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Memoria, educación y ciudadanía democrática

Victorino Mayoral Cortés

“La democracia tiene que nacer de nuevo en cada generación y la educación es su comadrona”. Es algo que dijo John Dewey, pedagogo y filósofo impulsor del movimiento progresista de la Escuela Nueva en EEUU y autor de un excelente tratado que ha dejado huella hasta nuestros días, Democracia y educación. Pero la educación como comadrona de la democracia, generación tras generación de escolares, solamente puede tener éxito si está dotada y es transmisora de la memoria y de la historia de la democracia y de los valores en los que se fundamentan la convivencia política y las instituciones.

Para tal propósito no bastan las constituciones, las leyes educativas y los decretos curriculares. Es preciso ir algo más allá, al ámbito de  la práctica, al acuerdo que debe existir en cuestiones fundamentales entre las fuerzas políticas que actúan en el marco de un Estado democrático, sobre el significado y alcance  de los principios y reglas que deben regir la acción formativa escolar para la adquisición de la competencia ciudadana.

Difícil es ese acuerdo en nuestro país, a causa del permanente juego retardatario y obstruccionista que ha venido caracterizando la política educativa del partido conservador, empeñado en mantener la peregrina teoría de que nuestra actual democracia carece de  pasado, con cuya memoria e historia no se identifica y, por lo tanto, concluye en que no hay nada que legislar para su preservación ni nada que enseñar sobre ello en la escuela. Prueba de ello fue su anunciado propósito de derogar la Ley de la memoria democrática si hubiera ganado las elecciones generales, y la anunciada derogación de las leyes autonómicas de memoria histórica y democrática allí donde gobiernan con Vox.

Dudo que el actual partido conservador del siglo XXI sea ideológicamente más democrático que el que fundó Cánovas del Castillo allá en el último cuarto del siglo XIX. Y estoy más en la tesis de que no alcanza siquiera a los impulsos reformistas que practicó el partido liberal de Sagasta, Canalejas, e incluso Romanones. Ahora asumen una especie de dogmatismo  monopolístico del ”constitucionalismo”, tan hermético y corto de miras que les impide reconocer que nuestra memoria democrática se integra en los periodos claramente definidos por nuestra historia, que son los que figuran en las prescripciones curriculares aprobadas por la reforma educativa y en la Ley de la memoria democrática. Gracias a ellas, el sistema educativo español ha incluido entre sus fines el conocimiento de la historia y la memoria democrática y la lucha por los valores y libertades democráticas, desde sus orígenes hasta la actualidad, y su contribución al fortalecimiento de los principios y valores  definidos en la Constitución Española.

De eso se trata, de que la memoria democrática contribuya a la educación para una ciudadanía democrática, cuya historia de conquista de derechos y libertades en nuestro país se inició con la Constitución de 1812 y la proclamación del principio esencial de la soberanía nacional residenciada en las Cortes y no en el Rey, que alcanzó tras un largo periodo de avances y retrocesos su mayor grado de conquistas en la Constitución de 1931. Proyecto inconcluso destruido por un golpe militar en 1936 por el que, tras una cruenta guerra civil, se implantó una dictadura de carácter fascista de cuarenta años de duración, para ser finalmente recuperada y reconstruida la democracia mediante la consolidación de las conquistas de libertades y derechos que se realizó durante la llamada Transición y culminó con la proclamación de la Constitución de 1978, que ha tenido continuidad hasta nuestros días con importantes avances en derechos civiles, sociales y políticos.

Por tanto, la Constitución como acto expresivo de nuestro actual sistema democrático no debe ser explicada en términos reduccionistas como un texto meramente jurídico congelado en tablas de la ley enmohecidas por el tiempo, como pretende el Partido Popular, sino como pacto de convivencia para un modo de vida y de gobierno civilizatorio activo y gradual de desarrollo humano y social, consciente de sus avances y testimoniado por su propia memoria.

