Amnistía Internacional calcula 93 sanciones diarias en 2016 por la aplicación de la 'ley mordaza'

Han pasado ya dos años de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana (LOSC), más conocida como ley mordaza. Y, ante la pérdida de "intensidad política" en relación con este tema, Amnistía Internacional decidió salir a la calle este jueves para incrementar la presión sobre los grupos políticos y exigirles que deroguen una normativa cuya aplicación en 2016, según sus cálculos, supuso la imposición de alrededor de 34.000 sanciones, unas 93 diarias. "Se ha dañado el derecho de reunión y manifestación", criticó Esteban Beltrán, director de AI.

Con el objetivo de denunciar las consecuencias de la ley mordaza, miembros de la organización y de diferentes colectivos, tras ser identificados por la Policía, se concentraron frente a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, donde desplegaron una pancarta en la que denunciaban que "la mordaza" y la "arbitrariedad de los agentes" de la Policía "violan derechos humanos". Tras esto, presentaron el análisis España: los activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira.

El estudio cifra en 34.000 el número de "sanciones amparadas por el derecho de reunión, expresión e información" durante 2016. De ellas, la organización señala que más de 12.000 corresponden a la infracción recogida como "desobediencia o resistencia a la autoridad", castigada con una multa de entre 601 y 30.000 euros. "Algunas de las sanciones se han impuesto en el contexto de manifestaciones o actos de protesta en los que no ha habido ningún tipo de incidente violento o altercado", apuntan.

En este sentido, también calculan que casi 19.500 multas fueron impuestas por "faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad" –art. 37.4 de la LOSC– un precepto que para la organización "otorga una gran discrecionalidad al agente del orden, ya que la interpretación queda bajo su consideración". Según los datos del Ministerio del Interior recogidos por AI, en 2016 el importe total de las sanciones por este motivo superó los tres millones de euros.

Desmovilización de la ciudadanía

El miedo a recibir una multa, aseguran, hace cada vez más complicado "salir a la calle a protestar y reclamar derechos".  Y la desmovilización, afirman, es la "primera consecuencia" de la Ley de Seguridad Ciudadana. "Ha conseguido amordazar a más gente de la que ha multado", sostiene el informe, que recoge el testimonio, entre otros, de Sara López, una de las personas que presta asesoría jurídica en Legal Sol. "Las identificaciones masivas durante manifestaciones o concentraciones (...), consiguen que la gente normal y corriente se desmovilice", señala la letrada.

En este sentido, Beltrán recordó que el número de protestas se ha reducido de las 37.000 en 2014 a las 28.000 en 2016. Aunque el director de Amnistía Internacional reconoció que no se puede atribuir todo este descenso a la citada ley, apuntó que el hecho de que la Policía pida los datos "a todo el mundo" que protesta en la calle "pacíficamente" y que se abra la puerta a sanciones de entre 601 y 30.000 euros irremediablemente tiene "un efecto disuasorio".

"Toda esta ley está basada en la arbitrariedad policial", aseveró el director de la organización, que añadió: "Hoy hemos visto cómo en una reunión pacífica como esta nos han pedido a todos el carné de identidad como muestra de la arbitrariedad policial absoluta". Ante esto, apostilló que "la arbitrariedad policial no puede continuar así" y pidió que se aprenda de países como Holanda o Reino Unido, donde existen "mecanismos independientes de investigación policial de esos abusos".

Periodistas y activistas, en el punto de mira

En el análisis, Amnistía Internacional denuncia que la ley mordaza "se está utilizando" contra el activismo social, específicamente "contra activistas que defienden el derecho a la vivienda". En esta línea, critica que la normativa está "obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica". "Acumulo un total de 3.000 euros en multas única y exclusivamente por intentar detener desahucios. La mayoría de las sanciones vienen argumentadas en base a desconsideración al agente de la autoridad o falta de respeto", contó a los medios Ricardo Rosado, miembro de PAH Parla.

Además, la organización en defensa de los derechos humanos afirma también en el informe que la Ley de Seguridad Ciudadana "daña el derecho a la información". "Las limitaciones a la distribución de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad del Estado están impidiendo el ejercicio del derecho a la información", critican. En este punto, y tirando de la estadística oficial que ofrece el Ministerio del Interior, recuerdan que de julio a diciembre de 2015 se impusieron 12 sanciones por este motivo, una cifra que se eleva hasta 32 durante 2016.

"En el momento en el que cortas la libertad de información estás cercenando la democracia", aseveró la periodista Cristina Fallarás, multada con 601 euros durante una protesta frente a la Embajada de México. También cargó contra la normativa Yolanda Quintana, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información: "Todas las sanciones contra periodistas e informadores son inconstitucionales". En este sentido, recordó que "en todos los casos que hemos documentado y trasladado a la Defensora del Pueblo, esta institución consideró que la Policía no había cumplido los criterios de constitucionalidad exigibles".

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Los cambios necesarios

Por todo ello, Amnistía exigió frente a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana que se revise "en profundidad" la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión y la ley mordaza. Así, pidieron que se eliminen "aquellos artículos que puedan limitar o interferir" de forma "desproporcionada" en el "ejercicio de derechos humanos" como la libertad de reunión, expresión e información. En concreto, la organización exigió que se ponga punto y final a la imposibilidad de celebrar reuniones espontáneas o a las prohibiciones genéricas para celebrarlas en determinados lugares.

Tras haber sido indentificados, señaló la portavoz de la Plataforma No Somos Delito, Alba Villanueva, nadie "nos asegura hoy aquí que mañana no vayamos a recibir una multa por lo que sea que manifieste la Policía y alegue en el atestado". Se mostró descontenta con las propuestas de reforma que se han planteado en el Congreso de los Diputados y anunció que el colectivo ya está trabajando –y manteniendo reuniones– para elaborar un texto en el que, entre otros aspectos, "el testigo Policía" no esté "por encima del de la ciudadanía". "Tenemos que tener derecho a la presunción de inocencia", sentenció.