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El gobierno de Lula ante el reto de salvar la Amazonia

Jesús Marcos Gamero Rus

Una serie de intereses políticos, económicos y sociales, heredados en parte del anterior Ejecutivo, pueden limitar seriamente la capacidad del nuevo presidente de reducir la deforestación en el pulmón del planeta

Brasil ha vuelto. El retorno a la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva permite reposicionar al país ante la comunidad global, como un socio poderoso en la lucha contra el cambio climático y la defensa de la biodiversidad. El mandatario, además, cuenta con una socia relevante en este proceso: Marina Silva, que fue ministra de Medioambiente entre 2003 y 2008 y ha vuelto a asumir el cargo. La participación de Silva en la reciente reunión de Davos demostró esa voluntad de liderazgo en una cuestión particular, como es la defensa de la biodiversidad y las forestas. Brasil apuesta por un acuerdo a nivel global para proteger los bosques y definir metas de reducción de la deforestación y, por tanto, la necesaria protección de la Amazonia, la mayor selva tropical del mundo.

La presidencia de Bolsonaro ha sido funesta en este sentido. Durante los tres primeros años de su mandato, la Amazonía perdió más de 34.000 kilómetros cuadrados. Un área mayor que Catalunya. Como resultado, más de dos mil millones de árboles han muerto en la selva amazónica, lo que ha resultado en otras pérdidas en materia de biodiversidad y vida salvaje: el número de monos asesinados, heridos o afectados oscila entre 1,6 millones y 3,8 millones, o la cantidad de aves que han perdido nidos, hábitats o vidas se sitúa entre 78,1 millones y 89,9 millones. Parte del éxito del Gobierno de Lula pasa por revertir esta senda de destrucción y volver a escenarios como los de sus primeros gobiernos, donde entre 2004 y 2012 se consiguió reducir la deforestación de la Amazonia en un 83%.

Reconstruir la política medioambiental

Un primer desafío parte de la capacidad que pueda tener el nuevo Ejecutivo para reconstruir las estructuras políticas y de gestión medioambiental, tras el desastroso paso del anterior Gobierno. Dotar de un mayor presupuesto al departamento, reconfigurar algunos de los órganos o recuperar muchas regulaciones y sanciones medioambientales eliminadas son algunas de esas acciones necesarias. Por ejemplo, una de las primeras acciones de Lula fue revocar la antigua composición del Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama), facilitando de nuevo la participación de la sociedad civil y dándole mayor transparencia.

La presidencia bolsonarista permitió el afloramiento de nuevas formas de economía ilegal, facilitando que el crimen organizado se asentara y utilizara la Amazonia como base de operaciones

Otra medida relevante ha sido la eliminación de los “Núcleos de Conciliação Ambiental”, considerados como instrumentos para beneficiar a los infractores ambientales y que, en cierto modo, garantizaban la impunidad de aquellos que cometían delitos ambientales. Igualmente, Lula ha revocado el decreto del anterior gobierno que permitía la minería artesanal en tierras indígenas, y que generaba prácticas de un alto impacto medioambiental.

El bolsonarismo en las instituciones de la Amazonia

Pero es al intentar implantar en los territorios y Estados las iniciativas del nuevo Gobierno donde se pueden encontrar mayores resistencias. La presidencia bolsonarista, acompañada de las jefaturas de los Estados más alineados con su visión de debilitar la agenda y la legislación medioambiental, permitió el afloramiento de nuevas formas de economía ilegal, facilitando igualmente que el crimen organizado se asentara y utilizara la Amazonia como base de operaciones. El mal funcionamiento de las instituciones o su falta de cooperación, ya fuera en los ámbitos legal, político o de seguridad, puede lastrar la capacidad para recuperar el Estado de derecho en esos territorios. Nos referimos a las actuaciones necesarias contra el acaparamiento de tierras públicas, la tala o la minería ilegal, con un mayor auge de los garimpeiros (buscadores de metales o piedras preciosas).

A la debilidad premeditada de las normas ambientales se unen las resistencias políticas de gobiernos y parlamentos estatales. En el amazónico estado de Rondonia, no solo el poder político, sino las propias fuerzas de seguridad, muestran una fuerte vinculación ideológica con el bolsonarismo. Esta relación podría suponer la omisión o desobediencia de fuerzas y mandos de seguridad ante órdenes de paralización de actividades ilegales, expulsión o detención de los grupos armados asentados en la zona. Del mismo modo, el riesgo de enfrentamientos armados en ese proceso de reconquista del territorio es bastante alto, dada la impunidad alcanzada previamente y el cada vez mayor poder armado de esos grupos.

El dilema entre Desarrollo y Protección

Pero al abordar las causas del crecimiento de las actividades ilegales, ya fuera en el ámbito de la madera, la pesca o la minería, conviene conocer que las mayores tasas de pobreza y hambre de Brasil se sitúan en las regiones amazónicas. Es a partir de la economía informal desde donde muchas familias alcanzan el sustento. Esas actividades ilegales son una derivada de un modelo de desarrollo económico en la región vinculado a la exportación de materias primas agroindustriales como la soja, prácticas extractivistas, la construcción de infraestructuras como carreteras y ferrocarriles o el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico. Como resultado, se plantea una fuerte contradicción entre un modelo de desarrollo económico que tendría la capacidad de financiar los servicios sociales y de lucha contra la pobreza, y las propias aspiraciones del Gobierno para proteger la Amazonia.

Parte de la solución se podría encontrar a partir de la revisión y mejora de programas de protección socioambiental, como el "Programa Bolsa Verde", que entre los años 2011 y 2018 se desarrolló en Brasil y tuvo dos finalidades básicas: promover la conservación ambiental mediante la inclusión productiva y aumentar la renta y mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de extrema pobreza.

No obstante, el denominado “capitalismo verde” y los grupos de interés vinculados al agronegocio, las grandes infraestructuras energéticas o las prácticas extractivas, tienen la capacidad de camuflarse bajo el paradigma de la sostenibilidad y los mercados de carbono, para añadirse a la lista de desafíos y peligros que enfrenta la selva amazónica y su conservación. Como resultado, la necesidad de producir agrocombustibles, las grandes extensiones de monocultivos como la soja o los minerales y metales imprescindibles para las tecnologías bajas en carbono, aparecen como la excusa perfecta para seguir avanzando en el acaparamiento de tierras, el uso intensivo de tierra y agua o las expulsiones masivas de campesinos y comunidades indígenas.

Un problema que nos incumbe a todos

El Gobierno de Brasil se ha postulado para organizar, en la ciudad amazónica de Belém, la Conferencia del Clima COP30 a celebrar a finales de 2025. Será esta una buena fecha para evaluar la capacidad del equipo de Lula para revertir la situación y observar qué modelo de desarrollo económico y humano se quiere para preservar la Amazonia. Por su parte, países como Alemania o Noruega han reactivado sus aportaciones al Fondo Amazonia congelado por el anterior Gobierno, y dirigido a la conservación de la selva tropical.

La cooperación internacional es fundamental en este sentido, ya que todos nos jugamos mucho en la protección de la Amazonia. Un reciente estudio publicado en Science por un equipo internacional muestra que las actividades antropogénicas no solo han degradado hasta el 38% de la superficie de la selva amazónica, sino que están creando una auténtica bomba de carbono, ya que esa degradación podría llevar a emitir 200 billones de toneladas de carbono en los próximos treinta años.

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Jesús Marcos Gamero Rus es profesor en Retos Medioambientales Globales en la Universidad Carlos III de Madrid y analista de la Fundación Alternativas.

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