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Investigación

Las mentiras y omisiones de la fiscal superior de Madrid que no investiga las muertes en residencias

Lastra entrega a Ayuso una copia de la Memoria de la Fiscalía Superior de Madrid, en octubre de 2021.

Mentiras, afirmaciones solemnes que carecen de cualquier sustento fáctico, omisiones de hechos fundamentales. No es lo que se puede esperar del escrito de una jurista, pero es lo que el lector encuentra en las trece páginas que dedica la fiscal superior de Madrid a explicar la actuación del Ministerio Público ante la hecatombe en las residencias de la región, incluidas en la Memoria correspondiente al año 2020. Ese texto fue presentado por Almudena Lastra en octubre de 2021, pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y otros dirigentes del PP acuden cada vez con más frecuencia a él para justificar que no se investigue lo ocurrido en los geriátricos madrileños, donde 7.291 residentes fallecieron sin recibir atención hospitalaria en los dos primeros meses de la pandemia. "La Fiscalía ha hablado y ha establecido que nunca hubo un Protocolo que impidiera la derivación de mayores de las residencias a los hospitales", dijo este mismo fin de semana Enrique López, consejero de Justicia de Ayuso.

infoLibre realizó una minuciosa recopilación de todo lo que se sabe sobre lo ocurrido en las residencias de Madrid en aquellos dos meses fatídicos y lo contrastó con el escrito de la fiscal superior. A la vista de las lagunas de la investigación y de las contradicciones entre la realidad y lo que sostiene Almudena Lastra, este periódico le envió el pasado 19 de octubre un cuestionario con 38 preguntas, para que pudiera aclarar su versión con todo detalle, indicar en qué fuentes se basa para realizar determinadas afirmaciones y explicar las razones de la actuación del Ministerio Público. El viernes 28 de octubre por la tarde llegó la respuesta del portavoz de Almudena Lastra: “La fiscal superior no va a responder a las preguntas porque ya está todo explicado en la Memoria anual”. Una afirmación que también es falsa, como puede comprobar cualquier persona que lea la Memoria de la Fiscalía Superior [páginas 183 a 195 de este documento] y las 38 preguntas planteadas por infoLibre [reproducidas de manera literal en este artículo].

LAS MENTIRAS

Almudena Lastra difunde al menos tres falsedades en su escrito: sostiene que el Protocolo del Gobierno Ayuso que impedía trasladar al hospital a residentes con alta dependencia física o grave deterioro cognitivo “no funcionó como impedimento” para las derivaciones, afirma que los pacientes recibían en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados” y asegura que las bajas de personal durante la pandemia “se fueron solventando” con “medidas de diversa índole”.

Esas afirmaciones de las fiscal tienen un nexo común: exculpan al Gobierno de Ayuso de las dos principales acusaciones recibidas por su gestión durante la pandemia. A saber, que no medicalizó las residencias como anunció públicamente que haría y que además aprobó un Protocolo de no derivación que impidió el traslado a los hospitales de los mayores más vulnerables. Una combinación que resultó mortal para miles de personas. Y que llegó a denunciar desde dentro del propio Gobierno regional el entonces consejero de Políticas Sociales. “O el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia”, advirtió Alberto Reyero en junio de 2020, pero al evitar ambas cosas al mismo tiempo se dejó “indefensos a los residentes”.

Veamos cuál es la realidad sobre esos tres temas.

Primera cuestión: ¿actuó el Protocolo como impedimento para trasladar residentes a los hospitales?

Por un lado, hay múltiples testimonios que así lo confirman. Una directora de una residencia de Amavir aseguró en la comisión de investigación creada en su día en la Asamblea que el hospital rechazó a sus enfermos durante 27 días. Actas de la Policía Municipal de Madrid recogen declaraciones de directoras de residencias visitadas por los agentes que narran la imposibilidad de derivar a los residentes y se “derrumban” al contar lo sucedido. El médico de un geriátrico de la capital comunicó por escrito a los familiares de los residentes que las “autoridades sanitarias” prohibían el traslado de pacientes con covid. La médico de otro geriátrico de la localidad de Griñón explicó a una mujer la imposibilidad de trasladar a su madre al hospital en una conversación que fue grabada. Existen documentos aportados a procesos judiciales donde se reconoce que llamadas telefónicas para trasladar a enfermos ni siquiera eran atendidas por el personal del hospital que debía autorizarlo. Y, por supuesto, hay decenas de testimonios de familiares denunciando que desde los geriátricos les informaban de que no era posible derivar a residentes que caían enfermos.

