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La Iglesia indemniza desde hace años en otros países mientras las víctimas de abusos siguen esperando en España

El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, en una reunión de la Comisión Permanente.

La primera gran investigación oficial sobre pederastia en el seno de la Iglesia española no arroja ninguna cifra concluyente de abusos o agresiones sexuales. Al fin y al cabo, no formaba parte del cometido del Defensor del Pueblo realizar un cálculo cerrado sobre el número de casos durante las últimas décadas. Pero eso no quita que el estudio no sea muy revelador en muchos aspectos. Así, habla de las "dinámicas de encubrimiento y ocultación" de esta lacra por parte de la jerarquía eclesiástica. Y de la falta de reparación a las víctimas que sufrieron este infierno. Por eso plantea, entre otras medidas, poner en marcha procedimientos de compensación económica. Una factura que la Iglesia ya ha tenido que afrontar en algunos países.

La Conferencia Episcopal Española emitió este jueves, un día después de hacerse público el informe del Defensor, un comunicado en el que únicamente señalaba que trabajará “conjuntamente en la reparación integral de las víctimas” y profundizará “en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos”.

La institución religiosa rara vez ha puesto dinero sobre la mesa para reparar el daño causado. O, al menos, eso es lo que se desprende de la información facilitada al Defensor del Pueblo. Pocas diócesis u órdenes religiosas, al contrario de lo que señalaron las víctimas, afirmaron haber pagado indemnizaciones. "La posibilidad de obtenerla por la vía judicial, se ve obstaculizada por una serie de dificultades, entre las cuales se encuentran las de poder seguir un procedimiento contra la persona abusadora o contra una entidad que pueda ser declarada como responsable civil subsidiario, el riesgo de no obtener una sentencia condenatoria, la muerte del perpetrador o la prescripción", señala el informe del órgano constitucional.

Este último elemento, la prescripción, es uno de los principales muros con los que se encuentran las víctimas cuando acuden a los tribunales. Los colectivos llevan años reclamando una reforma normativa que fije la imprescriptibilidad de este tipo de delitos. Sin embargo, el Defensor del Pueblo considera que eso "no podría dar respuesta" a las demandas de justicia de las víctimas de delitos cometidos hasta el momento del cambio legal: "No podría aplicarse con efectos retroactivos". A pesar de ello, Miguel Hurtado, miembro de la Plataforma Tolerancia 0, insiste en la necesidad de dar ese paso. "Si hemos roto el silencio es para que lo que nos ha sucedido a nosotros no le vuelva a pasar a las nuevas generaciones", apunta en conversación con infoLibre.

La compensación es, por tanto, uno de los pilares sobre los que se apoya el trabajo del Defensor del Pueblo. Para ello, plantea la creación de un organismo "de carácter temporal" en el que el Estado y la Iglesia "colaborasen en el reconocimiento y reparación" de las víctimas de delitos prescritos, "con recursos económicos y procedimientos específicos". Mediante ese organismo, la Iglesia "podría asumir la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones" y el Estado "podría aportar recursos materiales y económicos para los gastos operativos del organismo e incluso para sufragar una parte de las compensaciones". Un organismo que, desliza el informe, estaría regido por un "patronato mixto" Estado-Iglesia, quien sería el encargado de elegir a los expertos.

Es de traca. No tuvimos bastante con el rescate de los banqueros que ahora tenemos que pagar la factura de la pederastia clerical

Miguel Hurtado — Víctima de abusos

Para el órgano constitucional esa vía ofrece "muchas ventajas". Por un lado, la Iglesia asumiría la "responsabilidad principal" del "reconocimiento y reparación", contribuyendo a ello las distintas diócesis y congregaciones en función del número de casos. Mientras, el Estado "garantizaría" con su "apoyo jurídico y económico" que la tarea concluyese "satisfactoriamente". Además, "las víctimas tendrían una ventanilla única a la que acudir, en lugar de cientos" –existen setenta diócesis y más de cuatrocientos institutos de vida consagrada–. Y la respuesta "sería uniforme y con arreglos a estándares transparentes y profesionales". Para la fijación de la reclamación se usarían "procedimientos de mediación". Y si no hay acuerdo entre las partes, "procedimientos arbitrales".

