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Caso ERE

Los ERE de Andalucía: diez claves de un caso que es más que el juicio a Chaves y Griñán

Anticorrupción avala el auto en el que el juez de los ERE procesa a Chaves y Griñán

El 21 de diciembre de 2010, hace casi seis años, un ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero (PSOE), declaró ante la Policía Nacional que el Gobierno autonómico disponía de un "fondo de reptiles" con el que había realizado pagos a "empresas en crisis" durante diez años. Ahí se destapó la caja de los truenos del caso de los ERE, el escándalo de corrupción que más daño ha causado al PSOE en Andalucía, su principal espacio de poder institucional, la comunidad más poblada de España y la única en la que no ha habido alternancia política.

infoLibre analiza el estado de la investigación, sus antecedentes y perspectivas cuando el juez de instrucción Álvaro Martín acaba de enviar a juicio la primera –y políticamente más relevante– de las piezas del caso, la que afecta a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En este caso se dirime no sólo la posible responsabilidad penal de Chaves y Griñán, sino la licitud de todo un sistema de ayudas públicas, así como el papel de una generación de altos cargos políticos de la Administración autonómica en el reparto supuestamente sin control de 855 millones, montante del que una parte aún por determinar habría ido a parar a bolsillos indebidos.

1. De Alaya a Núñez (y Martín)

La investigación judicial la inició Mercedes Alaya, cuya tesis es que el caso de los ERE supuso una gran trama defraudatoria de carácter clientelar, destinada al menos en parte a la autopreservación del PSOE como espacio de poder y tejida y mantenida por un elevado número de altos cargos del Gobierno andaluz. Alaya siempre se opuso a la división del caso al entender que se perdía la perspectiva global del fraude. Su enfoque era el más dañino políticamente para la Junta, a la que además acusaba de falta de colaboración. Sus críticos decían que Alaya estaba impulsando una causa general contra la Junta.

Alaya ascendió en 2015 desde el juzgado de instrucción 6 hasta la Audiencia de Sevilla. Aunque intentó seguir investigando los ERE en comisión de servicio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se lo impidió. Su sucesora, la jueza María Núñez Bolaños, sí dividió la causa por considerar que facilita la instrucción.

Ambas juezas mantienen una relación de abierta rivalidad profesional. Núñez no sólo ha dividido la investigación de los ERE contra el criterio de Alaya, sino que ha archivado la pieza politica del caso de los cursos de formación, una instrucción en la que su antecesora veía una red clientelar y ella ni siquiera aprecia indicios de delito. La posición de Núñez en la formación está avalada por la Fiscalía.

El caso de los ERE no lo instruye Núñez en solitariocaso de los ERE. La ayuda un magistrado de refuerzo en el juzgado 6, Álvaro Martín, responsable de la conocida como pieza política, entre otras. Esta pieza es la que acaba de cerrar definitivamente con el auto de apertura de juicio oral conocido este viernes. La investigación previa ya está terminada y ahora queda el juicio propiamente dicho.

En esta investigación Martín ha asumido esencialmente el relato de los hechos de Alaya –e incluso su prosa contundente– en cuanto a la maquinación orquestada para el fraude desde los despachos nobles de la Administración. Ni Alaya ni Martín han encontrado a lo largo de la instrucción indicios de lo que siempre se intuía como el colorario de este relato: una supuesta financiación irregular del PSOE que no ha aparecido.

2. Un caso troceado en más de 60 piezas

A partir de la causa matriz original (las diligencias previas 0174/2011), el caso ha acabado hasta el momento dividido en más de 60 piezas. Entre todas suman más de 250 imputados, según distintas fuentes del caso. La parte más relevante es la conocida como pieza política, en la que se investiga el sistema de poder institucional que permitió el fraude. Es la que afecta a Chaves y Griñán.

El resto de las piezas se refieren fundamentalmente a episodios más concretos del supuesto fraude: ayudas específicas a trabajadores, empresas, instituciones... Según el criterio de Alaya, todo formaba parte de un único gran caso. Para Núñez, en cambio, cada una constituye un caso con sentido propio. Por ejemplo, las ayudas al Ayuntamiento de Alcolea se investigan en una pieza separada; las recibidas por Boliden, en otra; las recibidas por Zoilo Ruiz Mateos SL, en otra. Y cada una con sus propios imputados. Esto dificulta la comprensión del caso ERE, que depara noticias casi a diario: autos, archivos, escritos de acusaciones y defensas, declaraciones...

