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Vértigo entre el gobierno de coalición y el cogobierno

Sánchez e Iglesias, tras la firma de su futuro Gobierno de coalición.

Gaspar Llamazares

"El principio del cogobierno que se entiende como la dirección compartida de las universidades entre sus distintos estamentos acorde con una serie de principios democráticos y educativos"

Más de un año del Gobierno de coalición y cuando parecía que se estabilizaba la mayoría de investidura y se garantizaban los próximos meses con el presupuesto para 2021, sin embargo, lejos de aprovechar la ocasión para adecuar las medidas a las circunstancias de pandemia y relanzar el proyecto de legislatura, han aparecido profundas diferencias y desconfianzas que atañen a cuestiones de fondo.

Se ha puesto en evidencia de nuevo la fragilidad de la mayoría de investidura que ya había flaqueado como consecuencia de las prórrogas del estado de alarma en la primera ola, la candidatura de Salvador Illa por el PSC, con las discrepancias sobre la convocatoria electoral en Cataluña, y como consecuencia el rechazo de ERC a los decretos sobre la gestión de los fondos de recuperación europeos. Un torpedo a la línea de flotación de la legislatura, salvado in extremis con la abstención de la extrema derecha de Vox, dentro de su cambio de estrategia a partir de la moción de censura.

Pero las diferencias y desconfianzas se han producido también en el seno del propio Gobierno. En particular, a partir de la filtración del llamado proyecto de ley para la protección de las personas Trans, elaborado por el Ministerio de Igualdad en manos de Unidas Podemos y de la proposición de ley para la igualdad de trato, denominada Zerolo, del grupo parlamentario socialista. Ambas propuestas, presentadas de forma unilateral, formaban parte del pacto de gobierno y en ambas eran conocidas las posibles desavenencias políticas, incluso con referencia social en el movimiento LGTB y en el movimiento feminista.

Estas diferencias, que por otra parte podrían superarse con el diálogo y la negociación entre los dos partidos del gobierno, ponen en evidencia sin embargo el trasfondo de una lógica interna de departamentos estancos, más propia de un cogobierno o gobierno compartido, que acaba imponiéndose a la lógica de acuerdo que debería existir en un gobierno de coalición. Lo mínimo que se ha de exigir a un gobierno en una democracia compleja es que se establezca y respete una única estrategia general surgida de un compromiso previo, a esto están obligados quienes quieren dirigir el Estado. Si esto no se da es que la incorporación al gobierno ha tenido otros objetivos distintos al bien común que dañarán al Estado y, en este caso, a la credibilidad del conjunto de la izquierda.

Y este es el problema fundamental, porque si bien el Gobierno es formalmente un gobierno de coalición, sin embargo su origen remite al debate previo entre gobierno monocolor con programa compartido tradicional en el PSOE, frente al gobierno de coalición defendido por Unidas Podemos como su principal baza ante el retroceso electoral. Ahora el funcionamiento por ambas partes va camino de responder más a la noción de gobierno compartido esgrimida por el PSOE, como un gobierno monocolor con un inquilino, más o menos incómodo, encargado de algunos asuntos complementarios, de los que en una situación extrema es fácil prescindir. Algo que tampoco ha sido desarticulado por Unidas Podemos, que también parece encontrarse mejor con un pie dentro del gobierno y otro en la oposición, a alcanzar pactos, más amargos que dulces en las actuales circunstancias, cuyas concesiones como minoría serían más insatisfactorias y difíciles de explicar como parte de la responsabilidad de gobierno.

Con anterioridad, aunque paradójicamente de forma mucho menos virulenta, se habían venido produciendo desavenencias con respecto al salario mínimo, la propuesta de reforma de pensiones a enviar a Europa y el retraso de la derogación de la reforma laboral debidas al continuismo y la ambigüedad del PSOE, cuestiones contestadas también por los sindicatos con acciones simbólicas en la calle.

Estas diferencias dan una imagen de inestabilidad del Gobierno y le abren flancos inesperados a una oposición conservadora, que se encuentra en situación crítica después del recuente fracaso de la derecha en las elecciones catalanas y la revitalización de la lucha por la hegemonía en su seno.