Como consecuencia del negacionismo de nuestra memoria democrática practicado por los conservadores se ha creado un vacío, se ha inoculado en nuestro país el virus de la equidistancia

Almudena Grandes, una gran escritora de la saga memorialista, lo dijo con palabras claras y sencillas: ”España es la única democracia de Europa que no se funda sobre su propia tradición democrática y que no reivindica su propia tradición antifascista. Es un acto de soberbia autocomplaciente e insólita, se funda a sí misma en el aire”. Esa actitud de soberbia y olvido de nuestro gran legado histórico y memorialista democrático desprecia a las pasadas generaciones de ilustrados, liberales, demócratas, socialistas de diferentes orientaciones, incluidas las aportaciones derivadas de las reivindicaciones del movimiento obrero y de los nuevos impulsos culturales y pedagógicos de modernización y reforma social. Al mismo tiempo trata de ignorar la naturaleza autoritaria y violenta del franquismo, sus raíces ideológicas y propósitos deliberadamente destructivos de la democracia. El resultado es la defensa de una Constitución puramente formalista, surgida de la nada, débil, maleable, manipulable, y tan” líquida” como las propias convicciones democráticas de quienes pretenden ignorar la memoria democrática. La conclusión es evidente: esa democracia sin memoria es un solar vacío, no necesita a la escuela, no tiene espacio para  la educación, ni necesita incorporarse a ningún currículo escolar.

Como consecuencia del negacionismo de nuestra memoria democrática practicado por los conservadores se ha creado un vacío, se ha inoculado en nuestro país el virus de la equidistancia, de una actitud sospechosamente neutralista que no tiene reparos en situar al mismo nivel la democracia y un régimen autoritario represor de todas las libertades, a quienes defendieron el orden constitucional y a quienes lo violaron con un golpe de Estado, al fascismo y a la democracia. Algo inaceptable en cualquier democracia occidental. Por eso es preciso poner fin en el sistema educativo español a la equidistancia que se observa a la hora de abordar la memoria democrática e histórica. No así, sin duda, al respeto inequívoco al pluralismo y a la libertad de cátedra que corresponde ejercer al profesor en el ejercicio de su función docente. Poner fin a una indefendible equidistancia que pretende un tratamiento equiparable entre un régimen  de negación y destrucción de la democracia misma y de los demócratas, con la proclamación de una de las constituciones más avanzadas de Europa, que había tomado como modelo la alemana de Weimar, también destruida durante aquellos años por la acción del Partido Nazi y el ascenso del sitema totalitario de Hitler. 

La democracia española ha introducido en su sistema educativo elementos curriculares significativos de nuestra memoria democrática, gracias a la reforma educativa y a la Ley de Memoria Democrática. Es deseable y necesario que esta ordenación académica curricular se consolide. No se debe perder más tiempo, vistos los recientes espectáculos que muchas manifestaciones nos han ofrecido de símbolos, gritos y consignas que corresponden a la genealogía de la memoria construida en su día por el franquismo, a veces protagonizados por nutridos grupos juveniles que supuestamente habrían debido recibir una educación cívica de carácter democrático y constitucional, lo que realmente no ha ocurrido aún.

Umberto Eco, en su opúsculo Contra el fascismo, publicado en 2018, nos advertía sobre el peligro renovado de la la naturaleza polifacética del actual fascismo, transcripción de su conferencia titulada El fascismo eterno, en la que describe y analiza las notas características que se suelen combinar para la configuración de un sistema de tal naturaleza. Son algunas de las que hemos oído proclamar, a veces con gritos estentóreos, a muchos de los manifestantes que pusieron sitio a Ferraz: culto a la tradición más arcaica, rechazo a la modernidad y al progresismo, irracionalismo y la cultura como gran sospechosa, miedo a la diferencia y al diferente, nacionalismo exacerbado, xenofobia, machismo, populismo…

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Victorino Mayoral Cortés es Presidente de la Fundación Cives.

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