El 'caso Volhov' abre otra vía de agua alrededor de la amnistía sin apenas margen para retocar la norma
La justicia abre una nueva brecha en relación con la aplicación de la futura amnistía a las puertas de la votación definitiva de la norma en el Congreso. Si en las últimas semanas el gran escollo se encontraba en el llamado caso Tsunami, este lunes el asunto se ha complicado algo más con el impulso de Volhov, otra causa más en la maraña judicial derivada del procés. El instructor de este procedimiento sitúa bajo la lupa las supuestas conexiones entre el entorno del expresident Carles Puigdemont y el Gobierno ruso tanto antes como después de la famosa declaración de independencia. Algo que puede poner en jaque la aplicación de una amnistía que, en su última versión, deja fuera los delitos "de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional".
La causa deriva de las conocidas oficialmente como Diligencias Previas 111/2016, referentes a un supuesto delito de corrupción en la Diputación de Barcelona. Y explotó un año después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, cuando la Guardia Civil llevó a cabo una veintena de detenciones en la llamada Operación Volhov. Desde entonces, los investigadores han rastreado las supuestas relaciones del independentismo con el Kremlin. Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, cree que es necesario más tiempo para profundizar en una causa de "extraordinaria complejidad" que acumula decenas de miles de folios y "voluminosos" informes policiales. De ahí que haya decidido prorrogar la instrucción medio año más.
En su auto de prolongación de las pesquisas, el magistrado habla de "estrechas relaciones personales" entre algunos de los investigados "con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana, algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos". Tipos que tenían interés en "establecer relaciones de influencia política y económica con el Gobierno de Cataluña, si éste se independizaba de forma unilateral de España". "Los contactos con altas instancias del Kremlin se llevaron a cabo tanto antes de la supuesta declaración de independencia como después de ella", apunta la resolución, que considera necesario seguir indagando en el "soporte" que pudo haber dado Rusia al procés "a cambio" de "contraprestaciones en pago por tal ayuda"
El instructor se apoya en conversaciones grabadas, chats intervenidos o declaraciones judiciales. De una de ellas se deduce, siempre según el magistrado, que había interés en conseguir que la futura república catalana "desarrollara una legislación propia" sobre criptomonedas "adecuada a los intereses rusos". También se mencionan viajes a Rusia de personas del entorno del expresident. Una de ellas es el exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas, quien según el magistrado se desplazó a Moscú para "tratar" con Jordi Sardà, supuesto intermediario con los rusos, y "altos cargos del Kremlin". Otra, Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina de Puigdemont, cuyas conversaciones por mensajería instantánea "revelan de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes" del Kremlin.
El juez también sostiene su hipótesis en un par de reuniones a las que habría asistido Elsa Artadi, quien fuera directora general de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat. Encuentros que ella misma se encargó de describirle. La primera se habría producido a finales de octubre de 2017 en la cafetería del Hotel Colón, y a ella acudieron Terradellas y "dos personas más que hablaban ruso". "Asistió por indicaciones que le habían dado de ir a escuchar y luego informar al president", apunta el magistrado. La segunda, se habría celebrado en la Casa dels Canonges –dependencias privadas del jefe del Ejecutivo catalán– en fechas similares y en ella habría participado el propio Puigdemont, Terradellas y dos personas que hablaban ruso.
El 592 del Código Penal
Todos estos indicios, que ya habían ido conociéndose a cuentagotas, se vieron reforzados a finales del pasado mes de diciembre, cuando se recibió en el juzgado una "carta anónima" que contenía "recortes de prensa" del consorcio internacional de periodistas de investigación OCCRP –Organized Crime and Corruption Reporting Project–, del que forma parte infoLibre. En ellos se identifica a uno de los asistentes a esta última reunión, en la que supuestamente se habría ofrecido apoyo militar y económico a una Cataluña independiente, como "un antiguo diplomático ruso" que "aparece identificado por los servicios secretos franceses" como "un actor de la diplomacia en la sombra" que actúa a las órdenes del presidente ruso, Vladímir Putin.
La hipótesis deslizada por el magistrado en su auto puede acabar convirtiéndose en un obstáculo para que la futura amnistía despliegue sus efectos en este caso concreto. Al fin y al cabo, la última versión de la norma deja fuera del ámbito de aplicación los "delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional". Eso incluye más de una veintena de artículos del Código Penal. Entre ellos, el 592, que castiga con entre cuatro y ocho años a quienes "con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España" mantengan "inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras".
El magistrado, por el momento, no ha hecho mención alguna a este tipo penal. Es más, ni siquiera lo ha deslizado. Sin embargo, algunos penalistas consultados por este diario apuntan que el 592 sería el único de los contenidos en el ámbito de "delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional" en el que, si se quisiera, se podrían intentar encajar los hechos descritos. "En este delito cabe casi todo lo que se quiera", sostiene Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, al tiempo que recuerda que este tipo penal, que considera "inconstitucional", tiene su origen en la Ley de Seguridad del Estado franquista de 1941 –artículo octavo–.
