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Análisis

Adiós al horror, bienvenida a una mejor convivencia

José María Izquierdo

Han buscado los esqueléticos restos de ETA —patético rescoldo de lo que fue— recubrir de heroísmo su retirada de nuestras vidas en estos últimos días, con esa magra representación internacional y unos comunicados tan pomposos como insultantes. Labor inútil, que todo el mundo sabe, ellos mismos mejor que nadie, que si dejaron de matar lo hicieron tan solo porque el Estado de derecho y la indignación de los ciudadanos con tanta muerte y tanto dolor les había acorralado hasta el último rincón de la escombrera de la historia. ETA fue arrollada política y militarmente y ese es el único relato posible, el de la derrota de los terroristas, el fracaso de la muerte como táctica política y la victoria de la democracia.

Comunicado gélido el leído por Josu Ternera, ni una referencia a las víctimas, al daño causado y ni siquiera a sus presos, pero tampoco esperemos mucho de la conciencia de quienes consideraban que el pueblo vasco sería más libre cuantos más muertos se plantaban en las calles de España. Guardias civiles, militares, políticos —sus presuntos enemigos—, pero también niños o personas que desgraciadamente pasaban cerca de una bomba asesina. Sus sentimientos los conocemos, tanto como su incapacidad para reconocer que 60 años de violencia —salvaje en muchos casos— se han saldado con un fiasco estrepitoso. El balance de tanto sufrimiento es conocido: en torno a 3.500 actos terroristas, más de 850 asesinatos, 7.000 heridos y 86 secuestros. Pero también deberíamos incluir en esta siniestra lista a los propios etarras fallecidos mientras montaban bombas, en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o algunos que murieron en dependencias policiales. Las cifras son difíciles de concretar, pero sin duda alguna sobrepasa el centenar. Y todavía quedarían los muertos causados por los grupos de extrema derecha y parapoliciales del Batallón Vasco Español, Triple A, GAE (1975-1981) o los GAL (1983-1987), con más de 60 muertes a sus espaldas. El total pasa de los mil muertos. Y aún queda otra secuela: el paso por la cárcel de centenares de etarras o colaboradores de ETA, con sentencias de decenas de años. Hoy mismo hay casi 300 presos de la banda, y algunos de ellos no saldrán en quince o veinte años. Un auténtico horror.

Y efectivamente, para nada. Ni independencia de Álava, Guipúzcoa, Labort, Navarra, Sola y Vizcaya, en lenguaje etarra, ni estado socialista, ni nada de nada. Pero de toda tragedia siempre se puede —y se debe— sacar algunas conclusiones valiosas. Hay muchas en el caso de ETA. Como observar con cuidado quiénes se opusieron a la violencia con valentía y dignidad intelectual, y quiénes escurrieron el bulto o, incluso, ayudaron con hechos, palabras u omisiones, a los terroristas. Bastará, para ello, leer el reciente comunicado de los obispos vascos y navarros en el que pedían perdón por esas “complicidades”. Conviene, también, echar la vista atrás para recordar, nadie lo hace, que la primera manifestación pública en la calle contra ETA, en 1978, todavía en el posfranquismo, la organizó el Partido Comunista de Euskadi, entonces bajo la dirección de Roberto Lertxundi, con motivo del asesinato del periodista José María Portell. Desde aquella lejana fecha, grandes nombres civiles para una resistencia difícil y en muchos casos heroica: Gesto por la Paz, Foro de Ermua, intelectuales, empresarios, Denon Artean, Basta Ya!...

Al tiempo, las fuerzas de seguridad van profesionalizando y perfeccionando sus métodos de investigación y la presión sobre ETA es tremenda. Se multiplican las detenciones, tanto de comandos operativos como de las distintas cúpulas etarras. El general jefe de Información de la Guardia Civil en la década pasada, Pablo Martín Alonso, cuenta en el documental El fin de ETA que la organización ya estaba exhausta en los últimos tiempos, antes de decretar el alto el fuego. Decía el general que si en el año 2000 Interior calculaba que ETA tenía mil militantes, en 2010 no llegaban a los 50. Téngase en cuenta en esta labor la colaboración de la policía francesa, que tardó mucho en colaborar de verdad con las fuerzas de seguridad españolas. Agotada toda su capacidad operativa, con todos sus cabecillas detenidos uno tras otro, ETA no tenía otra salida que la de rendirse.

