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El Gobierno debe abordar los déficits estructurales del SNS con un proyecto ilusionante

Fernando Lamata y Ramón Gálvez

La sangría de profesionales sanitarios, que se viene denunciando desde hace tiempo, es un síntoma más de la crisis estructural del Sistema Nacional de Salud (SNS). En efecto: según el barómetro del CIS, en diciembre de 2010 la sanidad se vivía como un problema que afectaba personalmente a un 3,5% de la población española. En octubre de 2022 la sanidad es el problema que más preocupa al 19,5% de la población. Si entonces la sanidad como problema ocupaba el puesto 12 de la tabla del CIS, ahora la sanidad es el segundo problema que más preocupa a los españoles (1). La sanidad pública española se ha deteriorado en los últimos 10 años, desde la crisis financiera de 2009. Los recortes en la dotación de profesionales sanitarios y en las inversiones en tecnología, y las políticas privatizadoras de varias comunidades autónomas siguen afectando muy negativamente a uno de los servicios clave de un Estado moderno: la sanidad pública.

La crisis del covid ha puesto aún más de relieve la necesidad de reforzar un SNS debilitado, pero se está perdiendo la oportunidad para llevar adelante acciones para conseguir su consolidación y fortalecimiento. De forma similar, el Proyecto de Ley que ha presentado el Gobierno para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del SNS puede no lograr este objetivo. Aunque en 2020 y 2021 se inyectaron cantidades importantes en la sanidad, en parte procedentes de la Unión Europea, no se han aprovechado para impulsar las reformas estructurales necesarias, manifiestamente la política de personal.

La crisis del covid ha puesto aún más de relieve la necesidad de reforzar un SNS debilitado, pero se está perdiendo la oportunidad para llevar adelante acciones para conseguir su consolidación y fortalecimiento

Según el Foro de Atención Primaria, que viene denunciando las carencias del sector, faltan 6.000 médicos en ese ámbito asistencial: 4.700 en Medicina Familiar y Comunitaria y 1.300 pediatras de atención primaria (2). Esta realidad se traduce en sobrecarga de los profesionales y deterioro de la atención, con menor tiempo disponible de consulta. Las demoras para los pacientes en Atención Primaria (que antes no existían, o eran de uno o dos días) llegan a las tres semanas para una cita presencial. En reiteradas ocasiones, cuando vas a Atención Primaria no está el profesional de medicina o enfermería asignado, pues se encuentra de baja por estrés y agotamiento y hay un suplente, con lo que se rompe la continuidad de la atención.

En atención hospitalaria la situación es similar. Se recurre a no realizar la cobertura de todas las plazas que quedan vacantes por jubilación u otras causas. Además, un porcentaje muy notable de plazas están ocupadas por personas contratadas temporalmente, meses, semanas o incluso días, situación de inestabilidad en la que se encuentran durante largo tiempo. Como consecuencia de esta falta de personal, las listas de espera han aumentado de forma inaceptable: si en 2009 el tiempo medio de espera para cirugía programada era de 67 días, en diciembre de 2021 subió hasta 123 días. En 2009 solamente esperaban más de 6 meses para operarse un 5,5% de los pacientes; en 2021 eran un 20,3% los que esperaban más de 6 meses. En consultas externas ocurre igual: en 2009 esperaban más de 60 días un 37% de los pacientes; hoy, el 52,2% esperan más de dos meses para ser atendidos (3). A esa espera se añade la que ya se tuvo en Atención Primaria, la de las pruebas y la consulta de resultados y, en su caso, la intervención quirúrgica. Demasiado tiempo para cuidar bien nuestra salud.

El retraso en la atención en la sanidad pública se traduce en un aumento de la utilización de la sanidad privada por parte de aquellas personas que pueden pagarse una consulta o un seguro privado. Este efecto privatizador provocado por las demoras se une al provocado sobre los profesionales. Así, los y las profesionales sanitarios de la sanidad pública se encuentran profundamente desanimados por la falta de medios humanos e inversiones y ven claramente limitado su desarrollo profesional. Ante esta falta de comprensión de las administraciones sanitarias del papel que juega la sanidad pública, no solamente en la atención, sino en la competencia y calidad de las y los profesionales del SNS, algunos optan por la jubilación anticipada, otros terminan yéndose a otros países, y un grupo amplio por dedicar tiempo adicional a un ejercicio privado en condiciones, en su mayoría, de precariedad. Un círculo vicioso, causado por el déficit estructural, por el que el deterioro del SNS se agrava y continúa.

Según el Informe de Beatriz González López-Valcárcel y Patricia Barber-Pérez, Oferta-necesidad de especialistas médicos 2021-2035, publicado en enero de 2022, si entre 2018 y 2021 el número de médicos en el SNS se redujo en 1,77% —2.400 profesionales menos—, sin embargo, en ese mismo periodo, el número de médicos en la sanidad privada aumentó un 7% —3.900 profesionales más—. El estudio de González y Barber estima que hasta 2027 el déficit global aumentará hasta llegar a 9.000 médicos. A partir de 2027 se reduciría la brecha (4). Pero, entre tanto, el SNS seguirá deteriorándose. Lo único bueno es que sabemos que existen soluciones viables.