Además, están los datos oficiales del propio Gobierno madrileño. infoLibre obtuvo, a través del Portal de Transparencia, la información sobre todas las derivaciones hospitalarias realizadas entre enero y junio de 2020, incluyendo la fecha del traslado, la residencia donde vivía el paciente y el hospital de destino. El análisis de esos datos permite llegar a conclusiones incontestables:

– En enero y febrero, cuando no había ningún problema sanitario en Madrid, la media diaria de derivaciones fue de 120. En marzo, esa media se redujo a 74 traslados diarios, en vez de multiplicarse exponencialmente a medida que miles de mayores caían enfermos por el virus.

– Entre el 2 de marzo, cuando falleció la primera residente, y el 30 de abril se realizaron 6.204 derivaciones. En los primeros dos meses del año, sin pandemia, habían sido 7.233.

Los tres días con menos traslados fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de la aprobación del Protocolo el 18. Esos tres días hubo 42, 40 y 35 traslados, respectivamente, mientras cientos de personas morían sin recibir atención médica adecuada en los geriátricos.

– En las semanas posteriores a la aprobación del Protocolo, más del 80% de los fallecimientos de residentes se produjeron en el propio centro. En situación de normalidad, esa cifra está por debajo del 20%.

Pues bien, frente a este aluvión de datos y testimonios, la fiscal Almudena Lastra dice que el Protocolo “no funcionó como impedimento” para las derivaciones. ¿Y en qué documentos o datos apoya dicha afirmación? No se sabe. En la Memoria no cita ninguno. Y no respondió a preguntas claras y directas de infoLibre sobre este tema, entre otras, si la Fiscalía considera que no son correctos los datos aportados por el Gobierno de Madrid o qué información analizó el Ministerio Público para llegar a esa conclusión.

Segunda cuestión: ¿recibían los pacientes en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados”? O, planteado en otros términos, ¿estaban las residencias medicalizadas? De nuevo, es abrumadora la acumulación de testimonios y hechos que contradicen la versión de la fiscal Lastra.

El 12 de marzo de 2020, la Consejería de Sanidad anunció un Plan de Acción contra el coronavirus, entre cuyas medidas destacaba el establecimiento de un mando único sanitario y la medicalización de las residencias. El principal redactor, Antonio Burgueño, reconoció meses después públicamente que “la medicalización de las residencias no se llevó a cabo”.

El único intento de medicalizar las residencias fue la conocida como Operación Bicho, que fue un completo fiasco, según admitieron sus máximos responsables en la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid la pasada legislatura. “La verdad es que fue caótico”, confesó Encarnación Burgueño, hija de Antonio y que estaba al frente de un operativo que duró doce días. "Vimos morir a personas sin sedación y hay personas que murieron sin condiciones dignas. Los que nosotros vimos morir, sufrieron", admitió Eduardo Esteban, gerente de la empresa de ambulancias Transamed contratada por Burgueño. Este último desveló que sólo le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitaron en la región.

Alberto Reyero denunció por escrito, en dos cartas enviadas al consejero de Sanidad el 31 de marzo y el 11 de abril, que las residencias no se habían medicalizado. En esta última misiva, Reyero denuncia que no existe “apoyo sanitario” en las residencias y recuerda que es un compromiso que el Gobierno de Ayuso lleva incumpliendo ya desde hace un mes: “No se trata de otra cosa que de poner en marcha su tan anunciada ‘medicalización’, que como bien sabes no es una realidad en nuestras residencias, a pesar de que fuera una de las medidas más destacadas del Plan de Acción contra el coronavirus, que anunciaste el pasado 12 de marzo”.

También hay resoluciones judiciales en las que se determina que las residencias no estaban medicalizadas. En un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 6 de mayo de 2020, en un procedimiento iniciado por el Ayuntamiento de Leganés, se indica que de los documentos aportados por el Gobierno autonómico “no se desprende que se haya procedido a dotar de personal médico, de enfermería, ni de auxiliar sanitario” a cada una de las residencias “en número que permita constatar la adecuada atención sanitaria ante la situación de emergencia en la que nos encontramos”.