Pero hay aún un elemento a considerar en aquella decisión de los terroristas. Porque en los últimos años también se produjeron movimientos políticos que ayudaron a ese final. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como antes lo habían intentado Felipe González y José María Aznar, pese a su jeremíaca e indignante sobreactuación contra los socialistas, inició una vía de negociación con ETA, primero preparada por el socialista Jesús Eguiguren y el dirigente abertzale Arnaldo Otegi en un caserío de Elgoibar, y posteriormente dirigida por el ministro del Interior de Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba. Larga y con muchas vicisitudes, interrumpida en ocasiones por sangrientos atentados, logró al final el objetivo perseguido con inteligencia y tesón y sin ninguna, absolutamente ninguna cesión ante los terroristas, a pesar de lo indignamente vendido por el PP, como se ha demostrado de manera absoluta en estos años. Y es que aquellas conversaciones se saldaron con un éxito fundamental: rompieron la acostumbrada obediencia de Batasuna ante ETA, y obligó a los dirigentes abertzales a tomar la dirección política del proceso, acordando de manera pública el rechazo a la violencia etarra. Fue un hito decisivo. Rubalcaba, en el mismo documental, lo explica muy bien: “Se lo dijimos con claridad a los dirigentes abertzales: o votos o bombas”. Si elegían la primera opción, tendrían la oportunidad de jugar en la vida política de Euskadi. Si se decidían por la segunda, iban a ir a la cárcel uno tras otro.

Y así se llegó, en octubre de 2011, a una situación en la que los demócratas nos hemos encontrado más cómodos. Porque creemos que cualquier reivindicación, incluida por supuesto la independencia del País Vasco, de Cataluña o de Castilla-La Mancha, se puede demandar desde la legalidad y desde la política. Jamás, obviamente, con pistolas y bombas. ¿Todos aceptamos esta realidad? No exactamente, porque hay una parte de la sociedad, bien representada en el Partido Popular, que preferiría que no existiera ese mundo abertzale, que se borrara del mapa y del censo a esos más de 200.000 ciudadanos que siempre, siempre, votan Batasuna, Sortu, Bildu o su equivalente. A estos españolistas recalcitrantes, tan furibundos en sus convicciones como sus fanáticos contrarios, les cuesta admitir la realidad de que hay una parte de vascos que no quiere que Euskadi sea español. Pues solo hay dos posibilidades, o se les deja votar y se aceptan los resultados, enterradas las armas de guerra, o se les empuja con enormes palas barredoras hasta ahogarlos en el Cantábrico. Existir, existen.

¿Y ahora? ¿Qué hacer tras esos comunicados, sus retruécanos y sus omisiones? Pues quizá, lo primero, sea repetir lo que dijimos en octubre de 2011, cuando ETA dejó las armas. Fue entonces su verdadera desaparición, que lo de estos días apenas si son florituras de consumo interno, mensajes atormentados porque sus destinatarios somos tanto sus víctimas como sus presos, que losa sobre losa, ven cómo sus decenas de años de celda se escurren por las torrenteras de la historia. Ya dijimos entonces que bienvenida sea cualquier despedida de los terroristas, que la simple constatación de que no va a haber más tiros, más muertes, más secuestros debe llenarnos de alegría, canto de vida que ha tardado demasiado en llegar y que es cierto que nos obliga a recordar a los asesinados y a sus familiares. Y que ese final, que ellos mismos reconocieran su derrota, era el mejor de los finales posibles. Adiós, ETA, púdrete en los infiernos.

Ningún beneficio deberían obtener los etarras de su rendición, dicen algunas asociaciones y el Gobierno, mientras no pidan perdón y ayuden a resolver los 300 casos todavía sin esclarecer. ¿Tampoco se podría pensar en un acercamiento de presos, castigo indirecto a sus familiares, como han sugerido Iñigo Urkullu o Patxi López? Un poco sorprendente esta exigencia de colaboración con jueces y policías, que han tenido años y años para esclarecer esos crímenes, incluidos los de los GAL, por cierto, nunca investigados en serio. ¿Si en dos décadas no han encontrado pruebas para hallar a los autores de esos atentados, piensan encontrarlas ahora? ¿Les van a dar los casquillos de los proyectiles, que llevaban escrito el nombre de quién disparó? ¿Bastaría con que un etarra dijera que aquel crimen lo cometió Zutanito para creerle? ¿O esperan que se incriminen a sí mismos, y que acudan a las autoridades carcelarias o a las comisarías de España o Francia para contar sus propios atentados?

Debería el Gobierno, a juicio de quien esto escribe, por supuesto, reflexionar en serio y pensar qué camino se debe tomar para mejorar y fortalecer la convivencia en el País Vasco, tan dañada. Ésa es la razón última de cualquier Gobierno y en ello debería afanarse. No estaría mal, para conseguir ese fin, que hablaran con quienes de verdad saben lo que pasa por allí. Por ejemplo, con el PNV. O con el PSE, que ha vivido esa realidad día a día. ¿Y oír a los abertzales, esos demonios de tridente y rabo? Pues claro. Las medidas a tomar son exclusiva responsabilidad del Gobierno, cierto, pero se decide mejor cuando se tiene más información. Que el PP abandone por una sola vez su miserable política partidista y populista, siempre aprovechándose del dolor de todos, sería el deseo de muchos españoles, vascos o no vascos.

  Escépticos. Somos sumamente escépticos.

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José María Izquierdo es, junto a Luis R. Aizpeolea, guionista del documental 'El fin de ETA', actualmente en emisión en Netflix. Ambos son autores del libro del mismo título, 'El fin de ETA' (Espasa. 2017).'El fin de ETA'

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