En caso de que la Iglesia se negara a colaborar, el estudio plantea el establecimiento de un "procedimiento declarativo específico" en el que, tras escuchar a la víctima, se dictase "un pronunciamiento expreso" que otorgue a la misma "un reconocimiento y las medidas reparadoras que sean adecuadas", como pueden ser las compensaciones económicas o la fijación de prestaciones de asistencia terapéutica "que correrían a cargo de las instituciones públicas". Una posibilidad que rechaza de forma categórica Hurtado, primer denunciante del caso de abusos en Montserrat. "Es de traca. No tuvimos bastante con el rescate de los banqueros que ahora tenemos que pagar la factura de la pederastia clerical", dice.

El centro de arbitraje belga y los baremos

La comisión mixta de la que habla el Defensor del Pueblo está inspirada en la respuesta que se dio en Bélgica a los abusos. Allí, el Parlamento creó hace más de una década un centro de arbitraje con la idea de dar una respuesta a los casos de abusos ya prescritos. La Iglesia asumió dos tercios de los costes de la institución, además de las indemnizaciones acordadas por el órgano. La mayor parte de los casos que fueron llegando a ese centro de arbitraje se resolvieron mediante un procedimiento de mediación entre la víctima y una fundación vinculada a la institución eclesiástica, la Fundación Dignidad, que luego intenta recuperar el dinero del organismo responsable y éste, si es posible, del autor del delito.

Para otorgar las compensaciones se requería que los hechos fueran probados o presentasen "un alto grado de verosimilitud". Además, se estableció un baremo que fijaba unas determinadas cantidades en función de la gravedad de los hechos. Para los casos más leves se estableció un máximo de 2.500 euros. Para los más graves, de 25.000 euros. Una cifra "insultante" para Hurtado. Hasta 2017, la Iglesia belga, según un informe oficial, había pagado 4,57 millones de euros a las víctimas: 2,99 millones en relación a denuncias llegadas al centro de arbitraje y 1,58 millones a través de las reclamaciones recibidas en los puntos de contacto creados paralelamente por la institución religiosa. En la actualidad, medios como De Morgen hablan ya de unos seis millones.

En Países Bajos se establecieron cinco niveles de compensación. El más bajo fija, como máximo, 5.000 euros. Y de ahí, la cantidad va aumentando progresivamente

Algo más generoso es el baremo francés, que oscila entre los 5.000 y 60.000 euros en función de la gravedad del abuso y el impacto que tuvo para la víctima. En el país vecino, la Conferencia Episcopal decidió en noviembre de 2021, poco después de conocerse el informe de la Comisión sobre Abusos en la Iglesia Católica (Ciese), poner en marcha la Institución Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación (INIRR, por sus siglas en francés). Hasta el pasado mes de marzo, el INIRR había dictado 190 decisiones de compensación económica. Para hacer frente a la factura, la Iglesia gala creó un fondo de 20 millones de euros, el Fonds Selam, que se nutre fundamentalmente de las diócesis. Hasta el pasado mes de junio, ya se habían desembolsado 6,9 millones.

En Países Bajos se establecieron cinco niveles de compensación. El más bajo fija, como máximo, 5.000 euros. Y de ahí, la cantidad va aumentando progresivamente. Un tocamiento de partes íntimas se indemniza con 7.500 euros. Si éste, además, se extiende en el tiempo, la horquilla se mueve entre los 10.000 y los 20.000 euros. En el caso de violación, la indemnización se sitúa en los 25.000 euros. Y, por último, si esa agresión sexual ha provocado en el reclamante una pérdida financiera "sustancial", el baremo contempla un último escalón de hasta 100.000 euros.

En Alemania la compensación se calcula en función de un baremo establecido que prevé prestaciones de hasta 50.000 euros, si bien en los casos excepcionales se puede superar dicha cifra

Tras el informe de la Comisión Deetman, una investigación encargada por la Iglesia holandesa que sacó a la luz entre 10.000 y 20.000 víctimas de agresiones por parte de unos ocho centenares de religiosos, se creó un centro de denuncias que, gestionado por una fundación independiente, tenía entre sus tareas establecer las compensaciones económicas para las víctimas. Hasta su disolución a finales de 2017, según el balance oficial, 860 víctimas solicitaron una indemnización. En total, el montante pagado ascendió a 27,7 millones de euros.

