¿Cómo frenamos a Trump?

Tras la barbarie de Gaza, los acontecimientos en Caracas y el racimo de amenazas contra países latinoamericanos, africanos y europeos del presidente de los Estados Unidos, parece urgente preguntarse: ¿cómo frenamos a Donald Trump? Si miramos hacia otro lado y no se articulan respuestas a la amenaza neoimperial estadounidense, es evidente que la escalada de vulneraciones del derecho internacional y de la soberanía nacional de aquellos países objeto del deseo norteamericano continuará de forma veloz e imprevisible.

Mientras escribimos estas líneas, la Casa Blanca anuncia la salida de Estados Unidos de 66 organismos internacionales –la mayoría del ecosistema de Naciones Unidas–, aumentando la tensión y la percepción de unos Estados Unidos incontrolables, sí, pero también avivando –si no precipitando– la necesidad de nuevas ecuaciones en el sistema internacional y profundizando en el autoaislamiento de su propio país frente a la comunidad internacional.

Llegados a este punto, ¿cómo se va a garantizar la soberanía de Groenlandia, Colombia, Panamá o incluso México, hoy amenazados por Donald Trump? ¿Con qué argumento se intentaría frenar a India si decide invadir Pakistán bajo la misma retórica securitaria norteamericana, con el consiguiente riesgo real de una guerra nuclear? ¿Qué dirá la Unión Europea si Turquía ataca islas bajo soberanía griega apelando a amenazas existenciales o a la protección de sus fronteras? Y, por traer la problemática a lo doméstico, ¿qué dirá la derecha española si el presidente de Estados Unidos señala la entrega de Ceuta y Melilla a su aliado Marruecos invocando acuerdos estratégicos o intereses de seguridad nacional?

Dada la enloquecida escalada contra el orden democrático en las relaciones internacionales en la que está embarcado Donald Trump –un presidente con condenas penales en firme, múltiples acusaciones graves, instigador del asalto al Capitolio y dispuesto a saltarse la legalidad de su propio país para ordenar intervenciones en el exterior al margen de cualquier marco de derecho internacional–, estas preguntas ya no son ejercicios de ficción, sino la consecuencia lógica de anticipar la implosión del orden internacional que persiguen el presidente norteamericano y el movimiento MAGA (Make America Great Again).

¿Podemos todavía reaccionar cuando la principal potencia militar del planeta propone abiertamente intervenir militar y políticamente en terceros países? ¿Hay margen para frenar una ruptura profunda y definitiva del orden internacional? Y, sobre todo, ¿qué margen real tienen el derecho internacional, la Unión Europea o incluso la propia democracia estadounidense para frenar una deriva de fuerza unilateral?

“All options are on the table”. “We will take back what is ours”. “If necessary, we will act unilaterally”. En los últimos meses, Donald Trump ha normalizado la amenaza, la coerción e incluso la intervención directa contra países soberanos y bloques regionales. Desde la retórica sobre Panamá y el Canal, pasando por la presión explícita sobre Canadá y México, las amenazas reiteradas de intervención en América Latina –Venezuela, Colombia– o el cuestionamiento frontal de alianzas estratégicas, con Europa o Japón, el trumpismo ha introducido una lógica de poder desnudo que busca deliberadamente dinamitar los consensos básicos del orden internacional surgido tras 1945.

Plantear qué ocurriría “si Trump invade Groenlandia” ya no es un ejercicio de alarmismo, sino el mínimo análisis preventivo al que deberíamos dedicarnos con urgencia. La experiencia histórica demuestra que las grandes quiebras del sistema internacional comienzan con la normalización discursiva de la ilegalidad y la acumulación de excepciones toleradas. Los pactos que buscaron apaciguar a la Alemania nazi y acabaron en la invasión de Europa y la Segunda Guerra Mundial ilustran cómo no frenar a quien pretende romper cualquier equilibrio internacional conduce a desenlaces trágicos. Sin irnos tan lejos, la guerra de Irak en 2003, sin mandato de la ONU y basada en supuestos falsos, quebró gravemente la arquitectura jurídica internacional y sentó precedentes que hoy resurgen con fuerza.

En todo caso, el derecho internacional continúa siendo inequívoco. El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El principio de no intervención, reafirmado por la Resolución 2625 de la Asamblea General, impide cualquier forma de injerencia directa o indirecta en los asuntos internos de otros países. Desde Núremberg, la guerra de agresión está proscrita como crimen internacional, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional consolida esta prohibición. Fuera de la legítima defensa o de un mandato explícito del Consejo de Seguridad, cualquier intervención unilateral constituye una violación grave del derecho internacional.

