Plaza Pública

La transición ecológica, algo más que renovables

Protesta en Parí­s horas antes de que se aprobase el Acuerdo de Parí­s por el Clima.

José Errejón Villacieros

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 vienen siendo presentados por medios gubernamentales y empresariales como el elemento decisivo para operar la salida de la profunda recesión generada por las medidas políticas contra la pandemia del SARS-COV2-19; se trata, en efecto, de un esfuerzo presupuestario sin precedentes para, vía expansión del gasto público, estimular la recuperación de la actividad económica a través del fomento de la inversión pública y privada así como del sostenimiento de rentas a través del sostenimiento del empleo con cargo a los recursos públicos y de la actividad empresarial a través del régimen de garantías públicas de préstamos bancarios para empresas en dificultades.

Todo ello soportado por un esfuerzo de endeudamiento público sin precedentes en la historia reciente, descansando a su vez en las aportaciones de la UE que pueden alcanzar en el período considerado, 2021-2027, los 140 mil millones de euros repartidos en subvenciones a fondo perdido (72 mil millones) y préstamos a bajo tipo de interés los restantes 68 mil. Para 2021, las aportaciones presupuestadas alcanzarían los 26.634 millones.

El objeto de nuestra atención tiene que ver con las políticas que se han dado en llamar de transición ecológica, que se llevan una parte muy importante de la asignación prevista para 2021. En concreto el Ministerio para la Transición Ecológica se lleva 6.805 millones destinados a la construcción de un parque de generación de energía renovable y para la promoción de infraestructuras eléctricas, redes inteligentes y el despliegue del almacenamiento, junto con rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destina 4.982 millones a la transición hacia una economía verde mediante la rehabilitación de viviendas, planes de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, así como mediante la construcción de infraestructuras para una movilidad sostenible, segura y conectada.

Como cualquiera que esté familiarizado con la lectura de presupuestos podrá acreditar, la valoración de las asignaciones presupuestarias depende de la clasificación que se tome en consideración. Junto a la arriba mencionada de carácter orgánico, por Ministerios, tenemos otra por políticas de gasto en la que las políticas de industria y energía se llevan 5.623 millones y las de infraestructuras y ecosistemas resilientes 4.696. Hace tiempo que se viene reclamando una mayor claridad en la presentación de las cuentas de forma que el debate pudiera centrarse en las políticas de gasto que no fueran cambiando, además, según las modas o cambios terminológicos (la introducción de términos como resiliencia es solo un ejemplo). Hacer de las políticas de gasto el objeto del debate parlamentario permitiría un mayor y mejor control por la cámara de su implementación y ejecución y subordinaría de una vez por todas la dimensión administrativa al cumplimiento de los objetivos políticos sancionados en la ley de PGE.

No es precisamente fácil formarse un criterio adecuado acerca de la importancia relativa de las asignaciones presupuestarias para políticas ecológicas, por lo que no queda más remedio que acudir a mayores niveles de desagregación para saber el efectivo destino de los créditos propuestos.

La política de Industria y Energía, con una dotación de 11.166 millones, que incorpora gastos para la financiación de proyectos del Plan UE por 5.623 millones de euros, experimenta un aumento de un 103,9%. Esta política se centrará en la transición energética y la modernización y digitalización del tejido industrial.

La política de Infraestructuras y Ecosistemas resilientes, con una dotación de 11.527 millones de euros, tiene por objetivo optimizar las inversiones e incrementar la resiliencia de la infraestructura ante nuevas demandas y retos, a la vez que preservar y proteger el capital natural del país. Incluye tanto dotaciones destinadas a infraestructuras de transporte, como proyectos en conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, preservación del espacio litoral y los recursos hídricos, movilidad sostenible, segura y conectada.

Del examen de estas dos políticas pueden extraerse algunos comentarios. El primero es que el Gobierno ha decidido, en línea con las orientaciones que viene de Bruselas, dar un impulso fundamental al cambio de modelo energético, largo tiempo reclamado desde diversos sectores. Que el factor determinante haya sido el aliento reformador de la COP21 celebrada en Madrid en 2019 no parece muy probable; más bien parece que el hundimiento del mercado del crudo por efecto de la desaceleración económica en la que ya estábamos antes de la pandemia y el convencimiento de que el pico efectivo del petróleo ya ha llegado en cuanto a la rentabilidad de las inversiones para nuevas prospecciones se refiere, aconseja a una parte significativa de los capitales implicados (muy en primer lugar, el de algunas grandes empresas petroleras) a cambiar la localización de sus inversiones en paralelo con los esfuerzos de los Estados miembros de la UE para alcanzar su objetivo descarbonizador para 2050.

