Plaza Pública

¿A quién le importan las mujeres prostituidas?

Varias mujeres sostienen una pancarta con la que reclaman una "Ley Abolicionista" de la prostitución, durante una manifestación en Valladolid.

Pilar Laura Mateo

El compromiso del PSOE en su reciente Congreso para elaborar una ley dirigida a la abolición de la prostitución ha colocado en primera línea este debate tantas veces aplazado con múltiples pretextos. La cuestión es si esta vez será la definitiva o si, por el contrario, se perderá de nuevo la ocasión. Por lo pronto, el Ministerio de Igualdad ha contestado que el tema de la prostitución ya está incluido en su proyecto de ley del solo el sí es sí y que, por tanto, no hay necesidad de una ley específica para ello. Llama la atención esta elusiva respuesta ya que esta ley, pendiente de debate parlamentario, contiene escasamente dos artículos referidos a respetar el consentimiento de la mujer prostituida y a la tercería locativa, por lo que esta tesis más parece un intento de echar balones fuera que una manera de enfocar adecuadamente un asunto de tanta complejidad. Como era de esperar, la explicación del Ministerio ha causado estupefacción en el movimiento feminista, que ve en ella la utilización de un eslogan fácil: “libertad para las mujeres prostituidas de trabajar en lo que quieran”, en lugar de apostar por las valientes políticas que requiere un asunto tan simbólico para el feminismo como este.

El problema es que la prostitución, como ha reconocido recientemente el Tribunal Constitucional, no es un trabajo, sino un lucrativo negocio asentado sobre uno de los ejes más potentes de la desigualdad entre mujeres y hombres. Trabajar, según la RAE, es “ocuparse en una actividad física o intelectual que produce un resultado, o tener una ocupación remunerada en una empresa, institución, etc.” En una definición más clásica trabajar es “la producción de vida y de mantenimiento del proceso vital transformando consciente e intencionalmente las condiciones de la naturaleza” y en otra más marxista sería “la venta de la fuerza de trabajo aplicada a la producción a cambio de un salario.” O sea, hasta hoy ninguna teoría ha considerado que usar el cuerpo de otra persona para su goce particular sea un trabajo, sino un abuso que resta dignidad a la persona que lo sufre. En esta línea falló hace un año la jueza Inmaculada Montalbán acerca del club de alterne El Ejido: “La prostitución, aun consentida queda fuera del tráfico jurídico y no puede calificarse de relación laboral, simple y llanamente porque la persona y la dignidad humana que le es inherente no puede ser objeto de trabajo ni del tráfico mercantil.” Por tanto, la pregunta es ¿qué hay detrás de la expresión “trabajo sexual” que tanto utiliza en estos momentos un sector político, en el que se incluyen Ciudadanos y el PP? Recordemos que Díaz Ayuso declaró hace unos días que abolir la prostitución conllevaría una destrucción de empleo y quitaría libertad a las mujeres que quieran trabajar en ello.

Desafortunadamente, la palabra “trabajo” se ha convertido en un comodín utilizado para distinguir a las mujeres que están en prostitución motu proprio, de las mujeres víctimas de trata. Pero esta diferencia no tiene más sentido que el de “la estetización” de la desigualdad, ya que es evidente que la trata de personas no existiría sin la prostitución. Porque ¿alguien sabe cuál es el porcentaje de las mujeres que dan su consentimiento para seguir en prostitución y cuál el de las que harían cualquier cosa por salir de esa situación? ¿Acaso se ha realizado algún estudio sobre ello? Pues no. Además, como señala Amelia Valcárcel, “no siempre el consentimiento legitima una práctica, ni mucho menos la convierte en trabajo.” Por otra parte, ¿es casualidad que la gran mayoría de las mujeres prostituidas pertenezcan a los sectores más pobres y deprimidos socialmente y/o a aquellos en los que las jóvenes no tienen los apoyos afectivos ni los respaldos familiares suficientes? ¿Es casualidad que el 99% de las personas prostituidas sean mujeres y prácticamente el 100% de los demandantes beneficiarios sean hombres? ¿Como es posible que la opinión pública no perciba la desigualdad en el papel que desempeñan hombres y mujeres en este llamado eufemísticamente “trabajo”? ¿Cómo es que en este caso no se habla de brecha laboral ni de discriminación positiva?

