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Baja un 20% la 'okupación' en Barcelona mientras el Parlament aprueba una ley sin datos

Plano cenital de los Mossos d’Esquadra llenos de harina por parte de las personas que han intentado paralizar el desahucio de una familia por impago de alquiler en el barrio de Poble-sec, a 14 de febrero de 2022, en Barcelona

Mientras las okupaciones de pisos caen un 18,5% en Barcelona desde 2019, el Parlament de Catalunya aprueba una ley para perseguir a los ocupas “conflictivos”. Y lo hace sin datos concretos encima de la mesa. Esta es una definición que las entidades por la vivienda acusan de vaga y que alertan que puede terminar convirtiéndose en un arma contra las familias vulnerables que ocupan por necesidad.

2022 terminó con 1.313 denuncias presentadas a los Mossos d’Esquadra por okupaciones de inmuebles. Son algo más de tres al día. Sin embargo, quedan lejos de las de 2019, cuando fueron 1.610. Desde el año previo a la pandemia no han parado de bajar estos registros. En 2020 fueron 1.562 y en 2021 1.502. Comparando el cuarto trimestre del pasado año con el de 2019, la diferencia es más acusada, ya que se constata una reducción del 22,5%.

“Esta importante disminución de las okupaciones está directamente relacionada con la fuerte inversión municipal en políticas de vivienda”, cuenta el Ayuntamiento de Barcelona en un informe. “La tendencia a la baja es opuesta a la que se da en Cataluña y el Estado, según datos del Ministerio del Interior, donde las ocupaciones de 2019 a 2021 han ido incrementándose, en concreto un 15% en el Estado y un 10% en Cataluña”, añade el consistorio que lidera Ada Colau.

La versión del Ayuntamiento de Barcelona es compartida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). “Si hay menos okupaciones es porque se hacen políticas de vivienda que atacan el problema”, dice a infoLibre Lucía Delgado, portavoz de la PAH. “Se tienen que tomar acciones poniendo el foco en las personas que no tienen alternativa habitacional y que ocupan en clave de derechos humanos”, opina, a la vez que afirma que este fenómeno se produce como “consecuencia directa a las políticas públicas mal hechas”.

El ejecutivo municipal pide celeridad al resto de administraciones públicas: “Insistimos que es urgente que [la Generalitat] ponga a disposición de la Mesa de Emergencias las 1.300 viviendas que deben y que el presidente Sánchez apueste por una Ley de Vivienda efectiva, y para eso tiene que contemplar la regulación de los precios del alquiler y la obligación de los grandes tenedores de hacer una oferta de alquiler social” a las familias vulnerables.

El Parlament, contra las “okupaciones conflictivas”

El 8 de febrero el Parlament aprobó una proposición de ley de Junts per Catalunya para adoptar “medidas urgentes ante la inactividad de la propiedad en caso de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal”. En un primer momento, el partido posconvergente quería que tanto los ayuntamientos como las comunidades de propietarios pudieran iniciar procesos de desalojo de personas que viven sin contrato de alquiler si generaban molestias a los vecinos del bloque.

El texto inicial se rebajó para contentar, entre otros, a ERC, que asegura que presentó enmiendas a la norma para “hacer un control de daños”, en palabras de republicano Pau Morales. Finalmente, sólo podrán ser los entes municipales quienes tengan capacidad para iniciar esos procesos judiciales.

La norma interpela a los propietarios que son considerados como persona jurídica y gran tenedora. Esto es, mayoritariamente, un banco, un fondo de inversión o una empresa con más de 10 inmuebles en el Estado. Para habilitar este mecanismo tienen que transcurrir 30 días naturales desde el inicio de los hechos y para llevarlo a cabo hay que esperar a que el propietario actúe. Si no lo hace, es entonces cuando el ente municipal puede iniciar los trámites de desalojo.

Desde Junts per Catalunya no han sido capaces de cuantificar con datos cuántos casos de este tipo hay en Cataluña, a preguntas de este medio. “La exconsellera Cervera [titular de Derechos Sociales antes de que el president Aragonès cesara los miembros posconvergentes del Ejecutivo catalán] dijo en su momento que en Cataluña había un 45% de las ocupaciones de todo el Estado español y que hay 7.345 denuncias interpuestas en los juzgados por okupaciones”, se ha limitado a decir la formación.

Los dos únicos partidos que se opusieron frontalmente a la ley fueron la CUP y los comunes, que presentaron enmiendas a la totalidad del texto. “El causante de esto son los grandes tenedores y la falta de las administraciones para hacer parque de vivienda público, además de la entrada masiva de los fondos buitre”, defendió la diputada anticapitalista Montserrat Vinyets Pagés. “Ya tenemos muchas herramientas” para actuar, añadió, aludiendo al Código Civil de Cataluña, entre otros.