Algo más ha tenido que rascarse el bolsillo la jerarquía eclesiástica germana. En Alemania, el procedimiento compensatorio se realiza en dos pasos. En primer lugar, las víctimas deben presentar solicitudes ante personas de contacto de la Iglesia, quienes las tramitan y realizan una "comprobación de plausabilidad" de los hechos. Una vez hecho esto, el caso se envía a una institución independiente, presidida por la expresidenta del Tribunal Superior de Colonia, para que fije la compensación que corresponde. Lo hace, de nuevo, en función de un baremo establecido, que prevé prestaciones de hasta 50.000 euros, si bien en los casos excepcionales se puede superar dicha cifra. En 2021 y 2022, este órgano dio el visto bueno a 1.809 solicitudes, lo que supuso un pago de 40,07 millones de euros.

De las bancarrotas estadounidenses a la factura irlandesa

La factura a la que ha tenido que hacer frente la jerarquía eclesiástica por los casos de agresiones varía enormemente en función del país. En Australia, por ejemplo, la Iglesia había pagado hasta 2017 a las víctimas unos 200 millones de euros. En Estados Unidos, por otra parte, se han combinado investigaciones judiciales, académicas, de varias diócesis y del propio Vaticano. La Iglesia de EEUU había pagado en 2015 más de 3.500 millones de euros, según una recopilación de datos del National Catholic Reporter. El pasado mes de agosto, la archidiócesis de San Francisco se declaró en bancarrota tras acumular en los tribunales medio millar de denuncias. Antes, habían hecho lo mismo la de Ogdensburg, Buffalo, Rochester, Syracusa, Albany o Rockville. Una lista a la que, en septiembre, se unió la de Baltimore.

En Australia la Iglesia había pagado hasta 2017 a las víctimas de abusos unos 200 millones de euros

En Irlanda el avispero comenzó a agitarse a finales de la década de los noventa, cuando la RTE emitió una serie de documentales en televisión denunciando el abuso físico y sexual al que eran sometidos los muchachos en las instituciones de la Iglesia. Entonces, el Gobierno irlandés puso en marcha una investigación. Y en 2002 acordó con el Estado pagar unos 120 millones. Una cantidad irrisoria si se tiene en cuenta que la factura en suelo irlandés podría oscilar entre 828 y 1.300 millones de euros. En resumen, que el grueso de la compensación recaería sobre los hombros de los contribuyentes.

La Iglesia se abre a contribuir

Para Hurtado sería intolerable que recayera sobre el Estado parte de la factura. Igual que lo sería, añade, que se acordasen unas compensaciones ridículas. "Por tanto, habrá que ver dos cosas. La primera, si colabora o no. Y la segunda, si se fijan indemnizaciones dignas o solo simbólicas", resalta. En caso de que la jerarquía eclesiástica se cierre en banda, el miembro de la Plataforma Tolerancia 0 recuerda que el Estado cuenta con mecanismos de presión. Por ejemplo, a través de los ingresos públicos que le llegan a la Iglesia anualmente a través del IRPF. En el ejercicio fiscal de 2021, más de 8,5 millones de españoles marcaron el año pasado la "casilla de la Iglesia" en la declaración de la renta, lo que le supuso un ingreso de más de 320 millones de euros.

La Conferencia Episcopal Española ha abierto la puerta a arrimar el hombro para reparar, también económicamente, a las víctimas. Ahora bien, poniendo ciertas condiciones

Y eso al margen de otras muchas vías de apoyo público del Estadoeducación concertada, profesores de Religión en la pública, rehabilitación de templos, exenciones fiscales, capellanes en hospitales... "Y si no, que vendan propiedades, como planteó en su día la Iglesia francesa. Si han inmatriculado media España. La Iglesia es la mayor inmobiliaria del país", asevera Hurtado.

La Conferencia Episcopal Española (CEE), por el momento, ha abierto la puerta a arrimar el hombro para reparar, también económicamente, a las víctimas. Ahora bien, poniendo ciertas condiciones. "Si se constituye un fondo para reparar por parte de las autoridades públicas, estaremos dispuestos a colaborar en el mismo si hay una integración también de los otros ámbitos donde hay abusos. Si eso no fuera así, la Iglesia, como de hecho ya está haciendo, tendría su proceso de reparación integral para las propias víctimas", ha señalado este martes en la rueda de prensa posterior a la Asamblea General extraordinaria de los obispos el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.

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