuentran los ciudadanos al acceder a los servicios de la administración y este exceso de puestos de trabajo ocupados para, supuestamente, facilitar este acceso. Sin embargo, los datos oficiales lo desmienten: por ejemplo, el peso del empleo público en España en 2019 fue del 15,58%, más de dos puntos por debajo de la media de los países de la OCDE, según el Informe Government at a Glance 2021. Lo que sí se evidencia de las cifras es la alta tasa de temporalidad en el empleo público español, así como la elevada edad media del funcionariado, pero ese ya es otro tema que, sin duda, debe corregirse.

El peso del empleo público en España en 2019 fue del 15,58%, más de dos puntos por debajo de la media de los países de la OCDE. Lo que sí se evidencia de las cifras es la alta tasa de temporalidad en el empleo público español

Volvamos al caso de la educación: una organización escolar, con cientos de menores a cargo, representa una maquinaria compleja que nunca debe quedar a expensas de cualquier signo de vaguedad. Los centros de titularidad pública se rigen por, entre otras, la Ley de Procedimiento Administrativo, que protege los derechos de los interesados, donde también están los de los trabajadores de la administración. Casi toda la burocracia que mueve una institución educativa debiera ser garante de los principios basados en la igualdad de trato, confidencialidad, transparencia, acceso a ayudas, apoyos y prestaciones y plasmación académica objetiva de los avances en los aprendizajes del alumnado, así como de sus dificultades o necesidades. Cuando reflejamos todo ello en procesos de diversa naturaleza, blindamos un mínimo equilibrio que otorga un atisbo de justicia a los que antaño eran sometidos a la unilateralidad del poder, la arbitrariedad y abusos diversos, como vestigios de un vetusto absolutismo.

En una sociedad democrática saneada y alejada de indicios de corrupción se hace necesario activar también mecanismos de control con acciones reguladas y –eso sí– ágiles que, si no se diesen, estaríamos perjudicando a los colectivos más vulnerables, además de estar a merced de las decisiones cuasi totalitarias de quien ostente el poder, en términos de sociedades disciplinarias, tal y como las entendía Foucault.

La pandemia, y así se ha analizado desde multitud de enfoques, desnudó las carencias y necesidades de los servicios públicos esenciales; fue precisamente ahí cuando descubrimos no que hay mucha burocracia, sino que es justo al revés: que faltan instrumentos burocráticos ágiles y eficientes en unas administraciones que se tambalean cada vez que se las somete a una alta exigencia.

Pero, ¿cómo podemos superar en la escuela esa visión donde la burocracia se relaciona con la falta de incentivos, la ineficacia, y con una “enfermedad” que erosiona el acto de educar? Por un lado, es necesaria una mayor formación del profesorado en el conocimiento y funcionamiento de los procedimientos administrativos, lo cual podría acelerar muchos mecanismos y hacerlos sentir más seguros en sus actuaciones. Sin embargo, considero que, tras la lógica frustración de docentes y directivos por la excesiva y supuestamente estéril burocracia, se esconden las grandes murallas contra las que impactamos los profesionales de la educación diariamente: la inestabilidad de las leyes y la multiplicidad de funciones que colapsan el trabajo del profesional escolar hasta deteriorar el clima de relaciones dentro y fuera de los centros.

El hartazgo ante la burocracia académica encierra una reflexión profunda ante la cantidad de requerimientos a los que se tienen que enfrentar las escuelas en la cotidianeidad, y le quita la máscara a la gran fisura del funcionamiento de las administraciones educativas: la falta de personal y su plasmación en una elevada cantidad de estudiantes a cargo de un solo docente.

Sin embargo, en medio de esa permanente presión por la imperiosa justificación de cada paso que damos, olvidamos que dentro de esta maquinaria también están las becas, los informes ante casos de riesgo o desprotección, las prestaciones sociales, los concursos y oposiciones, los dictámenes psicopedagógicos, las reclamaciones ante la vulneración de nuestros derechos y las quejas ante el mal funcionamiento de la administración: trámites que procuran mantener un orden mínimo en el saneamiento de la res pública, relacionado con la igualdad de oportunidades. Y así, entre montañas de estudiantes a cargo, de programaciones por entregar y de papeles por cumplimentar, nos quedamos apesadumbrados en el recuerdo de un ayer en el que había menos burocracia, puede ser, pero también menos derechos y menos libertades. No lo olvidemos.

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Albano de Alonso Paz es profesor de Lengua y Literatura y miembro del Colectivo DIME de Docentes por la Inclusión y la Mejora Educativa.

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