Financiación en vía muerta

Esperamos la convocatoria, por parte de la nueva ministra Montero, del tan ansiado como aplazado Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero hemos recibido un jarro de agua fría con las recientes declaraciones del presidente Sánchez descartando un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas (CCAA) en esta legislatura. Tampoco nos engañábamos. Habíamos conocido una primera aproximación a la posición del fenecido Gobierno Rajoy, si bien como relatorio extenso y confuso del comité técnico creado en el seno del Ministerio de Hacienda con las CCAA.

Han pasado cuatro años desde que finalizase el periodo de vigencia del actual modelo; dos desde que la Conferencia de Presidentes acordase iniciar la elaboración del nuevo modelo con la creación de una comisión de expertos que finalmente emitió un informe controvertido, nada menos que con nueve votos particulares, entre ellos el de su propio presidente. Un informe condicionado negativamente por el acuerdo para la renovación del cupo vasco que provocó, entonces, la dimisión de uno de los ponentes, el representante de Asturias, el profesor Monasterio. Desde entonces el Gobierno se ha tomado su tiempo, incumpliendo los compromisos de la mencionada Conferencia de Presidentes, que preveían la incorporación de los acuerdos, primero al presupuesto de 2017 y luego al actual de 2018. Ahora es el presidente Sánchez quien incumple los compromisos de financiación con las CCAA.

En definitiva, que así como el nuevo cupo vasco fue posible en condiciones difíciles por formar parte de la necesaria mayoría presupuestaria pasada (parece que también presente), no se antoja probable que el sistema de financiación vaya a ser no ya una prioridad, ni siquiera un objetivo para el nuevo Gobierno, en el horizonte de la legislatura.

La razón fundamental, para el retraso primero y ahora para la renuncia, ha sido hasta ahora su complejidad. Obligaría a acuerdos políticos entre partidos y también entre las CCAA vinculados a presupuestos cada vez más inciertos, pero sobre todo la necesidad de esperar, en distintos plazos cada vez más dilatados, primero al Procés catalán y ahora al final del 155 y la toma de posesión del nuevo Govern de la Generalitat para su incorporación efectiva a la negociación.

Tampoco parece, a tenor de recientes declaraciones del president Torra, que ésta sea una de sus prioridades, sobre todo si se trata de seguir agitando el agravio como combustible y la república como horizonte. Y el nuevo Gobierno de Sánchez bastante tendrá con cambiar la deriva de la confrontación por un nuevo clima de diálogo y de acuerdo político.

Lo cierto es que, después de este largo y tortuoso camino, el clima se ha visto enrarecido como consecuencia no solo de las formas bilaterales y del contenido asimétrico del cupo vasco, también por la utilización por parte del ministro Montoro del bloqueo de los adelantos a cuenta como chantaje en cada negociación presupuestaria, además de por un reparto de los compromisos de déficit y estabilidad presupuestaria muy lesivo para los municipios y las CCAA. Esperemos que esto cambie para los presupuestos de 2019.

El último documento técnico del Gobierno Rajoy (parece que no asumido por el actual) es un relato interesado y confuso de las reuniones técnicas multilaterales que no acaba de precisar el modelo por el que apostaba el Gobierno central, pero confirma alguno de los elementos más contestados por una buena parte de las CCAA.

El modelo cuestionaba en primer lugar el estatu quo, previendo un plazo de caducidad, y para ello un fondo compensatorio. Por tanto, hacía tabla rasa de los compromisos de transferencias y de la suficiencia en la financiación autonómica.

En relación a la nivelación entre las diferentes administraciones, el documento ponía en cuestión la mayor pérdida relativa de las CCAA y municipios en relación a la administración central. Dejaba el debate de su dimensión y posibles compensaciones abierto a nuevos informes. En cuanto a la financiación de los servicios transferidos, aplazaba el necesario acuerdo sobre la dimensión del Estado del Bienestar y su financiación; introducía el esfuerzo fiscal y dejaba entre interrogantes la garantía del 100% para la totalidad, o solamente para los servicios esenciales, con ser esta la principal competencia y el mayor volumen de gasto de las CCAA para el que la actual financiación ha sido claramente insuficiente.

Además de todo ello, renunciaba a algunas de las recomendaciones más novedosas e interesantes de los expertos: la mayor participación de las CCAA en la cesta de impuestos así como a la armonización de impuestos hoy sometidos a tensiones desfiscalizadoras, como el de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio.

En este mismo sentido, no avanzaba en la recuperación del casi residual FCI y excluía a los regímenes forales de cualquier compromiso con la solidaridad, como había propuesto la comisión de expertos, ante la asimetría de su financiación por habitante con respecto al conjunto.

En resumen, que el Gobierno de Rajoy no solo no tuvo prisa en acordar un nuevo sistema de financiación, sino que tampoco reconoció los graves efectos del ajuste sobre los servicios que gestionan las CCAA. Como consecuencia, no vio la necesidad de avanzar en la mejora de su financiación, autonomía y solidaridad. Parece que el nuevo Ejecutivo de Sánchez no asume su legado y tampoco piensa iniciar la negociación del nuevo modelo de financiación de aquí a 2020. Mala noticia para las CCAA y, sobre todo, para la sostenibilidad y calidad de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la justicia.

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Gaspar Llamazares es promotor de Actúa y portavoz federal de IzAbActúa IzAb