No nos engañemos, la prostitución forma parte de las estructuras más profundas del sexismo y, por ende, es la base de la trata; si la toleramos estamos abriendo la puerta de par en par a que se perpetúe un tráfico que degrada y envilece a toda la sociedad. Sin ir más lejos, en Alemania, país que ha legalizado la prostitución, ha crecido la demanda de la misma y aumentado exponencialmente la trata de mujeres. En España, con una situación de alegalidad y total tolerancia, también ha crecido enormemente el número de mujeres que están en prostitución (según los datos es el primero de Europa) y la mayoría (entre el 70 y el 80%) son inmigrantes llegadas de diferentes maneras. En las últimas décadas, los parques y los burdeles de nuestro país se han llenado de chicas rubias del este de Europa, de morenitas latinoamericanas y africanas y de exóticas asiáticas. Es tan evidente la relación entre una actividad y otra que no me detendré más en ello.

En cuanto a los intereses económicos, los hay y de gran envergadura. En nuestro país, la única aproximación a los datos procede del INE (2018). Entonces, la prostitución representaba el 0.35% del PIB, lo que supone más de 4.000 millones de euros. Tercera actividad alegal más lucrativa junto con el tráfico de armas y de drogas. Aunque estas cifras podrían ser irrisorias comparadas con la masa millonaria que desaparece en la economía sumergida. (Actualmente la ONU calcula que en España el negocio mueve cerca de 10 millones de euros al día y que el 80% de las mujeres ejerce en contra de su voluntad). Las mafias económicas que viven y aumentan sus beneficios con la prostitución constituyen una red enorme que funciona desde el anonimato más perfecto y el apoyo de los sectores más derechistas y liberales. Recordemos que Albert Rivera, líder de Ciudadanos, incluyó en su programa político la legalización de la prostitución. Aseguró que era un tema complicado, pero que había que ser valiente y plantándole cara podríamos recaudar en torno a 6.000 millones de euros gracias a esta actividad.

Con estos datos, hace falta ser cínico para llamar a la compraventa del cuerpo de las mujeres “trabajo sexual”, a los proxenetas y prostituidores “empresarios” y a los puteros “clientes”. Es como si aplicando una terminología de mercado se normalizara y justificara esa esclavitud y violencia que sufren miles de mujeres y niñas en el mundo. Porque la prostitución es violencia, violencia en sí misma por la rebaja que las mujeres prostituidas sufren en la dignidad personal y violencia física y sexual en muchos casos. De hecho, ¿sabemos cuántas mujeres prostituidas han sido asesinadas en el último año? ¿Cuántas sufren malos tratos, presiones psicológicas, humillaciones...? ¿Cómo se puede obviar esto? ¿Cómo se puede llegar a normalizar una explotación así hasta el punto de pedir su legalización? ¿Es que a nadie le importan las miles de mujeres prostituidas? ¿A nadie le avergüenza el agujero ético y moral que la prostitución supone en una sociedad democrática que tiene entre sus valores primordiales la igualdad entre las personas?

Ciertamente, la abolición de la prostitución es una patata caliente tras la cual hay múltiples intereses y poderes en liza, pero es un asunto de Derechos Humanos y despacharlo con dos artículos que hablan de un consentimiento teórico es impropio de un Ministerio que se proclama feminista a bombo y platillo. No es así como lo hacen los países europeos que se han planteado el tema. El modelo nórdico o la ley francesa de 2016, para luchar contra el sistema prostitucional y apoyar a las personas prostituidas, contempla tanto la lucha contra las mafias de proxenetas y puteros como un apoyo efectivo a las mujeres prostituidas. Las medidas para ayudar a las mujeres que expresan su deseo de salir de las redes de prostitución van desde una asistencia médica y psicológica hasta una renta mínima de reinserción, formación, etc., y son fundamentales. Es en ellas donde se debería poner el acento para posibilitar su aplicación durante el proceso de salida (que puede durar varios años) ofreciendo alternativas reales, evitando la estigmatización y paliando en lo posible la precariedad inicial con un buen plan de inserción socio-laboral. Para ello será esencial la colaboración de las entidades municipales y sociales y unos presupuestos que contemplen todas estas necesidades.

El neoliberalismo avanza imparable y su estrategia estrella es la de convencer a la sociedad de que lo que hay es lo único posible y que no puede ser de otra manera, con ello consigue someternos y que aceptemos como normal la explotación y la injusticia. Pero, como decía el filósofo, si no se hace nada para cambiar una situación, se está haciendo mucho para consolidarla.

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Pilar Laura Mateo es escritora y socia de infoLibre. Su última novela publicada es Toda esa luz. Editorial Mira. 2020.

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