Enmiendas para blindar 'Volhov'
Aunque se dictó hace tres días, la resolución del magistrado se ha dado a conocer a pocas horas de la votación definitiva sobre la amnistía. Este martes, el Pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar el dictamen de la Comisión de Justicia y las enmiendas que aún se mantienen vivas. Una de ellas es, precisamente, la número 29 de Junts, que plantea sacar de las exclusiones de la ley los "delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional". Otra, la transaccional pactada por Junts y PNV que aunque mantiene fuera de la aplicación de la amnistía los de traición y contra la Defensa Nacional, saca los que "comprometen la paz o la independencia del Estado" –es decir, deja fuera de las exclusiones el artículo 579–. Dos cambios que, a priori, blindarían la amnistía en Volhov.
Los socialistas, por el momento, están "satisfechos y cómodos" con el texto que ha salido de la Comisión de Justicia, que consideran "suficientemente robusto e impecable". Ahora bien, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, se ha negado a dar el texto por cerrado totalmente: "De aquí a mañana seguiremos hablando con todos los actores, pero la realidad es que ahora mismo no hay ningún cambio al respecto. No estamos negociando y lo único es la evidencia de que quedan veinticuatro horas para votar". Junts, por su parte, tratará de negociar hasta el último minuto e incluso dejó abierta la posibilidad de votar en contra del dictamen, de forma que volvería a Comisión y se abriría un nuevo plazo de un mes para seguir negociando.
Desde el PSOE, no obstante, critican en privado que algunos jueces "muevan ficha" cada vez que la Cámara Baja da algún paso en relación con la amnistía. También Podemos ha cargado con dureza este lunes contra la "ofensiva" del sector reaccionario de la judicatura. Y ha dejado claro que dará su respaldo a las enmiendas a la amnistía que aún siguen vivas. "Vamos a apoyarlas. En torno a la amnistía hay, evidentemente, un debate democrático. Y lo que se trata aquí es si en España quien manda es la ciudadanía a través de sus representantes legítimamente elegidos en el Congreso o si quien manda son los sectores reaccionarios del Poder Judicial", ha apuntado el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández.
García-Castellón alarga la investigación de 'Tsunami'
La del caso Volhov no es la única grieta alrededor de la amnistía. Se suma a la que en los últimos meses ha ido abriendo el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en el denominado caso Tsunami, cuya instrucción ha alargado también este lunes medio año más. Lo hace, dice, al estar pendientes algunas diligencias de investigación acordadas recientemente.
Esta causa, centrada en el papel del movimiento Tsunami Democràtic en las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O, lleva marcando la agenda política nacional desde el pasado 6 de noviembre, cuando en plenas negociaciones para la investidura el instructor emitió un auto que ponía bajo la lupa, entre otros, a Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por un delito de terrorismo. Una calificación que, sin embargo, rechaza la Fiscalía.
Aquella resolución, que se situaba al expresident en el vértice más alto de Tsunami Democràtic, cayó como una bomba sobre las conversaciones que entonces mantenían PSOE y Junts. Y no solo por el tipo penal que se ponía sobre la mesa, sino también porque el magistrado trazaba una posible vinculación entre las protestas que hubo en el Aeropuerto de El Prat y el fallecimiento de un turista francés. Poco importó que la Guardia Civil ni siquiera mencionase en su informe final esa muerte o que la jueza que se encargó de aquel caso hubiera archivado las pesquisas al no apreciar indicios de delito tras una autopsia que concluyó que la causa "fundamental" del fallecimiento fue una "cardiopatía isquémica crónica".
Los tres últimos meses han estado marcados por el goteo continuo de pronunciamientos en el marco de esta causa. Resoluciones que, en muchos casos, se interponían a los avances de la amnistía en el Congreso. La semana pasada, por ejemplo, el magistrado emitió un auto en el que señalaba que las lesiones que sufrieron dos policías en los disturbios posteriores a la sentencia del procés son "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física" que reconoce la Constitución y el "artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos". Cuarenta y ocho horas antes, Junts y PSOE habían acordado retocar el texto de la amnistía para dejar fuera de su ámbito de aplicación los delitos de terrorismo cuando hubieran violado, entre otros, el citado artículo del CEDH.
No es la única vez que una resolución del magistrado ha coincidido con un momento político concreto. El mismo día que la Comisión de Justicia de la Cámara Baja debatía las primeras enmiendas a la ley de amnistía, García-Castellón incluía dentro de ese ámbito del terrorismo una acampada y una concentración no comunicada en la jornada de reflexión de las generales del 10N. Y su exposición razonada al Supremo para que se hiciera cargo del caso Tsunami –un asunto que aún no se ha resuelto– se elevó el mismo día que la Mesa del Congreso de los Diputados dio luz verde al inicio de la tramitación de la amnistía.