El segundo comentario tiene que ver con los ejecutores efectivos de las inversiones programadas en transición ecológica. La impresión, también aquí, es que con el fin de gastarse hasta el último euro de los casi 27 mil procedentes de la UE para el próximo año, el Gobierno opta por que sus beneficiarios y ejecutores efectivos de las inversiones sean grandes empresas capaces de acometer grandes proyectos certificables en el ejercicio. En coherencia con lo cual hemos visto a los grandes de la energía, con Iberdrola a la cabeza, proclamando de forma entusiasta su compromiso con la descarbonización y la transición ecológica. Lo mismo ocurrirá en la importante línea de rehabilitación energética con la que el Gobierno pretende rehabilitar medio millón de viviendas de aquí a 2023, en este caso con la justificación adicional de que las cuantiosas inversiones precisarán de instrumentos complementarios de financiación que solo grandes empresas podrán disponer para aligerar la carga de las comunidades de vecinos.

Comprensible y completamente justificada la pretensión del Gobierno de maximizar el aprovechamiento de los recursos financieros de la UE. Pero el papel desempeñado por las grandes empresas en la ejecución del presupuesto no dejará de tener consecuencias en cuanto a las políticas económicas de futuro así como en la estructura económica misma del país. Es un hecho contrastado la elevada mortandad empresarial consecuencia de la pandemia y las restricciones de actividad, que el régimen de garantías articulado por el Gobierno no será capaz de reducir en forma significativa. Es de esperar, en tal sentido, una profunda reestructuración en el tejido productivo español, intensificado por el protagonismo de las grandes empresas en la ejecución del Plan de Reconstrucción UE. Ello, además de dar satisfacción a cuantos clamaban desde hace tiempo por acabar con el minifudismo empresarial, facilitará alcanzar dimensiones funcionales en la lucha por la competitividad para los próximos años. Así que la intervención del Estado aparece esta vez como benigna frente a los eternos desconfiados por el dirigismo e ineficacia que le atribuyen como esencial; esta modalidad de capitalismo de Estado parece la solución encontrada por el Gobierno de coalición para salir de la recesión sin despertar las suspicacias de nadie y complaciendo a una cierta izquierda que podrá comparar el modelo con sus sueños de juventud.

Pero hay en la presente coyuntura lecciones que van más allá de los cambios en el modelo imperante de economía capitalista. El cambio que precisa la economía global, aun asumiendo lo positivo de las políticas de transición energética y descarbonización, es de muy distinta naturaleza. Se trata de acertar en la prioridad que nos afecta como especie. Sí,como especie, porque el covid ha puesto de manifiesto que los riesgos que nos amenazan lo son en tanto que especie y que será en tanto que especie que logremos combatirlos.

El principal peligro que nos amenaza, similar por su gravedad al calentamiento global, se produce por medio de la deforestación y la destrucción de sistemas naturales, la incorporación de un conjunto de virus a la vida de las sociedades contemporáneas para los que nuestro sistema inmunológico no está preparado y que podrían llevar, lo están haciendo ya, la muerte y la desolación a nuestras sociedades.

Para decirlo con claridad, la prioridad para los siete mil millones de seres humanos que poblamos el planeta es más ecológica que económica. O, dicho de otro modo, sin atender el reto ecológico, los cambios en el modelo económico pronto mostrarán sus límites, afectados por la creciente frecuencia de situaciones epidémicas y pandémicas.

La conservación y restauración de los sistemas naturales aparece así como la condición de posibilidad para frenar el colapso ecológico y sanitario. Las inversiones en transición energética o en digitalización, por cuantiosas que sean, no van a prevenir el asalto de los virus y pandemias, todo lo más ayudarán a mejorar la distancia social y el control de las poblaciones por los gobiernos. Sociedades encerradas y supervigiladas para luchar contra pandemias recurrentes y economías oligopolizadas capaces de producir los bienes y servicios que las poblaciones encerradas demanden, ese es el cuadro más probable que puede dibujarse a partir de ahora si no atendemos a las prioridades ecológicas.

Bienvenidas las inversiones en energías renovables pero sin olvidar otros problemas ecológicos urgentes (biodiversidad, erosión y desertificación, agua, litoral, etc) en nuestro país. Hay que recordarlo porque con frecuencia las instituciones comunitarias han carecido de la sensibilidad necesaria frente a los problemas ecológicos específicos de la península ibérica, que no eran exactamente los mismos que los de la Europa del norte y del centro. Es verdad que las inversiones requeridas para atajar dichos problemas tienen muy largos períodos de ejecución, no suelen ser altos demandantes de equipo capital y no generan retornos en el corto plazo en términos de rentas o empleos. Nada que objetar en este sentido a las programadas para 2021 si ello no significa olvido o renuncia a las destinadas a la conservación de ecosistemas.