La comunidad internacional dispone –y debería activar con carácter inmediato– de instrumentos para responder a un país que actúa sin otra regla que la fuerza, por muy poderoso que sea. Antes de cualquier nuevo movimiento de Trump, una alianza de países podría convocar con urgencia no el Consejo de Seguridad –donde habría veto– sino la Asamblea General para activar, vía Resolución 377A, el mecanismo Uniting for Peace, solicitando opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia, estableciendo regímenes de sanciones multilaterales o, en su caso, desplegando misiones de interposición bajo mandato de la ONU en los territorios amenazados. Aunque todavía suene disruptivo, estas son herramientas diseñadas precisamente para frenar a potencias que deciden actuar al margen de la legalidad. El error histórico sería no convocarlas y esperar, por temor a la reacción de la potencia militar dominante, a la consumación de una nueva vulneración del derecho internacional, como ocurrió con Alemania hasta 1939, con Irak en 2003 o con Rusia en Crimea en 2014.

Los pactos que buscaron apaciguar a la Alemania nazi y acabaron en la Segunda Guerra Mundial ilustran cómo no frenar a quien pretende romper cualquier equilibrio internacional conduce a desenlaces trágicos

Desde la Unión Europea, dada una escalada que se intensifica día a día, la respuesta debería ser igualmente inmediata y sin ambigüedades si se pretende preservar el propio proyecto europeo y mantener capacidad de influencia global. El Tratado de la Unión obliga a que la acción exterior se base en el respeto al derecho internacional y contempla mecanismos de defensa y seguridad comunes. Europa no tiene por qué limitarse a declaraciones retóricas: puede articular una posición conjunta frente a las vulneraciones de la legalidad internacional, incluso asumiendo que algunos Estados miembros decidan descolgarse; avanzar hacia un aislamiento político selectivo de la administración estadounidense allí donde su participación bloquee consensos; activar, con otros actores multilaterales, un blindaje jurídico preventivo; y aplicar medidas económicas quirúrgicas dirigidas a sectores estratégicos que sostienen políticamente al trumpismo, anticipando y gestionando sus consecuencias.

Todo ello pasa, además, por articularse con países clave de América Latina, África, Asia y el Sur Global que rechazan cualquier doctrina imperial, para construir una coalición flexible capaz de oponerse tanto al unilateralismo estadounidense como a los proyectos autoritarios alternativos que emergen en el escenario internacional.

Sea como fuere, el freno decisivo debería llegar desde el propio país hoy gobernado por Trump. La sociedad civil estadounidense se enfrenta a una disyuntiva histórica: defender activamente su democracia o aceptar la consolidación de un movimiento –el MAGA– que habla abiertamente de subvertirla por la vía de un partido único, que ha mostrado su disposición a no abandonar el poder por medios democráticos y que busca la confrontación civil, como hemos visto recientemente en Minnesota, llegando incluso a amenazar con no convocar elecciones de medio mandato.

Las victorias de candidaturas a la izquierda del establishment demócrata en ciudades clave –Miami, Nueva York– muestran que Estados Unidos sigue siendo un país en disputa. El propio orden constitucional establece límites claros al poder ejecutivo: la Constitución reserva al Congreso la facultad de declarar la guerra y la War Powers Resolution de 1973 restringe las operaciones militares sin autorización legislativa. De la capacidad de movilización inmediata de quienes defienden el Estado de derecho dentro de Estados Unidos depende también, en buena medida, el futuro inmediato del orden internacional.

La pregunta final no es si Trump puede amenazar o intervenir donde le plazca, sino qué vamos a hacer –con urgencia real– antes de que esa amenaza se convierta en norma. Las herramientas existen. Lo que falta, como tantas veces en la historia, no es marco jurídico, sino voluntad política para frenar un movimiento que pone en jaque el equilibrio mundial.

Confundir prudencia con pasividad ya tuvo consecuencias devastadoras. No deberíamos ser la generación que, por temor o parálisis, permita que la fuerza vuelva a ser el único lenguaje de la política internacional, dinamitando toda posibilidad de un mundo en paz.

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Antón Gómez-Reino fue diputado en el Congreso durante cuatro legislaturas entre 2015 y 2023 y miembro de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y de la OSCE.