Memoria histórica

Una alcaldesa del PP, la primera en tomar medidas para retirar simbología franquista

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El Ayuntamiento de Cáceres, donde gobierna con mayoría absoluta el Partido Popular, instará a retirar los escudos franquistas a los propietarios de los inmuebles que luzcan estos símbolos en sus fachadas y, en caso de que concurran razones artísticas o arquitectónicas, propone elaborar un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura para su conservación.

Así lo refleja un acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, que fue alcanzado a principios de marzo por la Junta de Gobierno Local tras la petición del abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, solicitando la retirada de estas insignias y la elaboración de un catálogo sobre los vestigios de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Se trata del primero de los 39 ayuntamientos a los que este abogado se ha dirigido, que anuncia actuaciones concretas para cumplir lo estipulado por la Ley de Memoria Histórica y la orden del Ministerio de Cultura del 6 de noviembre de 2008, que obligan a las Administraciones Públicas a retirar la simbología franquista.

La alcaldesa Elena Nevado, abogada de profesión, ha resuelto también de conformidad con el parecer de la Junta de Gobierno Local dirigirse a los "propietarios del edificio de Trabajo e Inmigración de la Inspección de Trabajo, sito en la Avenida General Primo de Rivera, para que procedan a la retirada del escudo de la fachada del mismo".

Por otra parte, el consistorio dará a los propietarios de los inmuebles un plazo "razonable" para ejecutar la retirada de estos vestigios y alternativamente, cuando concurran motivos artístico-religiosos o históricos, explica que "se puede" elaborar un catálogo para su conservación. "Para poder considerar el valor artístico de estos símbolos, es necesario que sean valorados por la Comisión Técnica del Ministerio de Cultura", concluye.

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, es también senadora del PP por su provincia desde noviembre de 2011. Tras ser elegida parlamentaria de la Cámara Alta, anunció que renunciaría a su sueldo como regidora, de manera que solo cobraría la nómina que le asigne el Senado.

El abogado Eduardo Ranz se dirigió el pasado febrero a 39 ayuntamientos de España pidiendo la retirada de estos objetos conmemorativos, a tenor del artículo 15 de Ley de Memoria Histórica que obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la "exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".

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