Ninguna nostalgia, desde luego, de las llamadas políticas ambientales de mercado, las más conocidas los sistemas cap and trade inaugurados durante la Cumbre de Río para intentar convencer al amigo americano de que las políticas ambientales eran compatibles con el capitalismo salvaje. Pero tampoco ninguna falsa ilusión sobre las ventajas de desandar el camino recorrido por el capitalismo; el keynesianismo tuvo su oportunidad con ocasión de una coyuntura económica, social y geopolítica que no volverá. Desde entonces, la economía global no ha terminado solo con buena parte del tejido social y cultural existente en los treinta dorados, también lo ha hecho con algo todavía más importante con lo que, indebidamente y por una sola vez, llamaríamos"la principal infraestructura de las sociedades contemporáneas", los sistemas naturales que les sirven de hábitat.

El paradigma inspirador del gran acuerdo de 1978 sobre el que se funda nuestra convivencia social tal y como la conocemos y la vivimos se ha quedado obsoleto. El tiempo transcurrido ha desvalorizado el objetivo del crecimiento y la acumulación de capital y de ganancias como medio para alcanzar y repartir prosperidad y bienestar. Nuestro "modelo económico", una mezcla de la herencia del desarrollismo franquista y el neoliberalismo castizo de los 90 del pasado siglo se ha venido abajo de forma estrepitosa y no hay nada ni nadie que parezca decidido a intentar reconstruirlo, como lo muestra el silencio de los neoliberales que lo jaleaban ante el desastre económico actual. El crecimiento del PIB en los mejores momentos del ciclo ha supuesto un gran consumo de energía y materiales y una elevada generación de desechos, ha destruido buena parte de nuestros sistemas naturales y ha aumentado las enfermedades que padecemos pero solo de forma muy relativa puede decirse que ha mejorado las condiciones de vida de los más desfavorecidos.

Por lo demás, el modelo ineficiente y despilfarrador de recursos no se cambia solo produciendo energía eléctrica con eólica en vez de carbón, hay que cambiar pautas de producción, distribución y consumo. El sueño de ciudades de dimensiones como las actuales, consumiendo cantidades de energía similares a las de ahora y provistas por renovables en vez de por carbón, gas o petróleo, pertenece directamente a la ciencia ficción. La naturaleza y las dimensiones del cambio requerido van mucho más allá y nos comprometen a todos. Como comunidad de seres racionales y libres debemos afrontar los retos a los que nos enfrentamos con nuestras mejores armas: el diálogo, la inteligencia y la cooperación.

Es evidente que la tarea mencionada exige un radical cambio de enfoque respecto a la conducción de los asuntos públicos hegemónica hasta ahora. Y no lo es menos que un cambio tan sustancial en la forma de vida de una sociedad no se implementa con la simple aprobación de unos presupuestos, por importantes que estos sean; exige, por el contrario, de un auténtico tensionamiento social para el diálogo y la reflexión, sin los cuales resulta utópico postular cambios de esta envergadura.

No sé si son estas las mejores condiciones sociales para abordar la tarea. La sociedad española pasa por unos momentos especialmente duros por efectos de la pandemia, que viene a sumarse a los pasados por efectos de la crisis del 2009 y las políticas austeritarias que la siguieron. Pero es probable que sea en estos momentos de zozobra en los que pueda esperarse que se despierten los mecanismos de autoconservación social que permitan enderezar nuestro rumbo colectivo.

Ese debiera ser el cometido principal de la acción política del Gobierno y para el que debiera convocar al conjunto de las fuerzas políticas y sociales del país. La lucha contra la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de un alto grado de cohesión social para enfrentarse a retos de esta envergadura. El cuidado de la salud pública, entendido en el amplio sentido que creo que es necesario en las actuales circunstancias históricas y que debe incluir, desde luego, el cuidado de los sistemas naturales, demanda del conjunto de la sociedad una actitud que vaya más allá de las habituales funciones de trabajo y consumo. Se echa de menos, entre las diez palancas que estructuran el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, alguna destinada a potenciar al máximo las capacidades de cooperación de la sociedad civil, en la convicción de que es el recurso más valioso del que disponemos para superar esta encrucijada.

La sociedad española no puede dejar en manos de políticos y empresarios la responsabilidad exclusiva de afrontar esta tarea histórica. Hace 42 años, de forma tímida y precavida, iniciamos el camino de convertirnos en una sociedad adulta de mujeres y hombres libres; los retos presentes nos exigen actuar con decisión, no retroceder a épocas de sumisión, por acompañadas que estuvieran de tecnologías digitales.

_______________José Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.

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