Frente a estas evidencias, la fiscal Lastra abronca en su Memoria a los responsables de las residencias que “en la información a las familias” ponían el acento “en la responsabilidad del hospital, en lugar de informarles que los pacientes iban a recibir en la residencia un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados”.

¿Qué fuentes utiliza Almudena Lastra para sostener tal cosa? ¿Acaso dispone la Fiscalía de información sobre cuántas de las 475 residencias madrileñas estaban medicalizadas? Son otras de las preguntas que se niega a responder y sobre las que nada dice tampoco en la Memoria.

Tercera cuestión: ¿es cierto que las bajas de personal producidas durante la pandemia, “con medidas de diversa índole, se fueron solventando”?

La fiscal Lastra realiza esta afirmación cuando analiza los “problemas de recursos humanos” vividos en las residencias, que en su opinión no se produjeron esencialmente como consecuencia de las bajas por la pandemia, sino por “la inadecuada dotación de origen de unos centros que no estaban diseñados para atender sanitariamente a sus usuarios”.

Es cierto que los geriátricos tienen “de origen” un serio problema de falta de personal –en especial de gerocultoras, que es la figura clave para garantizar el cuidado de los mayores–, pero nadie relevante en el sector defiende que los centros tengan que estar “diseñados para atender sanitariamente a sus usuarios”. Para eso están los hospitales. En todo caso, al asegurar que el problema está “en origen” y no se produjo durante la pandemia, la fiscal quita del foco cualquier responsabilidad de la Administración competente. Pero, ¿es o no verdad lo que defiende la fiscal?

Una de las patronales más importantes del sector, CEAPs, realizó un informe sobre lo ocurrido en las residencias durante la primera ola, en el que desvela la magnitud del problema: “En conjunto, un número que varía entre Comunidades pero cercano al 20% del personal de atención directa de las residencias dejó de trabajar. Oscila entre el 5% en Andalucía, 18% en Cataluña, 25% en Navarra y 35%-40% en Comunidad de Madrid”.

La falta de personal médico en las residencias fue otra de las denuncias realizadas por Alberto Reyero en las cartas que envió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. Y es que el Gobierno madrileño no solo no medicalizó las residencias, sino que realizó ofertas a médicos y enfermeras que estaban en geriátricos para que fuesen a trabajar a hospitales, algo que muchos aceptaron ya que las condiciones laborales eran bastante mejores. Y cuando el consejero de Políticas Sociales reclamaba personal médico, no se lo daban. “La solución que hasta ahora habéis ofrecido de enviarnos listados de personal sanitario para que los reclutemos nosotros no funciona porque competimos con Sanidad y eso nos impide contratar adecuadamente”, se quejaba Reyero en la misiva del 11 de abril.

El entonces consejero, que dimitió el 2 de octubre de 2020, ha escrito un libro publicado recientemente sobre lo ocurrido en las residencias, Morirán de forma indigna, donde ofrece su testimonio sobre lo ocurrido. Uno de los pasajes más escalofriantes es aquel donde describe lo que ocurrió en el Consejo de Gobierno del 25 de marzo, cuando pidió ayuda para las residencias, en un momento en el que ya habían fallecido casi mil personas en los geriátricos de la región: “Hice una petición concreta: cincuenta médicos y cincuenta enfermeros para reforzar la atención sanitaria en las residencias que requerían una actuación más urgente. Era una petición modesta, porque se necesitaban muchos más recursos, pero era una manera de poner en marcha aquello que habían prometido unos días antes. «La situación es límite», les resumí. No voy a dar demasiados detalles del debate porque las deliberaciones del Consejo tienen carácter reservado. Pero no recibí más que evasivas (no iban a poner a mi disposición a ningún sanitario, eso me quedó claro) y solo sentí frialdad e indiferencia a mis peticiones”. Y concluye Reyero: “Durante aquel debate, un consejero de Ciudadanos me había escrito un mensaje de WhatsApp: «Les da igual»”.

