Con Trump, Estados Unidos culminará la liquidación del derecho internacional

Durante las últimas décadas, diversos gobiernos norteamericanos, hasta cierto punto, sólo hasta cierto punto, han participado e impulsado –y en parte dominado– diversos cónclaves de carácter internacional, multilateral. No parece que el nuevo inquilino de la Casa Blanca sea partidario de continuar esa política, ni siquiera con las limitaciones y frenos impuestos por sus predecesores. A tenor de sus declaraciones, parece claro que Donald Trump no es precisamente un entusiasta del Derecho Internacional, de sus obligaciones y compromisos. 

Es preciso señalar que el presidente Biden tampoco ha sido ejemplo de respetuoso internacionalista. A lo largo de su mandato y en declaraciones sobre este particular, el predecesor de Trump ha preferido no mencionar la expresión Derecho Internacional. Ha usado siempre una fórmula peculiar: “un orden internacional basado en normas”. Da la impresión de que estuviéramos ante una infección terminológica singularmente contagiosa. Timothy Garton Ash nos informó de que en 2020, en la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2019, 35 oradores de muy diversos Estados se refirieron a “un orden internacional basado en normas”, sin tampoco aludir al Derecho Internacional. Garton Ash, acertadamente, dice que “el Derecho Internacional posee un profundo valor que debemos mantener. Si lo que entendemos por ‘normas’ es en realidad Derecho, debemos decir Derecho, palabra más fuerte, simple y precisa”. 

Podemos deducir la razón por la que ya Biden, no Trump, prefirió invocar un “orden internacional basado en normas”, eludiendo esa palabra fuerte, simple y precisa. Para su vergüenza, Washington no es parte de muchos importantes tratados multilaterales que constituyen un núcleo fundamental del Derecho Internacional. Entre otros, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; varios tratados referentes al Derecho Internacional Humanitario, incluidos los cuatro convenios de Ginebra; el Estatuto de Roma sobre el Tribunal Penal Internacional (TPI); la Convención sobre los derechos del niño; la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; la Convención sobre las municiones en racimo o la Convención sobre la prohibición de minas anti personales. La posición hegemónica norteamericana contribuyó a impulsar y estabilizar el orden jurídico internacional desde la segunda guerra mundial, pero simultáneamente sorteó o burló acuerdos internacionales, autorizó abusos de derechos humanos y rechazó toda rendición de cuentas internacional. El presidente Reagan se esforzó en minar la política exterior pro derechos humanos de su predecesor, el presidente Carter, se retiró de la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), se negó a pagar las contribuciones a la ONU y se retiró de la UNESCO. El presidente Bush hijo mantuvo la línea hostil contra TPI y TIJ, abrogó el tratado EEUU/Rusia sobre misiles antibalísticos y declaró que los Convenios de Ginebra no eran aplicables en la lucha contra Al Qaeda. 

Por otro lado, la potencia norteamericana ha justificado el uso de la fuerza contraria al Derecho Internacional, fuera del marco de la ONU. Su argumentación para servirse de la fuerza en Iraq en 2003 y en Libia en 2011 fue considerada un pretexto para lograr ilegalmente un cambio de régimen. Tras la invasión de Afganistán en 2002, su negativa a otorgar el estatus de prisionero de guerra a los detenidos talibanes en Guantánamo viola el artículo 4 de la Convención de Ginebra relativa al trato debido a prisioneros de guerra. Con estos antecedentes, no parece que Washington se halle en disposición de acusar a gobierno alguno de violar el Derecho Internacional Humanitario ni el de los Derechos Humanos. Sin duda, le resulta más conveniente que la expresión “orden internacional basado en normas” sustituya a “Derecho Internacional”. 

John Dugard, nacido en Suráfrica en 1936, profesor de Derecho Internacional, ha tenido tiempo vital para denunciar el comportamiento alejado de la idea de justicia de varias administraciones norteamericanas. Dugard ha sido miembro de la Comisión de Derecho Internacional, juez del Tribunal Internacional de Justicia y relator especial de Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Escribe Dugard sobre la renuencia de Washington a denunciar a determinados Estados, como Israel, por sus violaciones del Derecho Internacional. No solo EEUU no es miembro del Tribunal Penal Internacional (TPI), sino que es claramente hostil al mismo. Biden se ha alineado con Israel ante las acusaciones del Tribunal de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hostilidad asimismo exhibida ante el procedimiento iniciado en el Tribunal Internacional de Justicia sobre el posible comportamiento genocida de Israel  hacia el pueblo palestino. Dugard recuerda también cómo Biden guardó silencio ante las actitudes anti TPI de la primera administración Trump. Se refiere Dugard a la prohibición de entrar en Estados Unidos a la fiscal jefe, Fatou Bensouda, que desde 2016 investigaba los supuestos crímenes de guerra cometidos en Afganistán por soldados estadounidenses entre 2003 y 2004. Aunque EEUU no se ha adherido al Estatuto de Roma, Afganistán sí lo hizo, de manera que los ciudadanos estadounidenses que hayan cometido delitos en su suelo pueden ser perseguidos por la justicia internacional. 

