Nacionalpopulismo y Estado

Gaspar Llamazares

(Del Estado profundo al Estado paralelo)

El llamado Estado profundo ha emergido y se ha hecho visible en el contexto del actual período populista en la forma de lo que podríamos denominar el Estado paralelo, como una alternativa y una amenaza para la democracia en estos tiempos de fragilidad y de incertidumbre.

Así, recientemente la policía brasileña ha detenido los autobuses y a sus ocupantes por el mero hecho de ser afines a Lula da Silva, obstruyendo el ejercicio de su derecho a voto hasta el límite de forzar la intervención in extremis de la autoridad electoral. Es decir, unos funcionarios públicos armados anteponen su posición política, mayoritariamente conservadora o más bien ultra, a sus obligaciones constitucionales de velar por el cumplimiento de la ley electoral que garantiza el derecho de voto de sus compatriotas sin ningún tipo de interferencias. Por si esto fuera poco, a raíz del resultado electoral con la victoria, es verdad que ajustada de Lula da Silva, sin embargo el presidente Bolsonaro se ha negado hasta hoy a reconocer la derrota mientras sus apoyos más radicalizados del sector del transporte han utilizado sus vehículos para colapsar las comunicaciones por carretera durante varios días con la pretensión de atizar el golpe de Estado entre los militares.

Solo el rápido respaldo y reconocimiento de los resultados por parte del presidente Biden de los EEUU ha disuadido a Bolsonaro y a sus apoyos radicales de cuestionar los resultados, y ha permitido el inicio del traspaso de poderes.

Todo esto ha estado precedido de la injerencia en esta última época de polarización populista por parte de algunos jueces significativos en el ámbito de la política en América Latina con el objetivo último de descalificar de la competencia electoral a candidatos de la izquierda. 

Nada nuevo si nos remontamos en el tiempo y en la distancia a las elecciones presidenciales de los EEUU y al intento de golpe de Estado, con la ocupación violenta del Capitolio de hace dos años para impedir la confirmación de los resultados electorales y el relevo del presidente Trump. Las recientes sentencias del Tribunal Supremo americano pretenden dar continuidad al nacional-populismo de Donald Trump a pesar de haber sido derrotado, como si de un Estado paralelo se tratase. Por suerte, el recuento de las recientes elecciones de medio mandato ha confirmado la reacción democrática de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas estadounidenses en defensa de los derechos civiles, frustrando la amenaza de la ola republicana con el mantenimiento de la mayoría demócrata del Senado y con un resultado por ahora muy ajustado en el Congreso. El mejor resultado de un presidente en ejercicio desde hace muchos años. Un presidente en horas bajas con unos resultados excepcionales.

Mientras tanto, en Europa los partidos conservadores han retirado el cordón sanitario impuesto durante años a la ultraderecha, dentro de la operación de blanqueamiento y normalización primero de sus programas nacionalistas y xenófobos y ahora con su incorporación a formar parte de las mayorías conservadoras, a las coaliciones e incluso al liderazgo del gobierno, como ha ocurrido con la reciente elección de una primera ministra neo-fascista en la República Italiana. Tan solo ha necesitado unas semanas y sus primeras medidas frente a la inmigración ya han provocado un conflicto diplomático con la República Francesa, demostrando con ello su verdadera naturaleza. Y todo para que la derecha se garantice mayorías conservadoras con la participación de la ultraderecha.

Todo para que la derecha se garantice mayorías conservadoras con la participación de la ultraderecha

Entre tanto, en España un inspector de policía ha acudido a unas jornadas de la ultraderecha de Vox utilizando su cargo para, en total contradicción con los datos oficiales sobre seguridad ciudadana, apoyar con sus sesgadas opiniones personales todos los prejuicios racistas y xenófobos de sus oyentes. En el mismo sentido, algunos portavoces de sindicatos ultras de la guardia civil se han sumado a la agitación de los mismos prejuicios xenófobos al calor de la tragedia ocurrida en la valla de Melilla para estigmatizar a los inmigrantes y con ello a las decenas de víctimas mortales. 

Nada nuevo, sobre todo si nos atenemos al agresivo papel político de los nuevos sindicatos policiales contra la reforma de la ley mordaza, cuya tramitación se ha promovido por la mayoría legítima de la investidura en el Congreso de los diputados. Como tampoco es nueva la participación de las cloacas del Estado en la elaboración de informes falsos sobre los dirigentes catalanes del procés, así como frente a fuerzas políticas como Podemos, todo ello con la participación de destacados mandos policiales y del poder judicial.

Entre tanto, la mayoría conservadora de juristas del CGPJ sigue incumpliendo la ley que le daba un plazo para la elección de los dos miembros del Tribunal Constitucional, desafiando así al Gobierno e impidiendo con ello su renovación en el plazo establecido.

En el mismo sentido, el Partido Popular se ha basado en la intención del Gobierno de reformar la desmesurada pena de cárcel del delito de sedición en el actual Código Penal, como excusa para impedir a su vez la renovación del CGPJ después de cuatro años de bloqueo. El rechazo de la derecha y el anuncio de una posible moción de censura vuelve a reincidir en el mismo veto que ya esgrimieron en su momento con respecto al indulto. En coincidencia con la estrategia política de deslegitimación y desestabilización del gobierno socialcomunista propugnada por la extrema derecha de Vox y del PP.

Más de cuatro años de bloqueo de la renovación del CGPJ que han sido aprovechados de nuevo por la derecha para copar los principales cargos del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. No se trata pues, como algunos afirman, de una supuesta pelea entre partidos por la politización de la justicia, sino del mantenimiento de la ocupación conservadora de la justicia, así como de la consiguiente pretensión de judicialización de la política. Como en los EEUU, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se consideran ungidos por la razón de Estado para controlar las decisiones del legislativo y del Ejecutivo. Solo así se puede entender la descalificación sistemática del Tribunal Constitucional español, a diferencia de los del resto de Europa, a la legislación del estado de alarma en la gestión de la pandemia.

Por otra parte, la rebaja de penas por sedición anunciada por el Gobierno equipara nuestro código penal en materia de orden público con los países democráticos de nuestro entorno, garantizando unas penas más proporcionadas y en última instancia el reconocimiento de las mismas por parte de los países europeos de nuestro entorno en casos de extradición. Permite además parar el golpe de la previsible sentencia negativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Como estrambote de todo esto, una juez de lo contencioso administrativo, perteneciente a la derecha judicial, ha bloqueado de forma cautelar la publicación de un sello alusivo al centenario de la fundación del PCE, uno de los partidos fundamentales de la Transición democrática, a raíz de la denuncia de una asociación Cristiana fundamentalista, después de una campaña de toda la derecha en su contra. Resulta que a los mismos a los que se les llena la boca de las palabras de reconciliación o concordia ligadas a la Transición, y utilizadas para rechazar la ley de memoria, ahora además pretenden excluir a los comunistas, uno de los actores fundamentales de la lucha contra la dictadura y del compromiso con la libertad. Una muestra más de la amenaza del Estado paralelo.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

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