En algunos casos, la jueza Núñez ha declarado el archivo de actuaciones por prescripción de delitos, al tratarse de ayudas de menos de 450.000 euros y haber transcurrido más de diez años. Así ha ocurrido con ayudas concedidas a la Asociación de los Juegos Mediterráneos de Almería y a cuatro municipios (La Barca de la Florida, La Puebla del Río, Camas y Chiclana de la Frontera). No obstante, los autos especifican en su parte dispositiva el sobreseimiento y archivo de las actuaciones penales respecto a determinados imputados –por ejemplo, alcaldes–, no el cierre de las piezas, ya que incluso incoa nuevas diligencias en sus resoluciones. Fuentes judiciales señalan que el número de piezas va cambiando según decide la jueza, en razón de los atestados policiales que le llegan y de las conclusiones de su investigación.

A juicio de Núñez, la división del caso no sólo es deseable, sino imperativa. "La única posibilidad real y efectiva de ir concluyendo la instrucción es mediante la división de la misma", escribió Núñez en un auto en noviembre de 2015. La duda que surge sobre este enfoque es si una ayuda irregular, examinada aisladamente, puede perder una relevancia penal que sí podría tener incorporada a una causa más amplia sobre un fraude de mayores proporciones.

Hay nombres recurrentes en las distintas piezas. El ex consejero de Empleo Antonio Fernández aparece imputado en diversas causas, al igual que el ex viceconsejero Agustín Barberá, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y ex altos cargos de la Agencia IDEA (el ente desde el que se pagaban las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo). Otro de los ex altos responsables públicos más comprometidos por las investigaciones judiciales es el antiguo consejero de Empleo José Antonio Viera. Sobre ninguno de ellos pesa aún ninguna condena. Fernández ya estuvo en prisión preventiva, convirtiéndose en el primer consejero andaluz en entrar en la cárcel.

Además el juzgado 6 investiga en otra pieza las sobrecomisiones pagadas por la Junta a intermediarios en procedimientos de expedientes de regulación de empleo. En esta pieza está imputado otro de los personajes clave del caso, según la investigación: el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, uno de los señalados como conseguidores de la trama que supuestamente hicieron caja con los ERE.

3. Las piezas más avanzadas: política, Surcolor y Ayco

El juez Álvaro Martín se ocupa de las piezas que se corresponden con las áreas de investigación que Alaya dejó más avanzadas. Martín ya ha terminado la instrucción de tres de ellas:

La pieza política, por la que serán juzgados Chaves y Griñán, entre otros altos cargos. Es la única que ha sido enviada a juicio. La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para Griñán por prevaricación y malversación y diez años de inhabilitación para Chaves por prevaricación. Serán juzgados además seis ex consejeros, cinco ex viceconsejeros, siete ex directores generales, cuatro ex secretarios técnicos, un ex interventor general de la Junta y un ex jefe del gabinete jurídico. Entre los ex consejeros imputados hay figuras políticas tan relevantes como Gaspar Zarrías –histórica mano derecha de Manuel Chaves–, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández.

  • Las ayudas a la empresa Surcolor.
  • Las ayudas a la empresa Acyco.

Los casos de Surcolor y Acyco consisten en ayudas supuestamente fraudulentas para expedientes de regulación de empleo de los que se beneficiaron falsos prejubilados; es decir, los llamados intrusos: personas que en realidad no trabajaron en las empresas, o no en el nivel por el que se prejubilaron. La Fiscalía ha pedido hasta 20 años de cárcel para Antonio Fernández. Incluso la Junta de Andalucía –que ejerce la acusación particular– pide cárcel para Antonio Fernández.

Está previsto que Martín ocupe puesto de refuerzo en el juzgado 6 hasta el 31 de diciembre, cuando regrese al juzgado de lo penal 2 de Sevilla, al agotarse la prórroga concedida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ya ha dictado el auto de apertura de juicio oral de la pieza política y tiene muy avanzados Surcolor y Acyco. Ahora está por ver si, como era su voluntad inicial, le da tiempo antes de irse a cerrar la instrucción de las otras tres piezas que instruye: las sobrecomisiones, las millonarias ayudas captadas por el tándem empresarial de los ex concejales socialistas José Enrique Rosendo –ya fallecido– y José María Sayago y las ayudas a la empresa Cenforpre.

4. Lentitud y prescripciones

Las piezas restantes están menos avanzadas. Cada una va a su ritmo. Es imposible saber si, de no haberse dividido el caso en tantas piezas, la instrucción habría sido ágil. Lo seguro es que, con el caso atomizado, no lo está siendo.

Lo que se espera es un goteo constante de autos al que no se le adivina fin. Y más adelante, un maratón de juicios. Cómo se desarrolle el juicio de la pieza política influirá inevitablemente en el resto.

