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Aministía denuncia en su informe anual la desidia de España para investigar las muertes en residencias

Manifestación en Madrid como protesta a la gestión de las residencias durante la pandemia.

La impunidad frente a las violaciones de derechos humanos en el caso de las residencias de mayores durante la pandemia o en la respuesta del Gobierno tras el intento de salto a la valla de Melilla en junio de 2022 es la principal crítica a España en el Informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. La organización destaca positivamente, sin embargo, los avances en igualdad de género, en los derechos de las personas trans y en memoria histórica, aunque cree necesaria una mayor implicación y compromiso por parte de los partidos políticos para seguir esta línea en el futuro.

En su informe, Amnistía Internacional critica como en nuestro país ha aumentado la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos y a la falta de rendición pública de cuentas sobre ella. En este sentido, denuncia que España no ha “investigado adecuadamente” las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia de covid-19. La organización censura que se han archivado el 90% de las denuncias de la Fiscalía sobre el tema, pese a que desde la Fiscalía General del Estado se habían reconocido “violaciones de derechos humanos” en las residencias. Igualmente, no se establecieron a nivel nacional comisiones de investigación específicas, y las desarrolladas en las comunidades autónomas no llegaron a ninguna conclusión clara. En materia sanitaria, la ONG considera insuficiente la inversión que realizan las comunidades autónomas, sobre todo en Atención Primaria, donde nuestro país queda “muy lejos” del 25% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. 

Otro de los momentos en los que Amnistía observa esta falta de rendición de cuentas fue en el intento de salto a la valla de Melilla por parte de inmigrantes subsaharianos ocurrido el 24 de junio del año pasado, donde murieron al menos 37 personas y más de 470 fueron expulsadas ilegalmente. “Las autoridades españolas y marroquíes emplearon fuerza ilegítima y cometieron actos que podrían ser constitutivos de tortura y otros malos tratos para reprimir el intento de un numeroso grupo de personas de entrar en España”, resalta el informe, que concluye la existencia de “violaciones graves de derechos de personas refugiadas y migrantes” en nuestro país.

En cuanto a la libertad de expresión, Amnistía Internacional considera una “oportunidad perdida” el rechazo a la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza. Además, la organización considera que las autoridades continúan haciendo un mal uso de esta legislación al observar un aumento de multas por figuras imprecisas como “faltas de respeto y consideración a la autoridad” y “desobediencia o resistencia a la autoridad”.

En el otro lado de la balanza, la ONG reconoce los avances de España en materia de igualdad, tanto de género como de derechos LGTBI. Así, destacan la ley del solo sí es sí, la cual consideran “un gran paso para la prevención, atención y protección” de las víctimas de la violencia sexual, y la modificación de la Ley del Aborto, que “mejora el acceso al aborto en España y supone un reconocimiento más amplio del derecho” a la interrupción voluntaria del embarazo. Por otro lado, la ley trans constituye, para Amnistía Internacional, otro gran avance en los derechos humanos ya que reconoce la autodeterminación de género y elimina trabas para conseguir el cambio en el registro. Pese a esto, la organización también muestra su preocupación por el incremento de mujeres asesinadas por violencia de género en nuestro país.

En materia de protección de derechos sociales, el informe ve muy positiva la nueva Ley de Vivienda, que por primera vez en democracia reconoce el derecho a la vivienda como un derecho humano, en línea con la ONU y con la Constitución Española, y la prórroga a la paralización de los desahucios realizada por parte del gobierno a las personas económicamente vulnerables. Sin embargo, no considera suficientes ambas medidas para conseguir la protección integral del derecho a la vivienda, el cual se ha visto golpeado por el aumento en el precio de la energía, señalando que un 14,3% de la población no puede permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada, frente al 10,9% de 2020. El informe pone además énfasis en la situación de pobreza en la Cañada Real de Madrid, donde 4.500 personas viven sin electricidad.

Por último, Amnistía Internacional pone en valor la Ley de Memoria Democrática promulgada por el Gobierno para actualizar la anterior Ley de Memoria Histórica. En el informe se pone en valor la atribución al estado de la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo y la anulación de las sentencias dictadas por motivos políticos. Además, califica como positiva la nueva Ley de Secretos Oficiales, la cual deroga la anterior legislación del año 1968, todavía de época franquista, eliminando así un obstáculo para el acceso a la justicia. 

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A nivel internacional, el informe pone el foco en la “incapacidad” del sistema internacional para responder a la invasión rusa de Ucrania. La organización critica la incapacidad de todos los estados para unirse en favor de la protección de los derechos humanos y el “doble rasero” de occidente, uniéndose para combatir a Rusia pero guardando silencio cuando las vulneraciones de derechos humanos que se producen por parte de sus aliados. 

En cuanto a la guerra de Ucrania, Amnistía Internacional denuncia desplazamientos masivos, crímenes de guerra, inseguridad energética y alimentaria en todo el mundo y el peligro de la guerra nuclear. Sin embargo, el informe no se queda en el conflicto europeo y pone el foco también en la solución de guerras en Etiopía, Myanmar y Yemen, además de en el “apartheid” contra los palestinos de Israel y en las trabas impuestas por China a la comunidad internacional para investigar crímenes de lesa humanidad en su territorio.

En el terreno de los derechos de las mujeres, el informe advierte cómo estos “sufren las peores consecuencias” ante la inacción de los estados. Así, pone de ejemplo de este retroceso la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que restringe el derecho al aborto o la prohibición del mismo en algunos estados del propio país. También denuncia la gran regresión sufrida por las mujeres en Afganistán, derivada de la legislación talibán en aspectos como la educación, el trabajo o la autonomía personal, y en Irán, cuya reacción ha sido una ola de manifestaciones contra la “policía de la moral” después del asesinato por parte uno de ellos de Mahsa Amini por llevar, supuestamente, mal colocado el hijab

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