A José Antonio Griñán, de 76 años, expresidente de la Junta de Andalucía, exministro del Gobierno de España y expresidente del PSOE, condenado a seis años de prisión, se le acaban los cartuchos. Paso a paso, se acerca a la cárcel. Aunque su defensa aún no agotado todas las vías, las opciones se estrechan hasta casi desaparecer. Este martes su intento de evitar la pérdida de libertad ha sufrido un varapalo. La Audiencia de Sevilla ha rechazado que mientras se tramitan las solicitudes de indulto de Griñán y otros siete condenados –entre ellos cuatro exconsejeros– por malversación de fondos públicos en el caso de los ERE se congele la ejecución de sus sentencias. Es decir, rechaza que se suspenda la entrada en prisión de Griñán y el resto hasta que el Gobierno decida sobre las medidas de gracia. Y lo hace alegando, entre otros motivos, la "alarma social" en la opinión pública ante un caso de "corrupción política".
La decisión golpea a Griñán, pero también a los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo; fue secretario general del PSOE de Sevilla), Carmen Martínez Aguayo (Economía y Hacienda; fue mano derecha Griñán), Francisco Vallejo (Innovación; llegó a sonar como sucesor de Manuel Chaves en la presidencia de la Junta) y Antonio Fernández (Empleo) y a los ex altos cargos Agustín Barberá, Miguel Ángel Serrano y Jesús Rodríguez, todos ellos condenados a entre seis y siete años de cárcel. La excepción es el también ex alto cargo de la Junta Juan Márquez, condenado a 3 años, cuyo ingreso en prisión sí queda suspendido por la Audiencia mientras se tramita su indulto.
Ahora las defensas tienen dos días para presentar sus recursos ante la misma sala de la Audiencia que dicta el auto. Fuentes jurídicas coinciden en que las posibilidades de dar la vuelta a la decisión de la sala son a priori ínfimas, no sólo porque en la inmensa mayoría de casos estos recursos de súplica no prosperan, sino porque en esta ocasión es poco probable que quede argumentación nueva que aportar. Si, como es previsible, los magistrados reafirman su decisión y hacen definitiva e inapelable la denegación de la suspensión, el siguiente paso será requerir a los condenados para notificarles sus condenas, momento a partir del cual tendrán diez días para entrar voluntariamente en prisión, explica el TSJA. No es que la Audiencia haya dado ya diez días a Griñán y a los otros siete para entrar en prisión, como interpretaron algunos medios, sino que esos diez días contarán a partir de que se personen ante la sala una vez el auto sea firme.
Si el guión de la Audiencia no se tuerce, en breve podríamos asistir al ingreso en prisión de una figura capital del socialismo andaluz, así como de cuatro exmiembros más del Gobierno andaluz. Sería un mazazo para el PSOE, especialmente para la federación andaluza que dirige Juan Espadas.
Un abogado defensor, no obstante, señala que todavía no es inevitable el ingreso en prisión. Además del recurso ante la Audiencia, afirma, queda la posibilidad de que el Supremo ordene la suspensión de la ejecución hasta que resuelva los incidentes de nulidad planteados al menos por las defensas de Griñán, los exconsejeros Antonio Fernández y Martínez Aguayo y el ex alto cargo Agustín Barberá. El propio abogado admite no tener excesivas esperanzas en esta vía. No obstante, la batalla judicial continuaría, ya que una vez resueltos desfavorablemente a los condenados los incidentes de nulidad es posible interponer recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional, al cual también se le puede reclamar la suspensión de la ejecución de la sentencia. Esto, no obstante, sería ya con los condenados en prisión, señala este abogado. A todas estas opciones se suma, claro está, la del Gobierno, que tiene en su mano indultar a los condenados.
El auto de los magistrados de la sección primera Pilar Llorente, Patricia Fernández y Enrique García llega en medio del debate sobre una posible modificación del delito de malversación. El portavoz del Gobierno andaluz, Antonio Sanz (PP), acusó al PSOE de querer beneficiar con la reforma a Griñán y al resto de condenados por malversación en los ERE.