Es decir, por un lado, se trata de mejorar la planificación de la formación de profesionales de medicina, enfermería y otras profesiones sanitarias, en función de las necesidades (población, pirámide de edades, utilización de servicios, etc.). En este sentido, el Gobierno de España y algunas Comunidades Autónomas están tomando ya algunas medidas. Pero, por otro lado, y más importante, se trata de reforzar el Sistema Nacional de Salud, con cambios estructurales.

La causa principal de la falta de médicos (de que los médicos se vayan a otros países, se jubilen anticipadamente y no quieran prolongar su edad de jubilación, aun teniendo plena capacidad de trabajar, o se vayan a la privada) es que no se les trata bien en el SNS. Desde la crisis financiera y los recortes, se optó por una política centrada en cumplir los objetivos de déficit, ajustando los gastos. Y la derecha relanzó sus políticas privatizadoras. No se hizo un esfuerzo desde 2009 por incrementar los ingresos fiscales haciendo que pagaran los que más tienen, y cerrando el agujero fiscal español. La falta de esos recursos impide dotar al Sistema Nacional de Salud con los medios suficientes. Pensemos que la masa salarial de 2020 del SNS (a pesar de los aumentos coyunturales por la COVID-19) es equivalente, en euros constantes, a la de 2009 (5). Pero la demanda y las necesidades han aumentado mucho, por el envejecimiento y por las crisis de salud.

En estos meses hemos hablado con compañeros que nos dicen que dejan su puesto de trabajo entristecidos porque ven que no se les apoya, que no se les dan los medios y las condiciones de trabajo adecuadas, que no se cubren las plazas vacantes de forma estable, que no se mejoran las condiciones salariales, y que, por eso, deciden en algunos casos completar su salario con una dedicación a la medicina privada. El comentario que realizaban algunos profesionales, de considerar que “es en el Hospital y en la atención sanitaria pública donde se hace medicina y en la medicina privada donde se gana dinero”, se está viendo alterado por la falta de apoyo a la sanidad pública. Hay que señalar que sin una sanidad pública potente y con profesionales con un adecuado desarrollo de sus competencias profesionales y un salario digno, el SNS se verá gravemente comprometido en su capacidad de respuesta. Es imprescindible destacar que fue el desarrollo y despliegue de la atención sanitaria pública desde los años ochenta lo que determinó un cambio enorme en la calidad de la atención.

Por lo tanto, la prioridad del Gobierno y de los gobiernos autonómicos debe ser refundar un Sistema Nacional de Salud fuerte, que ofrezca posibilidades de realización profesional y permita cumplir la vocación de servicio a los pacientes y a la ciudadanía, recuperando la ilusión. “Que contraten más gente y que les paguen mejor”, era la petición de Antonio Resines en un vídeo para conmemorar el día de la Atención Primaria. Pues eso.

Decía Hipócrates que a grandes males grandes remedios. El mal que aqueja al SNS es grave. No valen aquí remedios parciales o coyunturales para salir del paso. Las soluciones técnicas están claras. Lo que hace falta es voluntad política. Y da la impresión de que la voluntad política de algunos gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad de Madrid, va, precisamente, en sentido contrario: desgastar al SNS, desmantelarlo por agotamiento, por falta de apoyo a los profesionales, privatizando servicios y funciones, externalizar la gestión de listas de espera, los sistemas de información, etc., en lugar de reforzar la prestación pública de los servicios. Y esto es sin duda un profundo error.

El Gobierno de España ha planteado una ley para consolidar el SNS reforzando su equidad y su cohesión. Es una excelente oportunidad, pero creemos que, tal como está formulada, no va a conseguir sus objetivos: no analiza ni plantea soluciones para el déficit económico estructural, soluciones que deberían permitir aumentar la dotación de personal, darle estabilidad y mejorar sus condiciones de trabajo y sus retribuciones de manera significativa; no logra la universalización de la atención sanitaria, integrando los subsistemas sanitarios públicos de MUFACE, ISFAS y MUGEJU; no elimina las formas de gestión privada parasitarias, los contratos de concesión de servicios por varias décadas, que perjudican la calidad y la cohesión de la atención; no analiza y corrige la sangría que supone el gasto farmacéutico por precios excesivos, ni recupera el control, que ha cedido a la industria, de los procesos de formación e investigación; y no termina con los copagos. Estamos a tiempo de abrir estos debates. Es importante y urgente que el Gobierno de España asuma el reto de refundar el SNS corrigiendo los problemas estructurales que se han generado desde su creación en 1986, así como los derivados de la crisis financiera de 2009 y la contrarreforma de 2012.

Gráfico 1.

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Ramón Gálvez es especialista en Neurología y Fernando Lamata es doctor en Medicina y especialista en Psiquiatría. Ambos colaboradores de la Fundación Alternativas

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