La pública (in)diferencia

Antonio Estella

La pública diferencia ha sido un lema tradicionalmente asociado a la Universidad de la que soy Profesor, la Carlos III de Madrid. Vaya por delante que no solamente estoy orgulloso de mi Universidad, sino que tengo que decir de manera clara que los más de 25 años que ya he pasado en ella han supuesto para mí el reto profesional más interesante de mi vida entera. Creo que he contribuido, como muchos otros compañeros y colegas, a situar a esta Universidad entre las primeras de España y una de las primeras de la Unión Europea. Con la pública diferencia lo que queríamos mostrar era que es posible construir una Universidad pública pero de altísima calidad. Reto conseguido: la Universidad Carlos III de Madrid se diferencia, precisamente, por su excelencia, incluso siendo una Universidad pública. Público y de calidad van juntos, entre otras cosas, porque tenemos ejemplos como el de la Universidad Carlos III de Madrid.

Sin embargo, al igual que les pasa a muchas otras Universidades españolas, el acceso a esta y otras Universidades se está complicando en los últimos tiempos. Las elevadas notas de corte son las responsables de que cada vez sea más difícil entrar en Universidades como la UC3M. Lo que aparentemente parece un indicio de calidad, y en muchos sentidos, efectivamente, lo es, se está convirtiendo, desde otra perspectiva, en una auténtica barrera de entrada a la Universidad. Público y de calidad no deberían ser sinónimos de elitismo.

Público y de calidad no deberían ser sinónimos de elitismo

Michel Sandel argumenta, en “The tyranny of merit” (Dublin: Penguin Books, 2021), que las sociedades guiadas por el principio de la meritocracia no son necesariamente las sociedades más justas. Al revés: pueden ser inmensamente injustas, de hecho, cuando están guiadas por un criterio de meritocracia que no está compensado por otros factores. Sandel pone varios ejemplos: ¿Es justo que Ronaldo gane 1.000 veces más que un médico o una enfermera? ¿Es justo que gane cientos de veces más que un profesor de universidad, o de instituto? ¿A qué le damos más valor, y cómo realizamos dicha operación? La sociedad parece otorgar mucho valor a meter goles, y bastante menos a educar o curar a las personas. Eso no significa, necesariamente, que ello sea justo. De hecho parece bastante injusto, si partimos de la base de que quien crea más valor social es, sin duda alguna, una enfermera, un médico, o una profesora, y no un jugador de fútbol. Como vivimos en una sociedad de mercado, el criterio que preside nuestras valoraciones es el criterio mayoritario, en el sentido de que si la mayor parte de la gente da más valor a lo que hace Ronaldo que a lo que hace nuestra enfermera, entonces tendremos que aceptarlo. Pero de nuevo: que lo aceptemos no significa necesariamente que dicho resultado sea intrínsecamente justo.

Lo mismo está pasando con la Universidad, y en particular, con la Universidad pública. Es perfectamente razonable que las Universidades quieran atraerse a los mejores. Pero la forma en la que se está organizando el sistema hace que las Universidades públicas se acaben convirtiendo en organizaciones altamente elitistas. Cuando yo cursé la carrera de Derecho, la nota media que me pidieron en ese momento era un 5 sobre 10 (la broma de “por eso te admitieron” ya me la han hecho muchas veces). Actualmente, la Universidad Autónoma de Madrid, que es la Universidad en la que yo cursé la carrera de Derecho, pide una nota de corte de 10.15 sobre 14 para acceder a ese grado. Y la Universidad Carlos III de Madrid, un 11.76 (en Getafe). Si proyectamos estos resultados sobre mi época, ello equivaldría a pedir un 7,25 en la Universidad Autónoma de Madrid y un un 8,4 en la UC3M. Es decir, 2,25 puntos más en todo este periodo de tiempo si ahora decidiera cursar la carrera de Derecho en la misma Universidad (también me han hecho la broma de “y ahora no entrarías”). ¿Por qué ha ocurrido esto?

Sin duda alguna la explicación es multi-causal. Hay mucha más gente que antes que accede a la educación superior. Hay mucha más competencia, por tanto. Eso por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, es evidente que la misma no ha aumentado tanto como debería haber aumentado durante todo este tiempo en todos sitios. Y finalmente, el distrito abierto universitario, por el cual los estudiantes que terminan el bachillerato pueden acceder a todas las Universidades públicas españolas, hace que en algunas de ellas las notas de corte suban de manera artificial. Es como un mercado: a más demanda de una plaza, mayor la nota de corte para otorgar la misma. Por tanto, si todo el mundo pide una plaza en una determinada Universidad, la nota de corte en esa Universidad tenderá hacia el máximo posible; en nuestro sistema, 14 puntos.

Siendo esto así, el problema está en que las Universidades públicas están frustrando su mandato de servicio público. Al ser organismos públicos tienen que atender al interés general, ésa es su finalidad principal. Sin embargo, su mandato de servicio público se ve completamente malogrado cuando una gran parte de la gente que demanda acceso a las Universidades públicas tiene que buscar cobijo en otras Universidades, privadas en su mayor parte. No tengo nada en contra de las Universidades privadas, pero es evidente que el sistema, tal y como está funcionando actualmente, está generando, de manera artificial además, un mercado tremendamente suculento a favor de la oferta privada de educación superior, sobre todo en algunas Comunidades Autónomas, como la de Madrid.

Es importante corregir esta tendencia. Por el lado de la demanda, poco se puede hacer: es evidente que parte del éxito de un país se mide en función de cuánta gente desea acceder a la educación superior. Que aumente la demanda de educación superior es una buena noticia. Por otro lado, también es evidente que el distrito abierto universitario está aquí para quedarse. No podemos hacer tabula rasa en este sentido. Además, ello sitúa a las Universidades en una situación de sana competencia. La única solución está en aumentar correlativamente la oferta, y en adoptar medidas compensatorias de las notas de corte. Es urgente pensar en sistemas de discriminación positiva, por género, condición económica y otro tipo de factores que se puedan tener en cuenta. En cualquier caso: abramos el debate sobre el acceso a la Universidad pública. La actual indiferencia hacia este problema por parte de nuestros decisores políticos, más si cabe en plena campaña electoral, es alarmante.

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Antonio Estella es director del Máster en Gobernanza Económica Europea y profesor de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

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