Mientras tanto, se están produciendo prescripciones. La Audiencia Provincial abrió esta vía al establecer que las ayudas inferiores a 450.000 euros cuyos beneficiarios fueran imputados hace más de diez años estarían caducadas. Sabedora de que es señalada como responsable por una supuesta lentitud de su instrucción, Alaya dijo en una ponencia en Sevilla que la "culpa" de estas prescripciones no era de los jueces, sino de la "dificultad" de investigación de tramas "complejas". En marzo se produjeron las primeras prescripciones: 12 empresarios se libraron por la caducidad de los supuestos delitos, en este caso vinculados a ayudas en la Sierra Norte.

5. Un archivo en entredicho

Prácticamente a diario hay autos y notificaciones nuevas. Y todas tienen importancia. No sólo por la pieza a la que afecten, sino porque pueden establecer un criterio que valga para decenas de ellas. Por eso fue tan importante el auto de 11 de octubre de la jueza Núñez que archivaba la investigación de la ayuda de 1,3 millones concedida a Azucareras Reunidas.

Esta ayuda sirvió para pagar a 57 trabajadores afectados por el ERE de la empresa con edades comprendidas entre los 50 y los 54 años. ¿Por qué Núñez considera que no hay delito, ni de prevaricación ni de malversación? Fundamentalmente por un motivo: en el ERE no hay intrusos. Es decir, las personas que están recibiendo estas ayudas las merecen, tienen derecho a ellas, según la interpretación de Núñez.

Este auto abría la puerta a un archivo masivo de piezas, ya que son muchas las ayudas en las que no hubo intrusos. Según el criterio de Alaya, lo que determinaba el delito era la forma en que se daba la ayuda, no sólo si finalmente las personas que se beneficiaban tenían derecho. Con la tesis de Núñez el delito vendría en parte determinado por el resultado. El sistema de funcionamiento sería únicamente juzgado en la pieza política.

"La arbitrariedad ha de ser referida al resultado de la resolución en sí misma considerada y no en términos generales", señala Núñez en su auto. "Si existe o no un delito de prevaricación [...] será determinado en el denominado procedimiento específico [la pieza política]", añade.

El archivo se encontró con el inmediato recurso del PP, que ejerce la acusación particular y alertó de que podía suponer una "amnistía penal". Y también se topó con el rechazo de la Fiscalía Anticorrupción, que impugnó el auto de Núñez.

La Fiscalía pide a la Audiencia de Sevilla que deje sin efecto el archivo, que considera "apresurado y precipitado". "Estos fondos no deberían haber salido de las arcas andaluzas, al menos no de esta manera arbitraria", explica la Fiscalía en su recurso, en el que señala que la ayuda fue concedida en 2006 sin un expediente como tal, sino en base a "papeles sin orden ni concierto".

"¿Es lícito permitir que se disponga de fondos públicos sin control ni fiscalización alguna, sin sujetar su percepción al cumplimiento de requisitos previos, sin control en cuanto a su cantidad y concepto, sin control en el gasto posterior y en el destino y uso de los fondos?", se pregunta la Fiscalía en su recurso. La resolución del asunto –clave para el futuro del caso– está en manos de la Audiencia de Sevilla, que deberá decidir si hay indicios de responsabilidad penal o el asunto se encuadra mejor en el ámbito administrativo.

6. Griñán y Chaves y 24 ex altos cargos más al banquillo

Este caso supondrá el enjuiciamiento de los ex presidentes andaluces Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013), así como de otros 24 ex altos cargos. 23 años de presidencia socialista de la Junta de Andalucía en el banquillo. Chaves y Griñán –dos ex ministros, dos ex presidentes del PSOE–, ante un tribunal.

¿Cuándo se llegará a ese punto? Una vez que el juez Martín ha dictado auto de apertura de juicio oral, los acusados deben presentar sus escritos de defensa en un plazo de 30 días. El caso terminará en la Audiencia de Sevilla, que buscará fecha para señalamiento en un calendario saturado, indican fuentes judiciales. El juicio se podría celebrar en 2017, pero no antes de verano. Y será un juicio largo, con nada menos que 26 acusados. Será uno de esos juicios que protagonizan la vida política durante su desarrollo.

7. Prevaricación, malversación y (según el PP) asociación ilícita

Griñán tiene un panorama mucho más complicado que Chaves. El primero se expone a seis años de prisión y el pago de hasta 42 millones de euros por prevaricación y malversación, según el sistema de responsabilidades económicas establecido por la Fiscalía Anticorrupción –si bien estas cantidades quedarían luego matizadas por multitud de factores–. El segundo, tan sólo a diez años de inhabilitación por prevaricación. La clave está en que la Fiscalía, en su escrito de acusación, apunta a que Griñán conocía la "gravedad" de lo que estaba sucediendo. Es decir, según la Fiscalía ambos permitieron que el dinero saliera sin control, pero sólo Griñán sabía que acababa donde no debía. La acusación de malversación contra Griñán se produce contra el criterio del Supremo.