De manera que la patronal desveló en un informe escrito en el verano de 2020 que las bajas de personal llegaron al 40% en la Comunidad de Madrid, y eso es una media de todos los centros, lo que significa que en algunos ese porcentaje fue mucho más alto. Y el consejero de Políticas Sociales denunció la situación en unas cartas publicadas por infoLibre en enero de 2021. Pero todo ello no fue obstáculo para que, en octubre de 2021, la fiscal Lastra publicase una Memoria donde sostiene que las bajas de personal durante la pandemia “con medidas de diversa índole, se fueron solventando”. ¿Y cómo lo sabe ella? ¿Dispone de datos sobre el número de médicos y enfermeras que estuvieron de baja y por cuánto tiempo? ¿Conoce cuántos centros estuvieron sin personal médico? Son preguntas que forman parte del cuestionario enviado por este periódico y que se negó a responder.

LAS OMISIONES

Que en un informe del Ministerio Público figuren afirmaciones falsas es sorprendente, pero en absoluto es lo más grave desde el punto de vista de la investigación fiscal. El gran problema es la relación de hechos que la Fiscalía ha decidido obviar, como si nunca se hubieran producido.

La fiscal superior de Madrid achicó el campo de la investigación de forma tan exagerada, que al final se centró únicamente en la actuación de los directores o del personal médico de los geriátricos una vez que un residente se había contagiado. Cualquier decisión adoptada desde el poder político ha sido obviada a la hora de investigar.

Veamos a continuación todo lo que ha quedado excluido de la investigación fiscal.

1. No se investiga ningún tipo de hecho antecedente. Todo lo que ocurrió antes del contagio es irrelevante en opinión de Almudena Lastra, según explica en la Memoria: “Jurídicamente, lo relevante es valorar si, producido el contagio, las acciones que llevó a cabo la residencia para evitar el resultado lesivo finalmente producido fueron las adecuadas”. En palabras de una veterana fiscal consultada por infoLibre, “es como si en un caso de desnutrición de una persona mayor, el Ministerio Público dijese que no va a indagar las causas que provocaron la desnutrición, sino que simplemente va a analizar qué ocurrió una vez que se certificó que la persona estaba desnutrida”.

2. No se investiga la actuación de los geriatras hospitalarios. El Gobierno de Ayuso creó la figura de los “geriatras de enlace”, que eran quienes debían decidir si un residente podía ser derivado al hospital o no, de acuerdo con los criterios del Protocolo. La Fiscalía se limita en su Memoria a recoger lo que los geriatras le han trasladado que hicieron, pero no consta que haya realizado una investigación independiente sobre lo que realmente hicieron. Y ello a pesar de que existe prueba documental sobre lo ocurrido porque, como admite Lastra, “los centros hospitalarios usualmente dejaban constancia de la interconsulta”; es decir, de la llamada entre la residencia y el hospital para hablar sobre el traslado de un paciente.

Por tanto, la Fiscalía podría solicitar a los hospitales la documentación sobre las 7.291 personas que fallecieron en la residencia, sin derivación, para conocer qué consta en la interconsulta de cada caso. Pero no lo ha hecho.

3. No se investiga el Protocolo de no derivación. Más allá de la existencia del Protocolo de no derivación, desvelado por infoLibre en junio de 2020, hay múltiples preguntas sin contestar en relación con dicho documento. ¿Por qué se decidió aprobar? ¿Quién participó en las reuniones donde se discutió y quién decidió su aprobación? ¿Por qué motivo se acordó incluir como criterios de no derivación la dependencia física del residente o su grado de deterioro cognitivo, cuando no están directamente relacionados con la esperanza de vida de una persona? ¿Cuál es el criterio médico para excluir de la derivación a una persona por el mero hecho de vivir en una residencia? ¿Cuándo se empezó a aplicar y cuándo se dejó de aplicar?

No consta que la Fiscalía Superior de Madrid haya pedido ningún tipo de información al Gobierno regional sobre dicho Protocolo, ni que haya llamado a declarar a los dirigentes políticos o responsables médicos que participaron en su elaboración o aprobación.

4. No se investiga la desatención sufrida por pacientes con otras enfermedades. En su Memoria, la fiscal Lastra escribe: “Debería llamarse la atención a todos los implicados –residencias, Administración y hospitales– sobre la alta incidencia de problemas de desatención de usuarios que derivaron en otras patologías, que debían haber recibido la misma atención que el COVID-19, en cuanto al protocolo de derivación se refiere, a fin de evitar que esta situación se repita en caso de una nueva crisis sanitaria”.

