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Hambre y sufrimiento en las residencias

Lorena Morales

¡Hijo, hoy hemos comido mejor que nunca! Esta fue la respuesta que le dio Concha, una usuaria de la residencia Moscatelares, al director general de la Comunidad de Madrid. Claro, ese día tocaba el paripé que nos montan a las diputadas de la oposición cuando conseguimos visitar las residencias.

Moscatelares es una de las 18 residencias públicas de gestión indirecta. Es decir, que el Gobierno Regional las ha vendido al peor postor. Cuando los pliegos que sacas son de miseria, tendrás servicios de miseria. Las empresas tienen que obtener beneficios y van a recortar de donde puedan, como la alimentación. En demasiadas ocasiones, la comida ni siquiera ha llegado para todos los mayores. Y esto ocurre sin ningún control de la Comunidad. Cuando solicitamos que en la residencia de Usera dejaran de servir un brebaje que era puro azúcar, descubrimos que hay un vacío legal. Vamos, que nadie vigila qué comen los cientos de mayores que viven en estos centros. También es sorprendente que las sanciones de Ayuso a las residencias en el año 2021 hayan quedado en 561.433 euros, un 33% menos que en el año 2015. La “última perla” ha sido que las trabajadoras de dos de estas residencias están sin cobrar. Su situación es tan desesperada que han creado bancos de alimentos. Mientras, Ayuso se lava las manos, aunque son centros públicos y, por tanto, su responsabilidad.

En demasiadas ocasiones, la comida ni siquiera ha llegado para todos los mayores

En el año 2018, el grupo socialista presentó una propuesta en la Asamblea para que estas 18 indignidades volvieran a ser gestionadas por la propia Comunidad de Madrid. Se aprobó, pero nunca se aplicó. Así que “volveremos a la carga” en este periodo de sesiones porque la situación es insoportable. Las condiciones que el Gobierno Regional oferta a las empresas son tan draconianas que ninguna se ha atrevido a presentarse al último pliego en la residencia de Peñuelas. Claro, cuando la plaza pública cuesta cerca de 90 euros residente/día y la concertada 54 euros, no salen las cuentas. Pero los mayores no pueden elegir residencia. Y si les asignan una gestión indirecta y renuncian, también lo hacen a su derecho a plaza pública.

La situación en las 25 residencias públicas de verdad hasta ahora había sido mejor. Pero en los dos últimos años se está deteriorando rápidamente. Al poco personal y a las instalaciones abandonadas se añade la subasta de alimentación. Por 4,6 euros, la Comunidad de Madrid pretende que las empresas a las que han adjudicado el servicio den desayuno, comida, merienda, cena y recena. Y de estos 4,6 euros, la empresa tiene que sacar su propia ganancia, pagar los gastos del transporte y a sus trabajadores. Vamos, ni el milagro de los panes y los peces. Así que lo que hasta ahora era una comida aceptable en estos centros, se ha convertido en sufrimiento para cientos de personas mayores. Fruta podrida, pescado de aspecto pésimo y lleno de espinas y así un largo etc. La situación en la residencia de Colmenar llegó a tal punto que las personas mayores se pusieron en huelga. Mariano me dijo que no se tiraba por una ventana porque estaba atado a una silla de ruedas y ni eso podía, porque vivir así ya no merecía la pena. Me pidió que le trasladara a la Consejera que no pide lujos, es de la generación que ya pasó hambre. Mariano solo le pedía un plato de lentejas en condiciones en los últimos años que le quedan.

Pues frente a Ayuso, que en lugar de corazón tiene una piedra, aquí nos van a encontrar luchando codo con codo con las familias, trabajadoras y, sobre todo, con las personas mayores. Para que nunca más Mariano o Concha sientan que sus derechos quedaron atrás el día que cruzaron el umbral de la residencia. 

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Lorena Morales es portavoz de Políticas Sociales del Grupo Socialista.

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