Si el horizonte es otra economía, el camino es otro modelo de empresas

Quienes representamos y practicamos la economía social no nos cansamos de predicar que nuestra prioridad absoluta son las personas y que tengan un alto grado de bienestar en sus vidas. Esta cuestión, que parece una declaración de intenciones, la llevamos a la práctica y es nuestro valor vigía, el que guía todos nuestros modelos empresariales. El debate sobre las alternativas económicas a la rígida ley del mercado y su inexistente, aunque defendida, autorregulación, es antiguo, constante, y automáticamente salta al primer plano cada vez que nos enfrentamos a crisis agudas, como la que la pandemia de la Covid-19 por desgracia disparó en pocas semanas.

Claro que necesitamos una economía humanizada, una economía que combata la desigualdad y no la aumente; una economía que dé soluciones a la emergencia climática y asiente las bases de un modelo de producción, distribución y consumo más sostenible; una economía cuya prioridad sea mejorar la vida de la mayor parte de las personas, no la de generar beneficios para las y los empresarios a costa de todo; una economía que no permita la mercantilización de sectores de alta sensibilidad social, como el de los cuidados, el socio sanitario, la educación, el medioambiente…; una economía con arraigo territorial, que genere producción y servicios que no se deslocalicen, combatiendo a la vez el vaciado de la España rural…; una economía acorde con un estilo de vida mucho más conciliador e igualitario. Cuestiones todas que claman por una economía diferente, sí, e irónicamente una economía que parece naturalmente más lógica y coherente con el ser humano.

Recientemente, en este mismo medio, el jurista Baltasar Garzón firmaba un artículo titulado La economía que queremos, en el que reivindica la necesidad de exigir a los políticos "que se sacudan el polvo de una economía neoliberal fracasada y nefasta para el ser humano, que apliquen la ética a todas sus actuaciones y que se unan en acciones conjuntas que nos ayuden a lograr una sociedad que ofrezca oportunidades de crecimiento personal y trabaje para eliminar las desigualdades". Y añade: "(una economía) en la que lo público suponga una base de seguridad y lo privado pueda conseguir beneficios y repercutir una parte en el colectivo. Esa es la economía a la que debemos aspirar".

Unos días antes, el economista Ignacio Muro, en una entrada del blog de Economistas Frente a la Crisis, afirmaba que España necesita "caminar hacia una economía más próxima, con un centro de gravedad más cercano que dé un salto hacia una economía de más calidad, con unas empresas más inclusivas e innovadoras, más nuestras. No es nada ilusorio. El espíritu del momento nos ofrece una oportunidad de integrar tres objetivos en un remozado proyecto de país: el primero es disminuir la desigualdad social, verdadero hándicap al desarrollo; el segundo, aumentar el músculo de nuestro sistema productivo, y el tercero, mejorar el gobierno de las empresas creando climas laborales mas inclusivos y favorecedores de la innovación".

Aquí nos vamos aproximando a la cuestión. Para lograr esa otra economía que no solo anhelamos, sino que sabemos que es más beneficiosa a la larga, necesitamos otro modelo de empresas; los mercantiles son los instrumentos de una economía desaforada, culpable de muchos de los males que aquejan a nuestras sociedades. Por tanto, si buscamos resultados diferentes, tendremos que dejar de hacer lo mismo.

No hay que devanarse mucho los sesos para encontrar soluciones que ya existen. Esa otra economía es real y funciona. Es la economía social, la economía cooperativa compatible con otras economías alternativas, una economía al servicio de las personas, sostenida por empresas cooperativas competitivas, entre las que destacan las cooperativas de trabajo, por ser las mayores generadoras de empleo en proyectos viables, con beneficios suficientes para que sus trabajadores puedan llevar una vida digna, invirtiendo en la sostenibilidad y en el futuro del proyecto empresarial.

De acuerdo con los datos recopilados por la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo (COCETA), al finalizar 2019 había en España casi 19.000 cooperativas que sostenían casi 320.00 empleos societarios: es decir, casi 320.000 personas son a la vez socias (propietarias) y trabajadoras de la cooperativa que conforman. De éstas, casi 240.000 son empleos societarios directos en cooperativas de trabajo, fórmula por la que optaron 1.400 empresas el pasado año.

El cooperativismo de trabajo es una forma de emprender en colectivo, creando empresas basadas en los principios de democracia, autogestión, solidaridad, igualdad y responsabilidad social. La cooperativa de trabajo representa un modelo ético de participación y gestión económica y empresarial que contribuye al crecimiento socioeconómico de la localidad en que se ubica, a la creación de empleo estable, a la lucha contra la exclusión, a la cohesión social y a la integración igualitaria de las personas.

Las cooperativas de trabajo son, además, empresas que se caracterizan por su estabilidad y una flexibilidad bien entendida. Flexibilidad que nada tiene que ver con la que piden las grandes organizaciones empresariales de la economía mercantilista, que suele traducirse en despidos gratuitos. La de las cooperativas de trabajo es una flexibilidad centrada en las personas, en mantener su proyecto y su medio de vida, conservando los empleos y buscando, por ejemplo, la máxima compatibilidad con la conciliación, otra de las asignaturas pendientes en España. El que la toma de decisiones sea democrática y no impuesta facilita mucho todos los procesos.

Toda crisis, por dramática que sea, abre vías para el cambio porque pone de manifiesto las carencias de los modelos imperantes. Estamos sufriendo una crisis sin precedentes que va a dejar muchos puestos de trabajo por el camino y empresas en la cuneta. Es el momento de que también las administraciones públicas, empezando por ese Ministerio (de Trabajo) y Economía Social —inédito hasta la fecha en nuestra historia—, sienten las bases del cambio, favoreciendo con medidas específicas la creación de otras tipologías de empresas que, además, están totalmente alineadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si sabemos a dónde queremos llegar, hemos de andar por el camino que allí nos lleve.

Además de apoyar y fomentar el cooperativismo de trabajo desde las administraciones públicas, es importante que se transmita la posibilidad de que empresas mercantiles en crisis que parecen abocadas a echar el cierre pueden vislumbrar una opción: la de que el conjunto de sus trabajadores asuma el control de la empresa, siga trabajando en ella, transformándola en cooperativa de trabajo y empezando a tomar decisiones participadas en la gestión. Aquí también es importante que se faciliten legalmente los trámites para transitar el camino de la recuperación, reconversión y/o transformación antes, por ejemplo, de llegar a los concursos de acreedores.

El cooperativismo de trabajo no es un elixir curalotodo, ni probablemente logremos que la economía social sea la predominante y mayoritaria, pero sabemos con datos contrastados que sus beneficios sociales son sustancialmente mejores. Si anhelamos una economía para la ciudadanía, apostemos de forma inequívoca por practicar la economía social y sus empresas, las cooperativas de trabajo, cuyo centro gravitatorio no es el beneficio por el beneficio, son las personas.

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Luis Miguel Jurado es presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo (COCETA)