Pero, además de “llamar la atención”, si la Fiscalía ha detectado una “alta incidencia de problemas de desatención” de enfermos que se concretó en una discriminación ya que no “recibieron la misma atención” que quienes tenían el virus, ¿no debería investigar estos hechos de forma sistemática el Ministerio Público? Son múltiples las preguntas: ¿Quién es el responsable de esa discriminación? ¿Cómo se gestó? ¿Cuántas fueron las personas afectadas?

5. No se investiga la falta de medicalización de las residencias. Como se indicó previamente, son contundentes los datos y testimonios sobre la falta de medicalización de las residencias. No consta que la Fiscalía haya pedido información al Gobierno de Ayuso sobre cuántas residencias tenían personal sanitario cuando empezó la pandemia –la normativa autonómica permite a los centros de menos de 50 residentes no disponer de médico–, cuántas bajas se produjeron en cada centro, qué profesionales y material envió Sanidad a los geriátricos, cuántos médicos y enfermeras dejaron las residencias para ir a trabajar en un hospital…

6. No se investiga la razón para no trasladar enfermos al hospital de Ifema. El Gobierno madrileño creó un hospital de campaña en el recinto ferial Ifema, que estuvo operativo durante seis semanas y que tenía capacidad para 5.500 camas, según la información oficial difundida entonces. Durante esas seis semanas, fallecieron en los geriátricos madrileños más de 5.000 personas sin ser trasladadas a un hospital. Ninguna de ellas fue enviada a Ifema. A este centro sólo fueron trasladados 23 residentes, con síntomas leves.

La Fiscalía no ha indagado nada en relación con este asunto. ¿Por qué motivo se construye un hospital de campaña y se decide no trasladar allí a los enfermos que más lo necesitan? ¿Quién decidió que los pacientes de los geriátricos no podían recibir asistencia en Ifema?

7. No se investiga el uso dado a los hospitales privados. El Ejecutivo madrileño decidió, a mediados de marzo de 2020, crear un mando único sanitario por el que todos los hospitales públicos y privados pasaban a depender del consejero de Sanidad. Así lo explicó Ayuso en la Asamblea de Madrid: “Quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la comunidad: 34 públicos y 68 privados; es decir, funcionaríamos como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras. ¡Esta decisión ha salvado muchas vidas!”.

Se desconoce cuántas vidas salvó dicha decisión, pero lo que es seguro es que no fueron vidas de personas que estuvieran en geriátricos madrileños, salvo que tuvieran un seguro médico privado. ¿La razón? El propio Gobierno de Madrid admitió que no se había producido ni un solo traslado directamente desde una residencia a un hospital privado. Y ello a pesar de que, según la patronal, siempre hubo camas libres en dichos centros privados.

A la Fiscalía tampoco le ha parecido relevante indagar sobre este asunto. Si, como explicó la presidenta madrileña, todos los hospitales privados quedaban bajo el mando único de Sanidad, ¿por qué no se utilizó ese recurso para atender a los residentes que caían enfermos? ¿Quién tomó esa decisión y por qué motivos?

8. No se investiga el traslado al hospital de residentes con seguro médico privado. Aquellos residentes que tenían un seguro médico privado, pudieron saltarse el Protocolo de no derivación: llamaban a una ambulancia privada y eran atendidos en un hospital privado. A priori, y dado que todos los recursos hospitalarios estaban bajo el mando único de Sanidad, podríamos estar ante un caso de discriminación al reservar parte de los recursos existentes (los centros privados) solo para atender a determinados pacientes (los residentes que tenían seguro médico privado).

Tampoco consta que la fiscal Lastra se haya preocupado por este asunto.

9. No se investigan los hechos denunciados por testigos privilegiados. Hay decenas de testimonios de personas que denunciaron hechos que, al menos indiciariamente, podrían despertar el interés de una Fiscalía en un tema con miles de víctimas. El caso más obvio es el de Alberto Reyero, pero hay otros muchos, como por ejemplo la directora de la residencia de Amavir que declaró en la Asamblea o las afirmaciones de responsables de geriátricos recogidas en actas de la Policía Municipal de Madrid. La Fiscalía no ha considerado necesario llamar a declarar a ninguna de esas personas.

