Frente a la corrupción, más poder para lo público

Miguel Martín

Con motivo de las nuevas filtraciones que afectan a quienes han ocupado importantes cargos en el PSOE, tales como Ábalos y Santos Cerdán, considero importante abordar el fenómeno de la corrupción no únicamente como un problema de los "políticos".

Tal y como ya expuse en otro artículo: ‘El correo: ¿el problema de España es la corrupción política?’, el dinero saqueado de las arcas públicas a través de tramas corruptas protagonizadas por partidos se calcula en aproximadamente 9.000 millones de euros durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Sin duda, una cifra escalofriante, pero que si se compara con la corrupción privada es una cantidad muy reducida. 

Un estudio de Los Verdes señala que este tipo de prácticas en un país como España tiene un coste anual de 90.000 millones de euros, casi 2.000 euros per cápita. Lo que significa que durante los últimos 20 años la corrupción privada ascendería a 1,8 billones de euros (con “b” de Bárcenas). O lo que es lo mismo, más de 9 veces el presupuesto que se dedica en la actualidad a cubrir las pensiones en nuestro país (190.000 millones al año).

Tomando esto en consideración, creo que en primer lugar debemos preguntarnos si lo que realmente pone en jaque nuestro bienestar es la corrupción protagonizada por políticos o más bien un sistema social y económico que favorece que la generación de riqueza y la gestión de ciertos servicios recaiga principalmente en el sector privado. 

Es evidente que la corrupción en política mina la credibilidad en nuestros representantes públicos. Pero ¿es lo público el origen de nuestros males en la actualidad? Creo que más bien al contrario, es parte de la solución

En ese sentido, pienso que entre aquellos partidos que se dicen progresistas y de izquierdas habría que hacer una lectura más seria y rigurosa sobre cómo se emplea el dinero público de forma aparentemente legal. Y aprovechar situaciones adversas como la actual para poner de manifiesto que aquello que se deja únicamente en manos privadas, lejos de ser lo más eficiente, muchas veces favorece su malversación en favor de unos pocos

Un caso claro es la vivienda y no sólo por el papel que juegan fondos de inversión e inmobiliarias en este campo, sino también por la mentalidad de muchos particulares que compran pisos con el fin de especular con el precio del alquiler, tal y como denuncia el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Otro caso muy ilustrativo y que conoce muy de cerca el ministro Óscar Puente cuando fue alcalde Valladolid fue la gestión de un servicio tan básico y esencial como el agua. Durante 20 años, Aguas de Valladolid, la empresa privada que se encargó de esta labor, no invirtió ni un solo euro en renovar este servicio. A partir de 2017, cuando se municipalizó, la situación cambió y en apenas 7 años se cambiaron y actualizaron 130 kilómetros de tuberías de abastecimiento y saneamiento. 

Pero esto no quedó así, el lobby del agua trató de torpedear todo este proceso y en 2019 hizo un intento de minar la credibilidad del gobierno municipal con una publicación que criticaba la decisión de acabar con el negocio privado de Aguas de Valladolid. Entre los defensores de la privatización se encontraban dos exministros del PSOE: Francisco Caamaño y Valeriano Gómez.

Con estos ejemplos no estoy diciendo que deba desviarse la atención de la corrupción política, sino que es necesario analizarla de otro modo más ambicioso y enriquecedor para el bienestar de nuestra sociedad. Entiendo que se hable del informe de la UCO y que desde el periodismo se quiera investigar sobre si Santos Cerdán, Koldo, Ábalos y otros cargos políticos son cómplices de tramas corruptas. 

Ahora bien, centrar el foco únicamente en ellos, en sus conversaciones de WhatsApp y en grabaciones en las que hablan sobre prostitución, únicamente sacia nuestro morbo y convierte algo dramático en un espectáculo mediático nada edificante, sobre todo si se quiere promover la reflexión sobre qué nos empobrece o fortalece como sociedad.

Es evidente que la corrupción en política mina la credibilidad en nuestros representantes públicos. Pero ¿es lo público el origen de nuestros males en la actualidad? Creo que más bien al contrario, es parte de la solución. Gracias a lo público se puede garantizar que el conjunto de la población tenga acceso a una educación y a un sistema sanitario de calidad. Gracias a lo público se puede sostener el sistema de pensiones y podemos jubilarnos. Gracias a lo público se pueden mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora. Gracias a lo público disfrutamos de alumbrado y servicios de canalización de agua en nuestras localidades. Gracias a lo público se puede invertir en transporte de calidad. 

Y así un largo etcétera que debe seguir reforzándose con el fin de demostrar que lo público puede garantizar mejor derechos como la vivienda, el acceso a una energía limpia y asequible o una mejor atención de las personas con distintos grados de dependencia.

A este respecto, que rueden las cabezas que tengan que rodar, que se investigue en profundidad, que se exijan responsabilidades; pero que esto no sirva como coartada para reforzar la postura de que lo privado funciona mejor y es más eficiente. Al contrario, lo privado está íntimamente ligado con el ánimo de lucro y esto, a su vez, si no se regula, con la especulación y la usura. El bien común no puede estar ligado a esa lógica. Y pensadores clásicos como Platón o Aristóteles lo tenían claro. No se trata de comunismo, sino de racionalidad.

Por eso, no es momento de que perdamos el foco como ciudadanía: lo público nos hace mejores. Y frente a la corrupción, hay que reforzar su relevancia y promover que la ciudadanía pueda tener un papel más protagonista tanto en lo político como en lo económico.

A pesar de la dificultad del momento, no deja de ser una gran oportunidad para que desde los espacios de la izquierda se afronte un serio debate ideológico. No puede ser que constantemente se perciba la política como fango. De ahí sólo puede germinar la reacción y ningún tipo de esperanza en lo público.

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Miguel Martín es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valladolid, doctor en Semiótica por la Universidad Complutense de Madrid e investigador de Diacronía.

Con motivo de las nuevas filtraciones que afectan a quienes han ocupado importantes cargos en el PSOE, tales como Ábalos y Santos Cerdán, considero importante abordar el fenómeno de la corrupción no únicamente como un problema de los "políticos".

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