Plaza Pública

Lo que el Gobierno de Díaz Ayuso intenta ocultar

Tres mujeres dependientes pasean en Bilbao.

Purificación Causapié Lopesino

La brusca finalización de la Legislatura en la Asamblea de Madrid ha hecho que no haya concluido aún la Comisión de Investigación sobre la actuación del Gobierno de Madrid en las residencias de personas mayores durante la primera ola de la pandemia. Sin embargo, su finalización se hace imprescindible porque la democracia requiere de la justicia, que supone sacar a la luz la verdad, asumir las responsabilidades políticas y reparar, mediante el reconocimiento, el dolor y el sufrimiento de las víctimas y sus familias.

Desde que se inició la pandemia reconozco algunos momentos especialmente dolorosos. El primero, la constatación de que la situación en las residencias se había desbordado y no se estaba dando respuesta a miles de mayores que enfermaban y morían. También fue terrible comprobar que alguien había diseñado un procedimiento en el que los mayores quedaban excluidos de la atención sanitaria, como si su vida no tuviera la relevancia y dignidad que tiene la vida de cualquier ciudadano o ciudadana de Madrid.

La pandemia ha resultado brutal en las residencias de mayores, en España y en el mundo, pero en Madrid ha tenido unas características terribles, y no sólo por la dimensión de la tragedia en cifras, sino además porque se dejó abandonados a miles de mayores ante el virus, sin recursos sanitarios en las residencias y sin derivación a los hospitales, privándoles de su derecho a la salud.

Nos lo han contado una y otra vez familiares, profesionales, empresarios/as, directoras de centros residenciales, incluso altos cargos del Gobierno del PP y Ciudadanos. Para ellos y ellas no fue posible enviar a los mayores enfermos a un hospital, ni público ni privado. Ni siquiera se les permitió llegar a IFEMA para que no estropearan el cuento del “hospital milagro”.  

El abandono también lo reflejaron los datos. En Madrid fallecieron 11.370 personas que vivían en residencias entre marzo y junio. Durante los días más duros, en los que más personas enfermaban y morían en las residencias, se redujo la derivación a hospitales por debajo del 40%.

La frontera para impedir la entrada en los hospitales la pusieron unos protocolos que establecieron criterios de derivación discriminatorios en función de la capacidad física y/o psicológica de las personas procedentes de residencias. 

El argumento era que las personas que vivían en una residencia serían atendidas en ellas. Sin embargo, eso nunca sucedió. Faltó personal sanitario, material de protección y medicación, no solo para enfrentar el virus, también para proporcionar cuidados paliativos. Los relatos en este sentido han sido terribles.

De acuerdo con lo que ya sabemos, se vulneraron derechos fundamentales mediante una actuación política que ninguna pandemia puede justificar.

Durante estos meses el Gobierno de Madrid, con su presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, ha intentado ocultar la realidad. Negaron la existencia de los protocolos hasta que se hicieron públicos y se demostró su veracidad, nos dijeron que no se habían enviado hasta que se publicaron los correos electrónicos. La última mentira es que su utilización se hizo a criterio de los profesionales. Una estrategia indigna que intenta colocar la responsabilidad en profesionales, sanitarios y sociales, que han dado lo mejor de sí mismos durante la pandemia. 

En la Comisión también hemos escuchado la queja de un sector que se ha sentido injustamente tratado. “Los sanitarios se llevaban el aplauso a las ocho y las residencias la acusación del telediario de las nueve”, decía el responsable de una organización empresarial. La falta de reconocimiento al sector y al trabajo que ha hecho es otra injusticia que requiere reparación, pero eso no se resuelve ocultando lo sucedido, sino dirimiendo las responsabilidades y dignificando con recursos el enorme trabajo de los y las profesionales de un servicio imprescindible para la sociedad. Una tarea pendiente que requiere ser afrontada con urgencia para que nunca más repitamos lo vivido.

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Purificación Causapié Lopesino es diputada del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid y portavoz en la Comisión de Investigación sobre Residencias

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