LA PORTADA DE MAÑANA
Ver
La reforma de la jurisdicción universal permitirá reabrir casos que quedaron impunes tras el recorte del PP

¿Qué hacer con la Sanidad Pública?

Marciano Sánchez Bayle

La Sanidad Pública española está evidenciando graves problemas de accesibilidad que cuestionan su capacidad para poder afrontar en un tiempo razonable los problemas de salud de la población. Los datos son contundentes. En diciembre de 2022 la espera media para una intervención quirúrgica (LEQ) era de 122 días, y en esa misma fecha 793.521 personas estaban en LEQ (el dato más elevado desde que hay registros), a la vez que la demora para una primera consulta (LEC) era de 95 días (estando en esta lista más de 4 millones de personas en todo el país). Al mismo tiempo, el 22% de quienes estaban en LEQ esperaban más de seis meses, y el 59,8% en LEC más de 90 días. Todo ello complementado con la elevada demora para conseguir cita en Atención Primaria (AP), de 9,29 días en febrero de 2023 con un 26,11% que esperaba once o más días. 

El asunto es más grave si se tiene en cuenta que se desconocen las demoras para consultas sucesivas y para pruebas diagnósticas, y que las demoras reales son sumatorias y acumulativas, es decir, que a la demora en consulta de AP hay que sumar la de las pruebas que se piden en AP y la nueva consulta de resultados, además de la LEC, que habitualmente va seguida de una nueva demora para más pruebas diagnósticas y para consultas sucesivas, y luego, si es preciso, se pasa a la LEQ (en algún caso, como en Madrid, solo después de la consulta del anestesista, o sea, de una nueva demora).

Por supuesto, el proceso puede acelerarse si se detecta algún problema muy grave (no siempre sucede así), y algunas consultas pueden no precisar pruebas complementarias, pero la tónica más habitual es la descrita, y supone que, en muchos casos, la demora sea de uno o más años para la atención a un problema de salud que, en ocasiones, puede ser grave e incluso empeorar a causa de la espera.

Conviene no olvidar que las listas de espera tienen su origen en el derecho a la atención sanitaria de toda la población por la Sanidad Pública, y en la inexistencia de copagos en nuestro país para el acceso a la misma (situación poco frecuente incluso en la UE y que, por supuesto, cuando existe genera importantes e intolerables inequidades) y, obviamente, en la dificultad de prever exactamente la demanda sanitaria, lo que no es posible con los conocimientos existentes.

Nuestro sistema sanitario tiene algunas virtudes que es preciso conservar y reforzar, como son la cobertura universal, una red pública muy extendida y cercana en el territorio o la ausencia de barreras económicas para el uso de los servicios sanitarios

Por eso, un cierto grado de listas de espera es inevitable en los sistemas de derecho universal a la atención sanitaria, pero cuando estas se prolongan en exceso acaban impidiendo el ejercicio de ese derecho, y favorecen la búsqueda de alternativas individuales (básicamente acudir al sector privado o a las urgencias hospitalarias, que en el primer caso generan desigualdades e inequidad, y en el segundo la utilización inapropiada e ineficiente de recursos asistenciales que acaban colapsándose). 

¿Cómo se ha llegado a esta situación? En realidad hay muchos y variados motivos, pero los fundamentales tienen que ver con la crónica infrafinanciación de nuestro sistema sanitario, que se agudizó con los recortes de la crisis de 2008; el elevado gasto farmacéutico que crece por encima de los presupuestos sanitarios; el deterioro de la AP, que fue la más dañada durante la crisis; el déficit de camas hospitalarias, que ha ido creciendo (entre 2010 y 2021 se cerraron 5.000 camas mientras crecía la población); las privatizaciones que encarecen los costes de la atención sanitaria, empobreciendo aún más los centros públicos y empeorando la salud de la población (Lancet 2022); y las políticas de recortes de personal, que se notan en todos los niveles asistenciales, pero mucho más en la AP. Todo ello se agravó notablemente y se hizo más visible durante la pandemia.

Resulta llamativo cómo las administraciones sanitarias, a pesar de las promesas realizadas en la pandemia, no han hecho un esfuerzo significativo para reforzar la Sanidad Pública, y un buen ejemplo de ello es la escasa cantidad de los fondos de reconstrucción de la UE, que acabaron destinados al sistema sanitario, en contraposición con lo sucedido en otros países de la UE. 

De todas maneras, conviene recordar que nuestro sistema sanitario tiene algunas virtudes que es preciso conservar y reforzar, como son la cobertura universal, una red pública muy extendida y cercana en el territorio, la ausencia de barreras económicas para el uso de los servicios sanitarios y una provisión pública todavía mayoritaria y de buena calidad cuando se logra acceder a la misma.

En estas circunstancias ¿Qué podemos hacer para afrontar esta situación con una razonable garantía de éxito? Aunque, por supuesto, hay muchas cosas que pueden hacerse, las más básicas serían:

  1. Aumentar la financiación de la Sanidad Pública para alcanzar, cuando menos, la media de la UE, lo que supondría en torno a 1.000 euros más por habitante y año, y establecer una financiación finalista que disminuya la gran variabilidad en los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas, aunque lo mejor sería avanzar hacia una financiación ligada a las necesidades y los objetivos de salud, para lo que sería necesaria la aprobación del Plan Integrado de Salud, pendiente desde 1986.
  2. Contener el gasto farmacéutico, de manera que su aumento esté como máximo un punto por debajo del crecimiento de los presupuestos sanitarios públicos.
  3. Acabar con la privatización y recuperar lo privatizado para garantizar la gestión pública del sistema sanitario.
  4. Reforzar la Atención Primaria incrementando sus recursos profesionales para conseguir la atención sanitaria con un máximo de 48 horas de demora, la resolución en este nivel asistencial de entre el 80 y el 90% de los problemas de salud de la población y recobrar el carácter comunitario de la AP.
  5. Aumentar las camas hospitalarias de gestión pública para alcanzar una ratio de 5/1.000 habitantes, especialmente de media y larga estancia.
  6. Utilización intensiva de todos los recursos del sistema sanitario público que están sistemáticamente infrautilizados.
  7. Obviamente, para conseguir los puntos 4 y 5 se precisa un aumento del personal sanitario, especialmente en AP, porque la base del buen funcionamiento del sistema sanitario, como se demostró durante la pandemia, está en sus profesionales, y es imprescindible aumentar la dotación de los mismos.

Todo ello es imprescindible para garantizar la accesibilidad de la población a una Sanidad Pública universal, de calidad, y sin barreras de acceso (económicas y/o temporales) para que sea efectiva en un tiempo razonable para las necesidades de salud de las personas.

___________

Marciano Sánchez Bayle es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y patrono de la Fundación Alternativas.

Más sobre este tema
stats