Corrupción

Anticorrupción pide una fianza civil de seis millones para la responsable de un consorcio de formación

Juez Mercedes Ayala.

infoLibre

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de más de seis millones de euros para la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, María de la O Ustarán, una de las 16 personas detenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Barrado' por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía.

En este sentido, fuentes del caso han informado de que, tras acogerse a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha pedido que se imponga a esta detenida una fianza civil de más de seis millones de euros. Una vez finalizada esta comparecencia, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla la ha dejado en libertad con cargos.

Asimismo, han quedado en libertad con cargos la exdelegada de Empleo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez, cuyo abogado ha defendido su "absoluta inocencia", y la exdelegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda, para quienes la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado ninguna medida cautelar de carácter real ni personal después de que ambas se hayan negado a declarar.

La tarde de este miércoles también ha comparecido ante la magistrada la hasta ayer delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Sevilla Aurora Cosano.

Hay que recordar que la instructora dejó en libertad con cargos la madrugada de este miércoles a las exdirectoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara –para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón de euros– y María Teresa Florido; a la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete, y a la exdirectora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela.

Florido, para quien el Ministerio Público no pidió ningún tipo de medida cautelar, es cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda, también imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

En este caso, la juez investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, han añadido las fuentes, que han indicado que la operación se denomina 'Barrado' porque en el sistema contable de la Junta existe un documento con dicho nombre cuyo objeto es anular total o parcialmente otro documento contable de la misma naturaleza.

Hasta 13 de los detenidos son altos cargos o ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los hasta ayer delegados provinciales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente, quienes fueron inmediatamente apartados de sus funciones tras conocerse sus detenciones.

En el marco de esta operación, los agentes de la Guardia Civil han detenido también al ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, y al ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes.

Asimismo, hay detenidos siete ex delegados provinciales de Empleo, como son el de Sevilla, Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el ex delegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza; el de Málaga, Juan Carlos Lomeña; el de Córdoba, Antonio Fernández, y las ex delegadas de Empleo en Almería, Jaén y Granada. En Málaga, y además de al ex delegado provincial de Empleo, la Guardia Civil detuvo al ex director gerente y a la presidenta de la UTE gestora de Ciomijas, mientras que en la provincia de Huelva fue detenida también la ex directora gerente del consorcio Formades.

Secreto partcial de las actuaciones

En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma".

Susana Díaz admite que fallaron los controles en el caso de los ERE

Susana Díaz admite que fallaron los controles en el caso de los ERE

En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero "se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación", señalando que "del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando".

En este sentido, indica que, "analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes".

Todo ello "atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".

Más sobre este tema
stats