La vivienda es un problema social, no una mercancía

La derecha, y los gobiernos, siempre con la misma cantinela: poner más suelo en el mercado. En los últimos días el PP ha realizado una propuesta para atajar el problema de la vivienda. Pero si nos detenemos en lo concreto observamos que todo son propuestas clásicas, que muchas de ellas se hacen desde la oposición, pero no cuando se gobierna.

Se trata de una retahíla de medidas como: avalar la compra de vivienda para menores de 35 años. ¿Los de más de 35 no tienen derecho? ¿O les desaparece el problema cuando cumplen esa edad? Aumentar el parque de vivienda a precio asequible mediante fórmulas de colaboración público privadas. ¿Qué es precio asequible? Más elementos, que no funcionan por falta de posibilidad de gestión de las administraciones: creación de seguros de impago, incentivos fiscales, reducción del IRPF para aquellos que pongan la vivienda en alquiler y bla bla bla, bla ,bla, bla...

Se sigue insistiendo en tratar la vivienda como si fuera un mercado al uso, “desequilibrio entre la oferta y la demanda”, confundiendo una necesidad social con un bien de uso. Por muchas viviendas que se tengan en el mercado, hay personas, ya sea de forma individual o familias, que no tiene capacidad de tener un hogar, y por tanto las administraciones tienen que atender ese problema que es el que influye en lo que comúnmente se entiende como problema de la vivienda. Las personas que tienen capacidad de compra no son el problema, y por tanto no se trata de limitar el número de viviendas para esos colectivos o para inversores, se trata de atender a los que tienen dificultades.

No sigamos empeñados en insistir con la vivienda como si fuera un producto más de mercado. El problema de la vivienda es un problema social y no una mercancía

Por mucho suelo que se ponga en el mercado, por mucha liberalización que se incorpore en la gestión del suelo para agilizar su tramitación, por muchas limitaciones que desaparezcan en la gestión del suelo, por mucho suelo para otras finalidades, como los equipamientos, que se permita utilizar como edificable residencial... Es decir, para la construcción de vivienda, por mucha magnificencia que se le quiera añadir con el rótulo “público/privado”. Por mucho que nos empeñemos por esta vía, y si no que se lo pregunten a los redactores del Real Decreto–ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales. En la exposición de motivos se proponía “con la finalidad de abaratar el suelo disponible”. Pues bien, aquí seguimos. No solo no consiguió el propósito, sino que el suelo se fue encareciendo a una velocidad nunca conocida en el mercado residencial. Buena prueba de ello son los conocidos PAU´s, Arroyo Fresno APE 08.16, Sanchinarro UZI 0.09, Montecarmelo UZI 0.07, Carabanchel UZI0.10, Las Tablas UZI0.08, y algunos otros que se incorporan más tarde en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, que surgen en esos momentos. 

Finalmente, la propuesta estrella: los desalojos en 24 horas. Esta fórmula que, efectivamente, daría mucha seguridad y posiblemente permitiría que una cantidad nada despreciable saliera al mercado del alquiler. ¿Cómo es que cuando se gobierna nadie la pone en marcha? Es curioso que especialmente el PP, que hace alarde de esta fórmula “exprés”, cuando ha gobernado nunca la ha planteado como regulación jurídica que permita esa recuperación tan rápida de la propiedad de la vivienda al producirse una “okupación” o un impago.

Con estas propuestas únicamente conseguiremos que algunos hagan caja, y además caja rápida, pero no resolveremos el problema real de la vivienda. No sigamos empeñados en insistir con la vivienda como si fuera un producto más de mercado. El problema de la vivienda es un problema social y no una mercancía.

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José María De la Riva Ámez es exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.