La norma genera “inseguridad jurídica”, dijo Susanna Segovia, de En Comú Podem, que opinó que sería difícil que tuviera recorrido práctico y que los jueces admitieran a trámite las denuncias. “Es una ley Desokupa, que también llamaría ley Securitas Direct”, denunció.

Los movimientos sociales, con la PAH a la cabeza, enmarcan la ley aprobada en clave electoralista; en mayo hay las municipales y diversos alcaldes, tanto de Junts como del PSC, han insistido, y mucho, para poner cerco a estas personas. “Hay grupos parlamentarios que asocian ocupación a delincuencia y nos hacen saltar las alarmas, porque es un mensaje demagógico en que se intenta juntar una preocupación con algo que no existe. Es muy fuerte que digan algo así, ¿en qué se basan?, ¿qué datos tienen?”, se exclama la portavoz de la PAH.

“Los datos dicen que la okupación está justamente vinculada a la pobreza, que el 80% de las personas que ocupan son madres monoparentales, con hijos, que trabajan, que aún así no llegan a final de mes y que esperan desde hace dos años un piso de la mesa de emergencia social”, detalla Delgado.

Hay lagunas en los posicionamientos de posconvergentes y socialistas, considera la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. “Hace dos días aprobaron una ley que buscaba soluciones a un problema real, poniendo la responsabilidad en los grandes tenedores que hacen un mal uso de la propiedad y ahora no entendemos cómo lideran justamente propuestas que van en contra de eso”, lamenta Delgado.

“Esta ley no va contra los ocupas, sino contra los grandes tenedores que se desentienden de sus obligaciones”, sostuvo Marta Madrenas, la diputada por Junts que capitaneó la defensa de la propuesta, así como la negociación con los partidos. “Los inmuebles serán puestos a disposición del parque público de viviendas” durante siete años, esgrimió Madrenas, que también es la alcaldesa de Girona.

El PSC rebatió a la CUP y a los comunes y aseguró que no había instrumentos para combatir este fenómeno. “La razón de toda esta problemática es la existencia de muchas viviendas y locales vacíos sin control de sus propietarios y eso ha propiciado una línea de negocio muy lucrativa a personas y organizaciones sin escrúpulos”, aseguró la socialista Eva Candela López. Finalmente, la votación salió adelante con los síes de Junts, PSC, ERC y Ciudadanos, los noes de la CUP y los comunes y las abstenciones de PP y Vox.

¿La solución? Que no haya pisos vacíos, dicen las entidades

La solución ante estos casos es que no haya pisos vacíos, arguyen las organizaciones en defensa al derecho a una vivienda digna. Para ello Cataluña ya dispone de herramientas. Las familias vulnerables que ocuparon un piso de un banco o un fondo de inversión antes de junio de 2021 tienen derecho a reclamar un alquiler social, por ejemplo.

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La Generalitat, además, tiene capacidad para expropiar durante siete años el derecho de uso de un inmueble si un propietario no cumple con la función social de su vivienda, como recoge la Constitución. Igualmente, tiene derecho al tanteo y retracto en determinadas operaciones de compraventa de pisos, como las provenientes de procesos de ejecución hipotecaria. Este es un mecanismo que la administración puede ejercer con el fin de poner vivienda en alquiler a un precio más bajo del que fija el mercado. Asimismo, el gobierno catalán ha establecido acuerdos con actores privados para que les cedan la gestión de sus propiedades, para poder alojar familias en riesgo de exclusión social, que pagan un alquiler simbólico y la Generalitat lo complementa y lo paga al propietario.

Los resultados de este cóctel de políticas sociales en favor de la vivienda, sin embargo, tienen resultados modestos, según denuncian las organizaciones sociales. “No entendemos cómo aún no se han cedido los pisos vacíos de la Sareb a los Ayuntamientos. Eso daría respuesta a miles de jóvenes que no se pueden emancipar y también a situaciones de emergencia, descongestionando las mesas de vivienda” para acceder a un piso público, argumenta la PAH. En Barcelona hay familias que esperan cuatro años para acceder a un hogar, a pesar de tener derecho a él desde el minuto uno en que así lo determinan los servicios sociales municipales.

En la okupación también hay en juego la salud física y emocional de las personas, aseguran desde la PAH, pero también desde el Observatori DESC, que sustentan su tesis con testimonios e informes. “Las familias no ocupan por gusto, no es que no quieran pagar alquiler, al contrario, quieren vivir dignamente, sin preocupaciones por si serán desahuciadas. Ocupar afecta a la salud”, concluye Delgado. 

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