La suma de todas estas omisiones en la investigación fiscal tiene como resultado, lógicamente, que los únicos culpables que podrá encontrar el Ministerio Público son algunos médicos o directores de residencia, en caso de que no actuaran con la diligencia debida tras detectar que un paciente concreto estaba contagiado. Pero excluidas de la investigación fiscal absolutamente todas las decisiones adoptadas por la Administración autonómica, es materialmente imposible encontrar algún culpable entre los responsables políticos o altos cargos.

A ello hay que sumar otra cuestión fundamental. La Fiscalía tiene la obligación legal de abrir una investigación de oficio cuando tiene conocimiento de la posible existencia de un delito. De acuerdo con los datos de la Memoria de Almudena Lastra, los fiscales en Madrid han abierto 64 diligencias de investigación. ¿Cuántas han sido de oficio y cuántas como consecuencia de denuncias de familiares de las víctimas? Es otra de las cuestiones de infoLibre que la fiscal superior ha dejado sin contestar. Pero solo la asociación Pladigmare, que agrupa a familiares de residentes, asegura que presentó 59 denuncias ante la Fiscalía. Si esos datos son correctos, son la certificación de la pasividad total de la Fiscalía ante la hecatombe de las residencias de Madrid, puesto que como mucho habría actuado de oficio en media docena de casos.

En todo caso, el dato innegable es el siguiente: la fiscal Lastra sostiene que el Ministerio Pública ha investigado “más de 130 fallecimientos”, puesto que alguna de las diligencias de investigación afecta a más de una persona. Si tenemos en cuenta que fueron 7.291 las personas muertas en las residencias sin atención hospitalaria, ello significa que la Fiscalía ha investigado el 1,78% de las muertes.

Un dato que, por cierto, lleva a plantear otra pregunta: ¿cómo puede realizar la fiscal Lastra afirmaciones generales sobre el funcionamiento del Protocolo o la medicalización de las residencias cuando el Ministerio Público no ha investigado el 98,22% de las muertes producidas en dichos centros?

EL PROTOCOLO DE NO DERIVACIÓN

La existencia del Protocolo de no derivación hospitalaria ha centrado buena parte del debate público, desde el día siguiente a que fuera desvelado por infoLibre, cuando Isabel Díaz Ayuso mintió en la Asamblea diciendo que era “un borrador”. Desde entonces, los dirigentes del PP han mantenido dos versiones falsas diferentes: la del borrador, algo que fue desmentido por el propio alto cargo firmante del Protocolo cuando compareció en la comisión de investigación, y la de que no se llegó a “activar”, tesis defendida últimamente por el consejero de Justicia en contra de la evidencia de las 7.291 muertes en residencias. Enrique López, en la misma entrevista donde apostó por la tesis de la no activación, se inventó 9.000 derivaciones que nunca existieron. Aseguró que en marzo y abril de 2020 se habían producido “más de 15.000” traslados de residentes al hospital, cuando la cifra real fue de 6.204.

La Memoria de la Fiscalía establece como un hecho cierto que el Protocolo existió y se aplicó, aunque, como se explicó con anterioridad, Lastra sostiene falsamente que no funcionó como impedimento para el traslado de pacientes.

En todo caso, el análisis sobre la relevancia de dicho Protocolo no puede realizarse de forma aislada, es imprescindible tener en cuenta otros dos hechos fundamentales. Si el Protocolo hubiese existido en los mismos términos, pero las residencias se hubieran medicalizado, no habrían fallecido residentes sin la atención médica adecuada. Y con idéntico Protocolo y residencias sin medicalizar, si se hubiesen utilizado los recursos alternativos existentes –Ifema y hospitales privados– para atender a los enfermos, tampoco se habría producido el mismo resultado. Los tres hechos son partes de un todo.

Pues bien, de los tres hechos que marcaron la hecatombe en las residencias de Madrid, la Fiscalía que dirige Almudena Lastra no ha investigado dos: la no medicalización de los geriátricos y la no utilización de los medios alternativos existentes. Y respecto al tercero, el Protocolo, ha concluido en contra de todas las pruebas y evidencias disponibles –testimonios y datos oficiales del Gobierno de Ayuso– que no fue un “impedimento” para que los residentes fuesen trasladados a un hospital.

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