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Mujeres en Ruanda, Cuba o Nicaragua: puro márketing

Mercè Rivas Torres

Ruanda, Cuba o Nicaragua son tres dictaduras que sorprendentemente encabezan la lista de mujeres dedicadas a la política. Estos nombramientos nada tienen que ver con los derechos de las mujeres conseguidos a través de procesos democráticos, sino por puro marketing.

Así lo afirma la Unión Inter-Parlamentaria, una organización fundada a finales del siglo XIX que publica periódicamente los listados de los parlamentos de todo el mundo.

El cuarto lugar lo ocupa México y el sexto, Emiratos Árabes. Parece una broma, pero no lo es. Y la pregunta que deberemos hacernos es si dictadura conjuga bien con derechos de las mujeres. Rotundamente no.

Los países nórdicos, siempre líderes en este tema, no los encontramos hasta el puesto número 10. Y España, en el 22. Es de esperar que con la promesa del presidente del Gobierno y con su nuevo proyecto de ley sobre la paridad en listas electorales y consejos de administración, podamos escalar puestos.

Pero por qué ocurre esto: Ruanda es un caso a estudiar. En el genocidio de 1994, donde se intentó exterminar a la población tutsi por parte del gobierno hegemónico hutu de Ruanda, se asesinó al 70 por ciento de los tutsis —o lo que es lo mismo, a un millón de personas— y la violencia sexual como arma de guerra fue generalizada. Se calcula que alrededor de 500 mil mujeres fueron violadas.

Al finalizar el conflicto, el general Paul Kagame, presuntamente muy vinculado a estas matanzas, quiso lavar su imagen. Las mujeres fueron las protagonistas del proceso de paz, de las comisiones de la verdad. En resumen, el postconflicto fue protagonizado por ellas.

En un país fracturado y dolorido, alrededor de 4 millones de personas tuvieron que refugiarse en países limítrofes. La mayoría de supervivientes eran mujeres. Mientras tanto, la comunidad internacional quedó paralizada. No hicieron nada por frenar la matanza.

En este contexto, Kagame supo aprovechar las circunstancias para imponer listas electorales paritarias.

Ahora, casi 30 años después del genocidio, Ruanda quiere limpiar su imagen y ha firmado un polémico acuerdo migratorio con Reino Unido para acoger a refugiados que llegan a Reino Unido (todos ellos procedentes de África) mientras que todavía hay hombres y mujeres que no han podido volver a su país desde el final del genocidio.

Amnistía Internacional sigue denunciando constantemente “las violaciones del derecho a un juicio justo, a la libertad de expresión y a la privacidad, así como las desapariciones forzadas, las denuncias de tortura y el uso excesivo de la fuerza”. Después de tantos años, Ruanda no disfruta de un régimen democrático.

En 2008, 40 militares del entorno de Paul Kagame fueron procesados en España por el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, por crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de terrorismo. El presidente Paul Kagame, a pesar de los indicios en su contra, no fue incluido en dicho proceso al gozar del beneficio de inmunidad soberana como jefe de Estado.

El juez español los acusó de la muerte de más de tres millones de personas (ruandeses, congoleses, nueve españoles, canadienses, etc.) en Ruanda y en la República Democrática del Congo entre 1994 y 2000. En 2015, la causa abierta en España fue archivada a consecuencia de las reformas en la normativa aplicable para las causas de justicia universal.

España fue un país pionero en la aplicación de la justicia universal. Sin embargo, su éxito, en lo que respecta a proporcionar un recurso efectivo a las víctimas de violaciones de los derechos humanos de crímenes internacionales, se convirtió en una amenaza para políticos nacionales y para las relaciones internacionales.

El viaje de Mariano Rajoy a Pekín propició el final de la justicia universal para no enfrentarse al presidente chino. La Audiencia quería investigar el presunto genocidio en Tibet.

En el caso de Cuba y Nicaragua, la utilización de las mujeres en política responde igualmente a una manipulación para mantenerse en el poder. Lo que significa que un derecho democrático puede ser manipulado y utilizado para otros fines

Con la ley de paridad lanzada por Kagame, no había otra verdad que querer ganarse al 70 por ciento de la población, las mujeres, de cara a poder gobernar en el país sin apenas oposición.

En el caso de Cuba y Nicaragua, la utilización de las mujeres en política responde igualmente a una manipulación para mantenerse en el poder. Lo que significa que un derecho democrático puede ser manipulado y utilizado para otros fines.

En Nicaragua “son mujeres que solamente están ahí porque las puso el partido de Gobierno. Son mujeres simbólicas que sirven para enmascarar y dar la cara de que aquí hay paridad en la participación de las mujeres y para esconder o querer mostrar una supuesta voluntad democrática de parte del Gobierno”, apunta la socióloga Sofía Montenegro, de la Cátedra Unesco.

Por el contrario, en Cuba el artículo 43 de su Constitución establece: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito. El Estado garantiza que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posibilidades. Pero sin un sistema político de libertades.

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Mercè Rivas Torres es editora, periodista y autora de 'Los sueños de Nassima' y de 'Vidas en la galera'.

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