Justicia fiscal para los jóvenes

La pandemia nos dejó en shock. Un estado del que la sociedad aún no se ha desembarazado. Lo mejor del género humano saldrá a flote, nos decían. Dudo que así sea… Sin embargo, la política económica ha estado a la altura del gran desafío. Se generó un gran consenso, muy inusual, para recomendar estímulos “sin reparar en gastos”. Y las autoridades económicas han establecido programas de ayuda de gran magnitud que están sirviendo para paliar las devastadoras consecuencias económicas de esta crisis de origen sanitario.

Ya existe un amplio debate respecto a cómo y cuándo ir retirando dichos estímulos. Pero aún prima la prudencia en las recomendaciones. Los organismos económicos internacionales, apegados tradicionalmente a la ortodoxia, apadrinan dicha prudencia. Y hasta los denominados halcones de la política monetaria parecen apaciguados.

Con la economía recuperándose, es el momento de apuntalar el futuro. Y, aunque suene extraño cuando aún sufrimos las consecuencias del terrible golpe que ha generado el virus, las condiciones económicas son razonablemente buenas para ir reconstruyendo ese futuro. Las reglas fiscales, en España y en la UE, están suspendidas. Los tipos de interés son bajos o negativos, favoreciendo los proyectos de inversión y aliviando la carga de la deuda pública.

Pero las reglas fiscales deben volver, aunque ojalá reformadas para hacerlas más sencillas y eficaces. Y los tipos no serán tan bajos. La inflación está volviendo (nunca se ha ido) y con ello, más temprano que tarde, los tipos de interés subirán. Y los halcones volverán a mostrar su peso. En cualquier caso, lo prudente es prepararse para ello.

En España, prepararse implica tomar decisiones claves de política fiscal. El objetivo debería ser aumentar, significativamente, la capacidad recaudatoria de nuestro sistema tributario. La política económica ha acertado al generar estímulos de gran magnitud. Pero nada es gratis. Esos estímulos tenemos que sufragarlos entre todos. Sin prisa, pero sin pausa.

Y ya antes de la pandemia era evidente que España necesitaba elevar su presión fiscal. Evidente si, como parece desear la gran mayoría de la población, queremos que nuestro Estado del bienestar mantenga (como mínimo) su nivel actual de prestaciones. El envejecimiento de nuestra población va a obligar (está obligando ya) a gastar más para mantener la oferta.

Nuestro sector público ha asumido un muy elevado volumen de deuda. Además, mantiene un alto déficit de carácter estructural, por lo que, en ausencia de medidas, esa deuda seguirá aumentando. Cada euro adicional de deuda supone un euro adicional de impuestos que en el futuro pagarán nuestros jóvenes (si no quieren ver seriamente recortadas las prestaciones sociales). Así pues, el tiempo que tardemos en recuperar una cierta normalidad fiscal afecta de manera diferenciada a las distintas generaciones. Y cuanto más tardemos, la carga se va trasladando a los de menos edad.

La reforma del sistema tributario debe ser profunda para dotarlo de mayor progresividad; y de eficacia, atacando con mucha mayor decisión las elevadas bolsas de fraude. Elevar algún tributo, tendiendo a acercar el gravamen del capital al ya elevado que soportan las rentas del trabajo. Y limpiando a fondo el sistema de aquellos beneficios fiscales que, o no cumplen con sus objetivos, o introducen una alta regresividad en el sistema. Recientemente, se han evaluado algunos de los principales, lo que es muy positivo. Faltaría ahora que el Gobierno procediese a la reducción o eliminación de las políticas que se han diagnosticado como ineficaces. O que, al menos, nos explicara por qué no lo hace.

Lo que está lejos de toda ortodoxia económica es rebajar tipos impositivos, como se propone en la Comunidad de Madrid. Los supuestos enemigos del populismo no paran de hacer populismo fiscal. Las encuestas muestran que los españoles, y los madrileños, aspiran a disponer de un Estado del bienestar con prestaciones elevadas y de calidad. Claro, a todos nos gustaría que fuese al menor coste posible. Pero mantenerlo tiene un coste elevado, que debemos sufragar entre todos, cada uno en función de su capacidad de pago. Hace apenas un año la gran mayoría aplaudíamos, de todo corazón, la labor de los sanitarios. Muchos de esos mismos ciudadanos, víctimas de ese populismo fiscal, aplauden ahora una bajada de impuestos. Es una gran incongruencia: están aplaudiendo que tengamos menos sanitarios de los que necesitamos y/o que trabajen en peores condiciones. Con esta claridad deberían presentarnos nuestros políticos sus programas y no seducirnos con cuentos para niños. Y los ciudadanos deberíamos estar mejor educados para no dejarnos engañar por estos cantos de sirena. Reforzar en las escuelas el aprendizaje sobre la utilidad social del pago de impuestos es el camino para evitar estas dolorosas paradojas.

La propuesta de rebaja del IRPF ahonda, además, en la desigualdad. Y, de nuevo, los jóvenes salen peor parados. Los que cobran anualmente menos (aproximadamente hasta 15.000 euros) no están afectados por la medida. ¿A que las personas que usted conoce en esas condiciones son casi todas jóvenes? Así, en el corto plazo, el dinero va a parar en mayor medida al bolsillo de los que más tienen, generalmente mayores. Y posteriormente, al elevarse el déficit público, los jóvenes asumirán de nuevo una mayor carga.

Al contrario que lo que se propone en Madrid, reformar el sistema tributario para incrementar su capacidad recaudatoria es lo que necesitamos. Las medidas más relevantes a este respecto tienen su tiempo de maduración, y aunque figurasen ya en proyectos de Ley, no generarían ingresos adicionales hasta pasados unos años. Hay que empezar ya: es de justicia para nuestros jóvenes. No se lo oigo a nuestros gobernantes, ni a nuestros políticos en general. Alguien tiene que decirlo.

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Luis González Calbet es economista de la Plataforma por la Justicia Fiscal.