Plaza Pública

Último tramo de la pandemia: entre la prioridad de la justicia vacunal y el riesgo de una salud pública defensiva

Una anciana recibe la vacuna contra el coronavirus en Lima, Perú.

Gazpar Llamazares

Una vez lograda la vacunación de la gran mayoría de la población diana e incluso de la población total y con algunas CCAA como Asturias por encima del ochenta por ciento de vacunados con pauta completa y el ochenta y cinco por ciento con una dosis, que señala el horizonte, vamos camino del último tramo de la pandemia y por tanto de que ésta se convierta a corto plazo en una endemia o como mucho en una epidemia estacional. Eso no quiere decir que no aprendamos de las lecciones de esta pandemia y que empecemos ya a preparar nuestra inteligencia de salud pública, así como nuestra sanidad y políticas sociales de cara a un futuro lleno de riesgos globales y de incertidumbres.

Al final de esta quinta ola estamos ya por debajo del nivel medio de riesgo y con algunas CCAA en el nivel de riesgo bajo, lo previsible es acabar a corto plazo con la transmisión comunitaria de la pandemia, que más adelante se podría ver solo alterada por algunos brotes y es posible que también con nuevas olas, pero de una mucho menor dimensión que las cinco sufridas hasta ahora y por tanto con un menor impacto en los centros sanitarios, en las UCIs y sobre todo en la mortalidad, como en definitiva ha sido el objetivo sanitario desde un principio. Solo queda por despejar el interrogante sobre el balance riesgo-beneficio de la vacunación de los menores de doce años una vez la Agencia Europea del Medicamento autorice en su caso la seguridad y efectividad de los ensayos clínicos en niños. Sea como sea lo que resulte, en todo caso el mayor grado de inmunización posible estará prácticamente resuelto en España, con la culminación de la vacunación a lo largo de los dos meses próximos.

Sin embargo, a pesar de estar entre los países líderes en la vacunación y de tener un muy reducido, casi testimonial y cada vez menor cinco por ciento de rechazo de la vacunación en España –según la última encuesta del Instituto Carlos III– y aún más limitado si se compara con el resto de los países desarrollados de nuestro entorno, sin embargo continuamos enredados en pseudo debates, unos importados como el del pasaporte covid, un mecanismo de presión a los no vacunados, así como de la obligatoriedad legal de la vacunación, precisamente en el país que no los necesita, salvo si acaso entre aquellos reductos de profesionales que tratan con sectores vulnerables como sanitarios o trabajadores sociales no vacunados. Otros, más que nada interesados como la generalización de la tercera dosis, más allá de la dosis de recuerdo a los colectivos de pacientes inmunodeprimidos, en contra de la lógica de la lucha global frente a la pandemia y de la moratoria solicitada a los países desarrollados por parte de la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de concentrarse ahora en la vacunación en el tercer mundo.

Porque, al tratarse de una epidemia global que ha provocado ya más de cinco millones de muertos registrados y cerca de quince millones en realidad, el reto urgente es también una vacunación global y equitativa, como debería haberlo sido ya desde un principio pero que por el contrario ha sido acaparada por la codicia de las compañías farmacéuticas y el nacionalismo vacunal de los Estados, que están entre las causas de una distribución desigual e injusta, en que la minoría de países ricos acaparan ya el ochenta por ciento de las vacunas, además de la riqueza. Se trata, por tanto, de priorizar de una vez la producción, la distribución, la logística y la administración de las vacunas en los países empobrecidos, en los que la vacunación es inexistente y en el mejor de los casos minoritaria, y al tiempo discriminar en particular a los sectores sociales más vulnerables, que por razones relacionadas con los problemas de accesibilidad derivados de las desigualdades sociales, sanitarias y las resistencias culturales o bien por efecto de la intoxicación informativa de las teorías de la conspiración, se han quedado al margen o directamente han rechazado la vacunación, como se ha podido notar en la brusca paralización de la vacunación incluso en aquellos países ricos con grandes desigualdades sociales y sanitarias como ha ocurrido en los EEUU.

Se trata, por tanto, de ser de una vez generosos hacia afuera y solidarios con los de dentro. Solo así la vacunación conseguirá el objetivo de la inmunización mayoritaria entre los países y continentes del mundo, se podrá reducir la incidencia de la covid19 y la posibilidad de selección de nuevas variantes más transmisibles. Con ello la humanidad en su conjunto podrá lograr, si no la mítica e inalcanzable inmunidad de grupo, el objetivo mucho más realista y no menos efectivo control funcional de la pandemia.

Con el inicio del curso escolar y la vuelta al trabajo de las primeras vacaciones de la pandemia, vuelven también, junto a los pseudo debates, los clásicos maniqueos que nos han acompañado durante las distintas olas de la pandemia. Uno, contra toda evidencia científica, de boca de los negacionistas: negando la efectividad de las vacunas frente a la enfermedad grave y exagerando la mortalidad de los vacunados en relación a los no vacunados. Otro, por parte de los dogmáticos de la tolerancia cero con la covid y los aerosoles generalizados y permanentes, frente a la dinámica de normalización social, situada ya hace semanas en la fase de salida de la pandemia, que seguirán considerando prematura e irresponsable y por tanto de cualquier medida de flexibilización incluso al final de esta quinta ola, alertando con la posibilidad de nuevas olas de la pandemia con graves consecuencias sanitarias, si es que, como ya está ocurriendo, estas restricciones no se mantienen.

A la confusión de estos pseudo debates y a los maniqueos se sumarán, a buen seguro, las nuevas decisiones de los tribunales de justicia y del Tribunal Constitucional, esta vez sobre las responsabilidades de los gobiernos en la gestión de la pandemia y con respecto al segundo estado de alarma. Como precedente se ha producido la declaración de inconstitucionalidad del primer estado de alarma y la apertura de diligencias al ministro de Sanidad por la escasez de materiales de protección al inicio de la pandemia. Algo que, lejos de favorecer las garantías de un mayor equilibrio entre salud pública y libertades individuales frente a futuras pandemias, corre el riesgo de contribuir aún más a la lógica bipolar de los maniqueísmos pandémicos, y –lo que es peor– de provocar ante futuras pandemias una estrategia de salud pública defensiva en las decisiones de los gobiernos, muy similar a las provocadas en la atención sanitaria de los seguros en los USA ante las denuncias de los despachos de abogados, con consecuencias imprevisibles.

También continuará la negación interesada de la rápida recuperación económica, social y laboral como consecuencia de la polarización y el clima populista. Primero fue la duda de que Bruselas aprobara los fondos de recuperación, luego que aprobase las reformas propuestas por el Gobierno español, ahora es que el Gobierno cumpla a tiempo con sus compromisos y que lo haga al mismo tiempo con el acuerdo de los agentes sociales y con aquellos que desde la crisis financiera se han escudado en la UE para sus recortes y privatizaciones. Una contradicción irresoluble.

Aunque, al igual que con la vacunación, para una salida definitiva y sólida de los efectos sociales de la pandemia, así como para la prevención de futuras sindemias infecciosas, sociales y climáticas, es preciso que la recuperación sea también económica, social y global.

___________________Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

Gaspar Llamazares

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