Pero lo más preocupante es que a estas diferencias de contenido y de ritmo de las medidas contempladas en el programa, que también serían subsanables con voluntad de acuerdo, se han venido a sumar diferencias ideológicas, que, aunque ya eran conocidas, están siendo calculadamente sobreactuadas dentro del Gobierno y trasladadas como diferencias tanto de gestión como incluso de proyecto, a veces con tintes difícilmente conciliables.

Primero fue la causa del rey emérito y sus oscuros manejos de su papel en las relaciones exteriores, de los supuestos beneficios obtenidos, sus reconocidas irregularidades fiscales y su torpe salida de España avalada por la Casa Real y la presidencia del Gobierno, en que Unidas Podemos, además de marcar las naturales diferencias con gestiones en las que no había participado y de defender la necesaria regeneración institucional y un sobrevenido entusiasmo republicano, ha visto la oportunidad de reabrir el debate de la forma de Estado y el proceso constituyente desde la vicepresidencia del gobierno, al margen de las previsiones para la reforma constitucional.

Luego vino el desmarque de Unidas Podemos de la gestión de la pandemia, acusando al candidato Illa de falta de transparencia y dación de cuentas. Una discrepancia en el núcleo de una cuestión básica que ha protagonizado el primer año y a buen seguro protagonizará toda la legislatura y de la que es difícil de entender que se pueda distanciar en clave meramente electoral. Una autolesión incomprensible.

Más tarde Pablo Iglesias ha provocado un debate impostado sobre la calidad de la democracia española en la precampaña catalana, con motivo de la situación de los políticos presos como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Procés, en un gesto de Unidas Podemos hacia el independentismo que ha sacado a la luz la concepción esencialista de la democracia de Podemos, más cerca de su proyecto populista originario que de su responsabilidad como parte del Gobierno en la defensa de la división de poderes y del cumplimiento de la ley.

Un debate que en estos días se ha enconado hasta el extremo con la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél como consecuencia de una sentencia, legítimamente cuestionada por afectar a la libertad de expresión incluso por un voto particular de los jueces, y las posteriores movilizaciones de apoyo a su libertad, que han culminado en repudiables actos violentos, de los que Unidas Podemos no ha sabido o querido desmarcarse, y que sin embargo sí ha puesto en cuestión la desproporción de la respuesta policial como un síntoma más de las supuestas carencias de la democracia española.

Esta escalada se produce precisamente cuando todo apunta a un nuevo gobierno independentista en Cataluña apoyado por la CUP, para el que, una vez agotado el imaginario del Uno de octubre, le viene muy bien cohesionarse frente a una democracia insuficiente, sobre todo si cuenta con el aval transversal de Unidas Podemos desde dentro del gobierno del Estado considerado por aquellos como opresor.

Es decir, nos encontramos en una situación clave para la legislatura, en que las posiciones ideológicas sin voluntad de transacción junto a la equidistancia con posiciones independentistas por parte de Podemos, y, de otra parte, el intento de monopolio del Gobierno con una gestión pragmática y continuista por parte del PSOE, y el consiguiente arrinconamiento de UP corren el riesgo de frustrar las expectativas de cambio social y regeneración democrática de la mayoría de la sociedad. Además, los daños pueden ser profundos tanto en la estructura del Estado como en la convivencia democrática y desde luego no solucionarán ni uno solo de los problemas que hemos de afrontar.

Por tanto, es urgente retomar los acuerdos de gobierno, que eran entonces solamente un conjunto de medidas apresuradas, algunas contradictorias, para convertirlos en un programa y estrategia conjunta y realista de cambios en un contexto de pandemia, de crisis social y de necesaria recuperación económica. Sólo así será posible dar continuidad a la concertación social y favorecer acuerdos amplios en asuntos de Estado. Esto requiere asumir que la pluralidad es inevitable y que la construcción de la propia mayoría no pasa por la destrucción ni del adversario ni el debilitamiento a toda costa del socio político. En democracia la transformación social no vendrá del conflicto orientado hacia el desgaste del otro sino de la búsqueda de un acuerdo permanente para poner en valor tu programa y tu sistema de ideas. La perspectiva diametralmente opuesta a la que describimos.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa

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