No cabe duda de que la administración Biden y otros gobiernos occidentales han agredido repetidamente a las instituciones internacionales y al Derecho Internacional con el objetivo de proteger a Israel

Por otro lado, no cabe duda de que la administración Biden y otros gobiernos occidentales han agredido repetidamente a las instituciones internacionales y al Derecho Internacional con el objetivo de proteger a Israel. El doble rasero e hipocresía de Biden sobre este particular han sido notorios. Desoyó y descalificó las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia que ordenaba a Israel prevenir actos genocidas en Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria (Israel ha utilizado el hambre como arma de guerra), al tiempo que exigía el cumplimiento de las decisiones del TIJ sobre Rusia/Ucrania. Denigró al Tribunal Penal Internacional y a su fiscal jefe, Karim Khan, por ordenar la detención de Netanyahu y de varios ministros israelíes por crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero en 2023 apoyó y elogió la decisión del mismo tribunal de detener a Putin por iguales delitos. Caso singular es el del príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán. La administración de Joe Biden, quien en su campaña electoral prometió hacer de Arabia saudí un “Estado paria”, en noviembre de 2022 dictaminó que el príncipe, considerado instigador del crimen, estaba jurídicamente blindado en el caso abierto contra él por el asesinato del periodista crítico Jamal Kasohogi en el consulado saudí de Estambul en 2018.

Por su parte, otro gobernante occidental respetuoso de “un orden internacional basado en normas”, el presidente Macron, había comenzado unos meses antes la limpieza del currículo de Bin Salmán. Lo invitó a cenar en el Elíseo. El gobierno de París hizo gala de doble hipocresía. Justificó la visita como una decisión geoestratégica en un momento en el que Europa buscaba diversificar su aprovisionamiento energético y en boca de la primera ministra, Elisabeth Borne, “no se trata evidentemente de dejar de lado nuestros principios, de cuestionar nuestro compromiso con los derechos humanos”. Por supuesto que no. Faltaría más. 

Trump y su gente consideran que el Derecho y las instituciones internacionales son estorbos que dificultan la libre actuación de los Estados Unidos en el mundo. No hay por qué cumplir los compromisos adoptados en esas instituciones. Ya en su primera presidencia Trump dejó claro su desinterés por los cónclaves multilaterales. Desprecia el sistema multilateral global. No existen valores y principios que estime debe respetar. Es un profeta mesiánico propulsor y fortalecedor del unilateralismo. 

A poco de inaugurar su primer mandato, diversos analistas levantaron las primeras alarmas. En 2017, Jack Goldsmith: “Somos testigos del inicio del mayor embate presidencial contra el Derecho Internacional y las instituciones internacionales en la historia de los Estados Unidos”. En 2018, Randall Schweller: “Trump, cuestionando la propia estructura de la cooperación internacional, ha asaltado el sistema comercial mundial, reducido la financiación de la ONU, cuestionado la OTAN y amenazado con poner fin a los acuerdos comerciales multilaterales. Ha pedido que Rusia sea  readmitida en el G7 y se ha mofado de los intentos de hacer frente a desafíos globales, como el del cambio climático”. También en 2018, John Ikenberry: “El presidente Trump ha hecho declaraciones sobre comercio, alianzas, Derecho Internacional, medio ambiente, tortura, derechos humanos  que, de concretarse, acabarían con toda seguridad con el papel de los Estados Unidos como líder del orden mundial liberal”. El mismo profesor Ikenberry, pocos días antes de la proclamación de este 20 de enero, insistía: “Trump está dispuesto a enfrentarse a casi todos los elementos del orden liberal internacional: comercio, alianzas, migración, multilateralismo, solidaridad entre las democracias, derechos humanos. Un Estado revisionista ha hecho su aparición con el fin de cuestionar el orden liberal internacional: los Estados Unidos, con Trump en la oficina oval”.

Trump y su gente consideran que el Derecho y las instituciones internacionales son estorbos que dificultan la libre actuación de los Estados Unidos en el mundo. No hay por qué cumplir los compromisos adoptados en esas instituciones

Habremos de estar atentos en las próximas semanas a la actuación de este profeta mesiánico en lo que respecta a sus pretensiones imperialistas, expansionistas (Groenlandia, Canadá, Panamá). Hay indicios preocupantes. En una reciente rueda de prensa, un periodista textualmente le preguntó: “ ¿Puede usted garantizar que no usará la coerción militar o económica para controlar Groenlandia o el canal de Panamá?”. Trump: “No puedo garantizarlo, pero sí puedo decirle que los necesitamos por razones de seguridad económica. Impondremos elevados aranceles a Dinamarca si se niega a vender Groenlandia”. 

Recordemos que el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe no sólo el uso de la fuerza sino también la amenaza del uso de la misma. Trump, amenazando, está violando el Derecho Internacional incorporado a la Carta. La adquisición de territorios por la fuerza está rigurosamente prohibida. Hecha contra la voluntad de sus habitantes, viola el principio onusiano del derecho de los pueblos a la autodeterminación. La imposición de aranceles insinuada por Trump podría atentar contra las normas de la Organización Mundial del Comercio. Por no citar la prohibición de intervención en los asuntos internos o externos de Estados soberanos. Es legal que Trump pida a Dinamarca que le venda Groenlandia, pero, según doctrina TIJ, al servirse de la amenaza de la fuerza, la “petición”, absurda y provocadora, se convierte en ilegal.

El futuro del actual orden internacional liberal depende de que los gobiernos se comprometan con el multilateralismo, los derechos humanos y el imperio de la ley. La dejación de ese compromiso supondrá que el mundo abandonará un sistema internacional basado en valores y principios para retornar a un mundo sujeto a la cruda política del poder por el poder, ausente el Derecho. Además, el quebranto y daño que las políticas de Trump pueden ocasionar al Derecho y a las instituciones internacionales contribuirá a crear un vacío en las relaciones internacionales. Ante ese vacío, gobiernos autoritarios y ultranacionalistas, de siempre irrespetuosos con el Derecho Internacional, aumentarán su capacidad de maniobra. No hay que descartar, por otro lado, que las amenazas expansionistas trumpianas alienten las aspiraciones del mismo tipo de China y Rusia. Como sostiene Andrea Birdsall, “la hostilidad estratégica y la indiferencia hacia el Derecho suponen un peligro”. ¿Podrá la Unión Europea contribuir a combatir esa hostilidad?

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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.

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