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El poder judicial también se vota

Juan Manuel Alcoceba Gil, Amaya Arnáiz Serrano y Javier Truchero Cuevas

El próximo 23 de julio elegimos a los miembros de las Cortes y a la persona que presidirá el Gobierno durante los próximos 4 años. Pero no sólo. Con nuestro voto también decidimos la configuración de las principales instancias judiciales y fiscales. Y esa decisión influye tanto en las políticas públicas como en los derechos de la ciudadanía. En democracia, la composición de los altos tribunales y sus órganos de gobierno importa, vaya que sí importa.

A diferencia de Estados Unidos, aquí ni elegimos a jueces y fiscales por sufragio ni el presidente del Gobierno designa directamente a los miembros del Tribunal Supremo. Pero nuestro sistema constitucional también establece un régimen de legitimación democrática para el poder judicial. De forma indirecta, su arquitectura está determinada en buena parte por el resultado que arrojan las urnas.

En nuestro Estado de Derecho, como en el juego del dominó, unas fichas llevan a otras. Congreso y Senado, directamente elegidos por la ciudadanía, nombran por mayoría de tres quintos a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. A su vez, el Consejo será quien establezca la composición del Tribunal Supremo, promoviendo a unos magistrados en detrimento de otros. También escogerá a dos de los doce magistrados del Tribunal Constitucional. El resto (diez), serán elegidos, de nuevo, por las Cámaras (cuatro cada una) y por el Gobierno (dos). Así mismo, será el Gobierno quien nombre al Fiscal General, que, como hemos podido comprobar recientemente, influye activamente en la composición del Consejo Fiscal. De esta suerte, Gobierno, Consejo del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Fiscalía General del Estado constituyen un circuito cerrado donde uno acaba siempre volviendo al lugar en que empezó: las Cortes Generales

Es decir, que todos los órganos constitucionales, incluida la cúpula judicial y fiscal, dependen del equilibrio de fuerzas presente en las Cámaras, precisamente lo que se vota en las próximas elecciones. Esta conexión, lejos de resultar criticable, es consecuencia del artículo 1 de la Constitución, donde se declara que todos los poderes públicos emanan de la soberanía popular. El sistema, aun con sus deficiencias, sigue la lógica propia de las democracias liberales.

Por eso, aunque sus nombres no siempre sean conocidos, ni aparezcan en ninguna papeleta o cartel electoral, las juezas o jueces más activos políticamente también concurren a los comicios como candidatos a los principales cargos del Poder Judicial. Lo mismo ocurre con la Fiscalía. Cuando en un mes escaso vayamos a votar, no solo elegiremos a quienes harán las leyes, sino también a las personas que han de interpretarlas y aplicarlas en las situaciones más relevantes. Junto con las diputadas y senadores, escogeremos indirectamente a quienes establecerán la constitucionalidad de las normas aprobadas por el legislativo; juzgarán (o no) a los líderes políticos por los actos ilícitos que puedan cometer; decidirán sobre nuestros derechos fundamentales y libertades públicas; controlarán el accionar del Gobierno favoreciendo u obstruyendo sus decisiones y establecerán el criterio que los órganos judiciales inferiores deberán seguir a la hora de resolver los conflictos cotidianos de la ciudadanía.

Todos los órganos constitucionales, incluida la cúpula judicial y fiscal, dependen del equilibrio de fuerzas presente en las Cámaras, precisamente lo que se vota en las próximas elecciones

La decisión sobre qué Justicia queremos tiene importantes consecuencias prácticas. No es lo mismo un Tribunal Supremo que limita el derecho al aborto, como el estadounidense, que una Corte Constitucional, como la alemana, comprometida con la sostenibilidad ambiental. Del juego de las mayorías en nuestro Tribunal Constitucional depende la protección que se dé a derechos como la libertad de expresión, la muerte digna o la vivienda. Clara muestra de ello es el hecho de que su reciente renovación impidiera, en el último momento, el triunfo de las posiciones más conservadoras sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Lo mismo ocurre con el Ministerio Fiscal, que establece conforme a la Constitución la política criminal. No es lo mismo una Fiscalía que hace de la persecución de la protesta social el principal eje, que la que fija el tiro en los delitos de corrupción y fraude fiscal.

Aún más evidente es el caso del Tribunal Supremo, que además de investigar y juzgar a los aforados, sienta criterio sobre multitud de cuestiones de gran relevancia pública. Con otra composición de su Sala Segunda, probablemente la interpretación predominante de la Ley de Libertad Sexual hubiera sido otra, más cercana a la de la fiscalía y los cinco magistrados que firman el voto particular. El número de rebajas de pena y excarcelaciones también habría sido menor.

Consciente de ello, el Partido Popular lleva obstruyendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial casi cinco años con el fin de preservar fraudulentamente una mayoría conservadora que no se corresponde con la sensibilidad popular representada por las Cámaras. Y la situación puede cronificares aún más si la reforma que anuncian sobre el método de elección de los vocales sale adelante.

Les va mucho en ello, pues el nuevo Consejo, cuando por fin se conforme, decidirá sobre la gran cantidad de las plazas del Tribunal Supremo que actualmente están sin cubrir a causa, precisamente, de la falta de renovación. Si se tiene en cuenta que cada magistrado o magistrada que asciende al Tribunal Supremo continuará formando parte de él hasta su jubilación, es fácil dimensionar el botín político que ello supone.

Así las cosas, pocas dudas puede haber de que hay en curso una clara estrategia para apuntalar el corporativismo y consagrar la hegemonía conservadora en el tercer poder del Estado durante al menos la próxima década. Frente a ello, la compleja pero esperanzadora posibilidad de frenar esta tendencia y tratar de profundizar en la democratización de nuestro sistema de justicia.

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Juan Manuel Alcoceba Gil y Amaya Arnáiz Serrano son profesores de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y Javier Truchero Cuevas es abogado y socio de Iuslab.

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