Ni Chaves ni Griñán están acusados de haberse enriquecido ilícitamente. La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, solicitó el archivo del caso que afecta a ambos, lo cual pareció más bien el papel de una defensa que de una acusación.

Al PP, que participa en el proceso como acusación particular, le pareció insuficiente la acusación de prevaricación contra los 26 y de malversación contra 18 de ellos. El partido que dirige en Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla, en su escrito de acusación, solicitó ocho años de prisión para Griñán y dos para Chaves. Además acusó a los 26 presuntos implicados de asociación ilícita, con la carga de significado que ello implica.

A pesar de ser considerada una organización delicitva por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Manos Limpias continúa ejerciendo también la acusación particular. Esta asociación se adhirió al escrito de la Fiscalía en cuanto a la petición de penas para los 26 acusados en la pieza política.

8. Fianza de 4,2 millones para Griñán

Uno de los aspectos más severos del auto de apertura de juicio oral de la pieza política es la imposición de fianzas. Martín fija 4,2 millones para Griñán y la misma cantidad para la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, que fue su más estrecha colaboradora. En el caso de Francisco Vallejo, el juez reclama 3,7 millones. La peor parte se la lleva José Antonio Viera, con una fianza de 6,2 millones. Los acusados tienen 30 días para presentar la fianza.

En el caso del resto de acusados, entre los que están Antonio Fernández, su ex viceconsejero Agustín Barberá y Francisco Javier Guerrero, el juez solicita las piezas que les afecten para determinar las fianzas.

9. Las dimensiones y el sistema

La cuantificación del dinero defraudado con los ERE es complicada. En un auto de junio en la investigación sobre la parte política del caso, el juez Álvaro Martín cifraba en 855 millones el dinero repartido sin los controles reglamentarios entre 2000 y 2011. Ésa es la cantidad global del dinero repartido por procedimientos en discusión, según Martín. Pero, ¿cuánto fue efectivamente defraudado? Es decir, ¿cuánto dinero público acabó en bolsillos indebidos? Habría que cuantificar qué ayudas y por qué importe fueron concedidas y pagadas a empresas, trabajadores prejubilados e instituciones que no debieron percibirlas. Habría que concretar lo defraudado en las sobrecomisiones.

Tal y como Alaya y Martín han planteado el caso, lo que está puesto judicialmente en entredicho es el propio funcionamiento del sistema por el que se adjudicaban las ayudas, no sólo el destino de éstas. Según Martín, se trataba de un procedimiento diseñado para evitar la fiscalización y entregar discrecionalmente el dinero. El juez sostiene, en la línea de Alaya, que la propia mecánica administrativa era prevaricadora y malversadora. Según esta interpretación judicial, todos los fondos que dotaron la partida 440.01 del programa 31L, conocido como "fondo de reptiles", están bajo sospecha.

La Fiscalía sostiene que al principio el sistema de reparto supuestamente irregular de las ayudas se articuló con el objetivo de apaciguar conflictos laborales –la famosa "paz social" andaluza–. mediante un procedimiento ágil que no se topara con reparos de la fiscalización interna de la Junta. Una vez creado el procedimiento opaco, empezaron a colarse intrusos y a producirse tratos de favor, según la investigación judicial. El juez Martín implica a 26 ex altos cargos en el diseño y/o el mantenimiento de este sistema.

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10. ¿Y la formación?

Por tratarse de un caso de supuesto fraude vinculado a la Administración pública andaluza y por haber sido instruido primero por la jueza Alaya y ahora por Núñez, a menudo el caso de los cursos de formación se confunde con el de los ERE. No son comparables. En la formación, Núñez ha archivado la pieza política, en la que estaban imputados 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos Antonio Fernández.

Hay otras líneas de investigación abiertas, como el entramado empresarial del ex consejero Ángel Ojeda, las ayudas a consorcios o las supuestas irregularidades en la fundación Faffe. En los casos en que no hay supuesta implicación de los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), sino de una estructura provincial, son juzgados de otras provincias los que llevan las investigaciones. Se están produciendo numerosos archivos, según fuentes del caso. En el primer caso que ha llegado a juicio no hay políticos acusados. Hay una comisión de investigación parlamentaria abierta sobre este caso, que ha puesto de relieve un notable descontrol en el reparto de ayudas. No obstante, el asunto no ha alcanzado la relevancia penal de los ERE.

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