A la espera de indulto
Los nueve condenados habían solicitado la suspensión de su ingreso en prisión mientras el Gobierno decide si les concede o no el indulto, que todos ellos han pedido al Ministerio de Justicia. "No es causa suficiente para suspender la condena [...], pues bastaría con la solicitud [...] para impedir el cumplimiento de una sentencia firme", señalan los jueces, que recalcan que, de acuerdo con la doctrina constitucional, la suspensión debe ser "excepcional y de aplicación restrictiva" sólo en casos en que el ingreso en la cárcel pudiera tener tener efectos irreparables sobre los "derechos fundamentales" del reo.
A juicio de los magistrados, no es el caso de ocho de los nueve condenados por malversación. Tampoco de Griñán, que tiene pendiente una pena de seis años de prisión por malversación. Su caso ha sido polémico, sobre todo porque la malversación quedó establecida pese a que no se produjo lucro personal ni de allegados suyos. Dos de los cinco jueces del Supremo vieron un "salto al vacío" la condena por malversación a Griñán, que mantiene el apoyo del PSOE. El voto particular de las dos magistradas discrepantes se presenta como un asidero clave para un posible recurso de amparo ante el Constitucional, ya que sostiene que no hay pruebas de que Griñán supiera que el dinero estaba siendo malversado. Ahí ve su defensa un camino para defender que hubo vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
La "alarma social" exige el "cumplimiento"
La Audiencia recuerda que los ocho condenados cargan con "penas de prisión de larga duración" por delitos "cometidos por empleados públicos, que entre sus funciones tenían encomendadas la gestión de fondos públicos, lo que hace que la alarma social producida por este tipo de delitos de 'corrupción política' exija el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes".
Los jueces descartan argumentos de las defensas como el hecho de que se hayan presentado presentado incidentes de nulidad ante el Supremo que están pendientes de resolución o que hayan transcurrido ya hasta más de 20 años desde los hechos delictivos, ocurridos entre 2000 y 2009, etapa en la que se produjo el reparto sin control suficiente de al menos 680 millones de euros. "Si bien es cierto que ha transcurrido un gran lapso [...], no lo es menos que se trata de una 'macrocausa' con muchos investigados", señalan los magistrados, que excusan la demora por la "complejidad" del caso y recuerdan que ya se apreciaron unas "dilaciones indebidas" atenuantes. "El transcurso del tiempo no es motivo para la concesión de la suspensión solicitada", señala la Audiencia, que no estima que la inexistencia de antecedentes penales desaconseje el ingreso en prisión, dada la "gravedad y extensión de las penas". En el caso de Griñán, su abogado defensor, José María Calero, había alegado circunstancias relativas a su "estado físico y edad", 76 años. La Audiencia no lo ve "relevante".
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El único caso distinto es el de Juan Márquez, por la menor gravedad de su condena, a 3 años. Ello, sumado a la falta de antecedentes penales, sí aconseja a la sala a proceder "por un tiempo prudencial de un año" a la suspensión del ingreso en prisión, a espera de que el Ministerio de Justicia decida sobre el indulto.
Griñán y Chaves
La notificación del auto se produce el mismo día en que Griñán, el también expresidente Chaves y otros condenados como Juan Márquez y Antonio Fernández han recogido en la Audiencia los requerimientos personales relativos al cumplimiento de sus penas de inhabilitación, que se suman a las de prisión salvo en el caso de Chaves.
El que fuera presidente entre 1990 y 2009, a diferencia de Griñán, sólo fue condenado por prevaricación, y no por malversación, con lo que su condena es de inhabilitación, no de cárcel.
A José Antonio Griñán, de 76 años, expresidente de la Junta de Andalucía, exministro del Gobierno de España y expresidente del PSOE, condenado a seis años de prisión, se le acaban los cartuchos. Paso a paso, se acerca a la cárcel. Aunque su defensa aún no agotado todas las vías, las opciones se estrechan hasta casi desaparecer. Este martes su intento de evitar la pérdida de libertad ha sufrido un varapalo. La Audiencia de Sevilla ha rechazado que mientras se tramitan las solicitudes de indulto de Griñán y otros siete condenados –entre ellos cuatro exconsejeros– por malversación de fondos públicos en el caso de los ERE se congele la ejecución de sus sentencias. Es decir, rechaza que se suspenda la entrada en prisión de Griñán y el resto hasta que el Gobierno decida sobre las medidas de gracia. Y lo hace alegando, entre otros motivos, la "alarma social" en la opinión pública ante un caso de "corrupción política".