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Caso Púnica

Anticorrupción asegura que Granados cobraba “un peaje” a los empresarios por recalificar suelo y vivienda protegida

El número dos de la trama Púnica, David Marjaliza, aseguró en su declaración al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que el presunto líder de la red corrupta, Francisco Granados, aprovechó sus cargos en la Comunidad de Madrid para controlar las ventas de suelo del Gobierno regional y la adjudicación de vivienda protegida y de obra civil, para solicitar "el pago de un peaje a los empresarios interesados en dichas adjudicaciones para la consecución de las mismas".

Esta confesión, que se conoce gracias a un escrito de 19 de noviembre de 2015 de la Fiscalía Anticorrupción dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que consta en el sumario hecho público este jueves, es solo una parte de las más de 13 horas de testimonio de Marjaliza, cuyo contenido permanece secreto, por las que el juez Velasco acordó la rebaja de la fianza del número dos de la trama, que ahora está en libertad después de haber abonado una caución de 100.000 euros.

El mencionado escrito de Anticorrupción asegura, citando las palabras de Marjaliza, que Granados "no sólo atesoró un abultado patrimonio por sus ilícitas actuaciones desde la alcaldía [de Valdemoro, Madrid], sino que aprovechó sus continuados cargos públicos en la Comunidad de Madrid para situarse al frente de la sociedad pública Arpegio y para gestionar fondos denominados del Plan Regional de Inversiones y Servicios (Prisma)".

Cooperativas de viviendas

Tal y como adelantó infoLibre, la Agencia Tributaria investiga a dos cooperativas de viviendas de Getafe (Madrid) por su posible vinculación con la trama de Granados, según consta en un informe de Hacienda de 13 de noviembre de 2014.

Se trata en concreto de Lares del Sur Sociedad Cooperativa Madrileña y de Altamira Sociedad Cooperativa, que según la Agencia Tributaria abonaron en total 4.281.677 euros a empresas que la investigación vincula con la red corrupta encabezada por el ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados. "Hay que conocer la razón de dicha facturación", adelantaba el informe realizado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Colegios privados y concertados

Asimismo, el magistrado Velasco investiga a seis empresas que la Guardia Civil vincula con la trama Púnica porque se embolsaron más de 222 millones por la construcción de 13 colegios privados y concertados, según consta en otro informe de la Agencia Tributaria.

Asimismo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza la adjudicación de contratos por parte de la Consejería de Familia madrileña, por un valor superior a los 56,3 millones, a la empresa Atención Social y Estancias Residenciales (Grupo Aser).

Entre los contratos sospechosos por su implicación en la Púnica se encuentran los realizados por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), dependiente de la Consejería de Sanidad madrileña, que pagó en 2006, 2007 y 2009 un total de 10,7 millones a Obrum Urbanismo y Construcciones.

Ayuntamiento de Valdemoro

El mencionado escrito de Anticorrupción de 19 de noviembre de 2015 destaca también las presuntas irregularidades cometidas por la red corrupta en el Ayuntamiento de Valdemoro, considerado el epicentro de la trama Púnica. Como por ejemplo la existencia de importantes comisiones solicitadas y recibidas por recalificaciones urbanísticas y por ventas de parcelas municipales.

Pero también por la concesión de viviendas protegidas y por la adjudicación de contratos públicos de obra y servicios, "amañados a favor de las sociedades vinculadas a los empresarios David Marjaliza y Ramiro Cid Sicluna, por los que ocuparon el cargo de alcalde de Valdemoro, Francisco Granados y José Miguel Moreno".

Y esta forma de actuar, completa Anticorrupción en su escrito a la Sala, generó en favor de los investigados "una importante cantidad de dinero en efectivo que permanece oculto".

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