La Fiscalía investiga las muertes sin atención médica en domicilios de Madrid durante el covid

Se amplía el frente judicial contra la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la pandemia de covid. En concreto, contra la falta de asistencia sanitaria hacia las personas mayores. Pero por primera vez no en las residencias, sino en los domicilios. Francisco Rodríguez, que hace poco más de un mes presentó ante la Fiscalía Superior una denuncia por la muerte de sus padres en marzo y abril de 2020, acudirá este martes ante la Fiscalía Provincial citado como testigo. Y lo hará en el marco de las diligencias que ya se han abierto alrededor del caso.

"No busco dinero. No quiero nada. Sólo que lo que pasó no vuelva a ocurrir", señala en conversación con infoLibre menos de 24 horas antes de la cita. Lo que pasó y denuncia, explica, es una historia personal que comparte con mucha gente. Y que pasó no sólo en Madrid. Sus padres, ambos dependientes, fallecieron con apenas 15 días de diferencia. Él lo hizo en La Paz, a donde llegó cuando ya poco se podía hacer por su vida. Ella, en casa. Los dos sin oportunidad de ser tratados del covid que a todas luces, y a falta de pruebas que lo confirmaran, contrajeron en el mes de marzo. En plena primera ola. 

Lo detalla así en las cinco páginas de denuncia a las que ha tenido acceso este periódico y en las que se alude a una posible vulneración de hasta seis derechos contenidos en la Carta Social Europea ratificada por España en 2021 y de otro recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Son, en concreto, el derecho a la salud, a la Seguridad Social, a la asistencia médica y social, a los beneficios de los derechos sociales, a la autonomía, la integración y la participación de personas con discapacidad, a la protección social de las personas de edad avanzada y, por último, a la vida. 

Lo que busca es que se investigue. "Que se haga una trazabilidad de todas las llamadas que realicé", insiste. Y que no fueron pocas. Como relata en su escrito, ni en el centro de salud ni en el Summa 112 consiguió una visita domiciliaria para sus padres. "Simplemente me decían que 'si tenían mucha fiebre tomaran paracetamol, que no podían enviar ningún medico", detalla. Fue, recuerda, "una pesadilla terrible". Quince días después de enfermar, su padre fue trasladado al hospital, donde ya sólo pudieron administrarle paliativos. Poco después su madre falleció en el domicilio por un "paro cardiaco por posible covid", según el certificado de defunción que Francisco todavía conserva. No tuvieron la oportunidad de que ocurriera de otra manera. Y como ellos, otros tantos.

"De lo expuesto se desprende la tragedia sufrida por todas aquellas personas que no se encontraban en residencia ni en centros asistenciales, sino que se encontraban en su domicilio, donde estaban absolutamente aislados e indefensos, sin asistencia de ninguna clase, en un triste y penoso abandono", relata en su escrito a la Fiscalía.

Más allá de las residencias

Este es el primer caso que denuncia la falta de asistencia sanitaria en los domicilios, puesto que hasta ahora todas las causas judiciales y la lucha de los familiares de los mayores fallecidos se han centrado en lo sucedido en las residencias de la región, donde fallecieron 7.291 ancianos sin posibilidad de ser trasladados al hospital. Lo hicieron, como desveló infoLibre, según el Protocolo de la Vergüenza que estableció, literalmente, "criterios de exclusión" que impidieron las derivaciones de los mayores con dependencia física o con deterioro cognitivo. Tuvieran o no covid. 

El documento, que llegó a tener hasta cuatro versiones y sigue siendo tachado de mero borrador por el Gobierno conservador de Ayuso, fue recibido por hospitales y residencias a partir del 20 de marzo, pero es que tuvo una réplica que también se envió a los centros de salud de atención primaria y que estableció, por su parte, que se debía valorar la permanencia en los domicilios de aquellas personas mayores de 80 años con enfermedad en órgano terminal, aquellas que tuvieran una demencia moderada-grave o aquellas que fueran grandes dependientes. Una lista de supuestos de la que, según afirmó la Consejería de Sanidad, fueron eliminados finalmente dos. 

Es la organización Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores quien está impulsando esta otra vía de lucha por los fallecidos durante la pandemia. De hecho, fueron sus representantes quienes, junto a Francisco Rodríguez, entregaron la denuncia en la Fiscalía Superior de Madrid el pasado 4 de noviembre, el mismo día en el que mantuvieron una reunión con la fiscal Almudena Lastra, quien les aseguró que iba a disponer de "todos los medios" para "investigar profundamente todos los hechos relatados en la denuncia", informaron desde la plataforma. 

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Hasta ahora, Lastra no sólo no ha investigado las causas que los familiares han depositado sobre su mesa, sino que en su Memoria correspondiente al año 2020 defendió la gestión de la pandemia en los centros de mayores realizada por la conservadora Ayuso. El problema es que lo hizo con múltiples omisiones de hechos relevantes, afirmaciones sin ningún tipo de apoyo fáctico e incluso otras que son directamente falsas, tal y como explicó este periódico en esta información.

La macrodenuncia por residencias, en las fiscalías provinciales

Pero en ningún caso eso ha sido motivo para que los familiares abandonen su lucha. Ni fuera ni tampoco dentro de las residencias. Quedan poco menos de cinco meses para que prescriban la mayoría de los delitos que los familiares de los ancianos fallecidos han denunciado durante todos estos años y la gran vía de esperanza ahora mismo es la macrodenuncia interpuesta por más de un centenar de víctimas ante la Fiscalía por un supuesto delito de "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios". 

La presentaron ante la Fiscalía Superior varios miembros de las organizaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia el pasado 10 de octubre y ya está en poder de las fiscalías provinciales que deben, ahora, dar el siguiente paso. Por el momento, y en el marco de este mismo, los familiares de las víctimas se reunieron la semana pasada en la Fiscalía General del Estado para reiterar "la necesidad de una ágil actuación para evitar la prescripción de los hechos", un recordatorio ante el que sus interlocutoras, dijeron, se mostraron "receptivas". Siguen esperando, ahora, que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, también les reciba.