Una gestión de la sequía inaceptable: el caso del río Castril
Hemos entrado en buena parte de España en situación de sequía. No sabemos si ésta se profundizará o se aliviará en los próximos meses. Lo que sí sabemos es que la sequía no se combate con improvisaciones ni mucho menos puede ser ocasión para, con el señuelo de “obras de emergencia”, aprobar actuaciones económica, social y ambientalmente inadecuadas. Este es el caso de la conducción de agua desde Castril a Baza, en Granada, un doloroso conflicto que dura ya demasiados años. El problema tiene su origen en una resolución ministerial llamada 'Obras de emergencia para la conducción de abastecimiento a Baza desde el embalse del Portillo (Granada)', de 2006. La conducción, que afecta a las riberas y a los caudales del río, uno de los mejor conservados del sur de España, se justificó en la crisis inminente del abastecimiento de Baza, de la que no se aportaba ningún dato básico y que 18 años después no se ha llegado a materializar. El caso es un ejemplo paradigmático de la utilización de las alarmas de sequía como medio de evitar los procedimientos adecuados (estudios serios, evaluaciones rigurosas y procesos de participación pública) en la planificación y ejecución de las infraestructuras hidráulicas.
Mientras tanto, las fuentes tradicionales de abastecimiento de las poblaciones consideradas en riesgo, suficientes en cantidad y de buena calidad, han seguido sometidas a la creciente presión de los nuevos regadíos. Esa es la causa del problema: la falta de control sobre los usos del agua y el territorio, un fenómeno sin duda complejo y muy generalizado. Pero la dificultad de este problema ni justifica eludirlo ni autoriza a solucionarlo deteriorando un río que conserva unos niveles altos de calidad. Hay que recordar que todo el proceso ha ocasionado un sufrimiento injusto (pleitos, sanciones, intervenciones de las fuerzas del orden público) a las poblaciones más directamente afectadas (Castril, Cortes de Baza) que han protagonizado la defensa del patrimonio público fluvial y terrestre afectado por el proyecto de conducción.
Las fuentes tradicionales de abastecimiento de las poblaciones consideradas en riesgo, suficientes en cantidad y de buena calidad, han seguido sometidas a la creciente presión de los nuevos regadíos. Esa es la causa del problema
La documentación del Plan Hidrológico del Guadalquivir del tercer ciclo (2022-2027), que se está aprobando a principios de este año, presentó una batería razonable de alternativas: desde el mantenimiento del abastecimiento urbano en las fuentes con las que la población siempre ha cubierto sus necesidades hasta el entubamiento del río Castril, pasando por alternativas intermedias. Aunque la alternativa de proteger el acuífero y mantener las fuentes para la población es la más adecuada en todos los sentidos (mejor calidad, menores costes energéticos, gestión eficiente de las aguas subterráneas), en el contexto territorial y socio-económico del Altiplano de Granada, se puede tomar en consideración una de las alternativas intermedias: una toma en la desembocadura del río en el embalse de Negratín, una vez ha completado su recorrido natural. Esta solución, que ya se aplicó, por ejemplo, en el conflicto del trasvase Júcar-Vinalopó, evita los impactos en el propio cauce del Castril y añade la ventaja de incentivar la conservación y mejora del río y de sus aguas. Esta solución contó con el apoyo de los agentes sociales de la comarca, incluidas las asociaciones de agricultores y ganaderos, que la incluyeron en sus alegaciones a la documentación inicial del nuevo plan hidrológico.
Desde luego quedaría excluida la terminación de la conducción desde Castril a lo largo de la vega del río, resolviendo definitivamente de una manera concertada unos pleitos con los damnificados que no deberían haberse producido, incluidas la reversión de las expropiaciones e indemnizaciones en litigio, escenario que la solución concertada del conflicto evitaría. Es importante señalar que actualmente el conflicto tiene un marco inmejorable de resolución en el proceso participativo puesto en marcha por el Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada, “Altiplano Unido por el Agua”. Se trata de un marco de diálogo sobre el agua en el territorio, surgido de la propia Estrategia de Desarrollo Local consensuada en 2016, que aglutina a los actores sociales, económicos y medioambientales de esta comarca. Esta experiencia ha coincidido con la fase de participación de la planificación hidrológica del Guadalquivir, momento decisivo para trabajar los temas importantes que afectan al agua. En el marco de este proceso se han producido las aportaciones de la Plataforma en Defensa del Río Castril, que trabaja infatigablemente por la cancelación del proyecto.
Desgraciadamente en la versión final del plan hidrológico, contra toda lógica, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir retoma el viejo y conflictivo proyecto. Pero todavía hay ocasión de reconducir un caso en el que se expresa uno de los grandes problemas de la gestión del agua en España: el descontrol de las aguas subterráneas y la trasferencia de los perjuicios y costes de su deterioro desde las actividades productivas que lo causan a los abastecimientos de la población.
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Leandro del Moral es profesor de la Universidad de Sevilla
