Prohibido no prohibir el móvil
En el mundo educativo se está dando una revuelta que poco tiene que ver con el espíritu que impulsó aquel Mayo del 68, ni con la Marea Verde que cruzó nuestras calles hace una década ante políticas restrictivas. La revolución actual va de antipantallas, hasta el punto que cada centro escolar se suma al modismo popular de restringir totalmente la utilización de los móviles del alumnado. Ir a contracorriente es ahora un sacrilegio, casi un daño a los derechos de la infancia. Ha pasado a estar prohibido no prohibir el móvil.
No podemos mezclar contextos; cuestionarnos el móvil y por ende cuestionarnos cualquier pantalla, sin preguntarnos qué hacen nuestros adolescentes con ellas y por qué en muchas ocasiones su uso no es adecuado. Y no es solo eso: damos saltos en edades y contextos con igual hilo conductor descontextualizado. Empezamos hablando del móvil en adolescentes y, cuando nos damos cuenta, hablamos de niños de infantil delante de tablets. No importa el contexto o tarea que estén haciendo: la clave es que tienen una pantalla, y el discurso simplista actual dice que estas “son malas”.
Si se trata de prohibir, prohibamos, pues. Nadie pone soluciones, y mucho menos educativas. Los centros ya tienen autonomía organizativa en cuanto a regular el uso de dispositivos electrónicos y la gran mayoría han incorporado esta restricción a sus normas; de hecho, ir a contracorriente ahora es no prohibirlo, que lo hagan nuestros centros vecinos y nosotros no. Por lo tanto, si ya puede regularse el uso del móvil en los centros ¿dónde está el problema? ¿Estamos culpabilizando de nuevo a la escuela de los males de la sociedad? ¿Estamos haciéndola responsable de algo que se gesta fuera?
En España un menor de doce años no puede comprar un móvil, sino que somos las familias las que lo proveemos de uno. Por otra parte, no dar el móvil hasta los dieciséis y a esa edad dárselo sin ninguna formación conlleva riesgos igualmente. Los propios adultos somos ejemplo de que tampoco sabemos utilizar estas herramientas. La clave es, por lo tanto, acompañar y formar. Pero ello requiere un tiempo que las familias no tenemos, como consecuencia de la multitarea permanente. Las familias necesitan entender cómo ayudar a sus hijos e hijas, necesitan “estar”, y para “estar”, necesitan conciliar mediante redes de apoyo locales, lo común. Esto es incompatible con este mundo individualista en el que externalizamos cuidados, por lo que será más fácil social y políticamente promover prohibiciones que educación. Impulsar medidas educativas nos haría darnos cuenta de que necesitamos cambiar mecanismos básicos que conforman nuestra sociedad y, quizás, no estemos preparados.
Prohibir no es una acción neutra, tiene también consecuencias. Uno de los usos más frecuentes que hacen los menores (y en general todos) de los móviles es comunicarse. Viendo la proliferación de redes y grupos sobre este asunto, no deja de ser paradójico que los adultos estemos generando entornos virtuales a través del móvil para impedir que los jóvenes puedan usarlo. La preocupación de las familias es lícita, porque responde a un riesgo real que conlleva el mal uso del móvil, pero estamos errando las preguntas y, por ello, encontrando malas respuestas.
Los instrumentos de verificación científicos no conducen a esa verdad absoluta que dice que es imposible educar bien con la presencia de dispositivos y que el camino es la prohibición
Las familias necesitamos también esa formación y tiempo para ayudar y acompañar, al igual que el profesorado que, con pericia didáctica, podría complementar esta tarea. La infancia precisa una educación para un uso saludable, no que la amarren a un mástil como a Ulises en el episodio de las sirenas, sobre todo porque tarde o temprano tendrán que enfrentarse a estas.
Pero la edad no es el único factor clave en este asunto. La Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital indica que “toda persona tiene derecho a la educación, la formación y el aprendizaje permanente y debería poder adquirir todas las capacidades digitales básicas y avanzadas”. No podemos plantear centros con “línea digital” y “línea analógica”. Es un derecho fundamental de la ciudadanía. La competencia digital no se escoge, es obligatoria. No es aprender algo en cuanto a destrezas técnicas, sino formar en un uso seguro. Una cuestión de justicia social, habilidades básicas al alcance de los desfavorecidos en el mundo de los algoritmos y la IA. Pensemos que la escuela será, para muchos, el único lugar en el que se pueda aprender a hacer uso correcto de estos medios. La alfabetización audiovisual es un derecho universal; necesitamos regular, sí, pero sobre todo necesitamos educar. Si ello requiere que nos preguntemos sobre si el proceso de digitalización escolar está siendo adecuado (y no un mero intercambio de soportes), bienvenido sea.
La investigación, hasta ahora, no confirma que las pantallas tengan efectos nocivos. Es relevante un reciente estudio de la Universidad de Oxford, que no halló vínculos entre el uso de Internet y dispositivos y el bienestar psicológico, “a pesar de las suposiciones populares”. La Asociación Española de Pediatría afirma en otro comunicado que “la clave es aprender a hacer un uso responsable de los dispositivos digitales a cualquier edad”.
Hay, por lo tanto, otra corriente expansiva sensacionalista ante la necesidad imperiosa de presentar titulares polémicos para captar la atención e incrementar posiciones contrarias a una educación digital responsable, opinión ante la que se responde masivamente con la prohibición absoluta, sin margen de maniobra para una introducción progresiva y guiada de los móviles como herramientas didácticas.
Una prueba de la magnitud de esta corriente de desinformación fue el impacto del Informe publicado por la UNESCO el pasado verano: muchos titulares periodísticos difundieron la recomendación de prohibir el uso del móvil, cuando las conclusiones lo que indicaban es que se garantizara desde la escuela “que los intereses de los alumnos se sitúen en el centro y que las tecnologías digitales se utilicen para apoyar una educación basada en la interacción humana en lugar de pretender sustituirla”. Un ejemplo más actual lo tenemos con PISA 2022 que, aunque afirma cuestiones como que un uso moderado puede mejorar el rendimiento, la inmensa mayoría de titulares han optado por destacar la importancia de prohibir estos dispositivos, estableciendo correlaciones sin justificación e incluso siendo utilizadas como arma política ante decisiones que se están tomando en algunas regiones.
Erramos, pues, al plantear la pregunta; ésta no debería ser tecnología sí o no —prohibir o no prohibir—, sino tecnología cómo, y en ese sentido profesionales y familias tienen que reconsiderar algunas prácticas. Para ello es necesario huir de modismos que apelan a las emociones y de la condena moral que empuja a la hoguera algunos avances (ahora es el móvil, en el pasado fueron otros).
Los instrumentos de verificación científicos no conducen a esa verdad absoluta que dice que es imposible educar bien con la presencia de dispositivos y que el camino es la prohibición, medida que deben adoptar los gobiernos pisando la autonomía escolar. En el sistema educativo, y en cualquier política democrática, como decía Rawls, la verdad posible es parcial, limitada, compartida, provisional y, sobre todo, discutible. En el caso de los móviles, las posturas extremas vuelven a marcar el debate donde ahora lo prohibitivo pasa a ser no prohibir. Y eso, como sociedad que tiene en la infraestructura tecnológica el principal espacio de difusión, conversación y opinión, no nos lo podemos permitir.
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María del Mar Sánchez Vera es profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia e investigadora en el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa.
Albano de Alonso Paz es profesor de Lengua Castellana y Literatura y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza. Divulga sobre educación a través de su blog www.albanoalonso.info
