Castilla-La Mancha prohíbe la instalación y ampliación de macroganjas hasta 2025

Cerdos en una macrogranja.

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Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves una moratoria para la instalación de macrogranjas de ganado porcino hasta el 31 de diciembre de 2024 y tampoco se autorizarán ampliaciones de las ya existentes, aunque sí se estudiará la autorización de explotaciones de porcino con sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento, valorización y separación de purines.

La moratoria se establece para los proyectos de explotaciones de porcino que precisen Autorización Ambiental Integrada, es decir, para aquellas que superen las 2.000 cabezas, y no se tramitarán proyectos nuevos ni modificaciones de otros ya existentes que supongan superar esa cifra.

Esta moratoria se ha aprobado gracias a la mayoría absoluta del PSOE en el Parlamento castellanomanchego, mientras que PP y Cs han votado en contra. En el texto de la moratoria se especifica que el sector del porcino castellanomanchego ha sufrido una "gran transformación" en los últimos 15 años, ya que desde el año 2006 hasta la actualidad el censo de animales se ha incrementado en un 47% y de las 1.286 explotaciones ganaderas de porcino incluidas en 2021 en el registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos de Castilla-La Mancha, 227 corresponden con explotaciones con autorización ambiental integrada, de las cuales 90 se han tramitado desde 2016. Por ello, con la finalidad de ordenar adecuadamente este sector y realizar aquellos estudios que sean necesarios para ello, se ha establecido una moratoria sobre las explotaciones ganaderas de porcino hasta el 31 de diciembre de 2024.

Por otra parte, con el fin de "estimular la necesaria transformación" del sector, los trabajos de I+D+i y la consecución de productos de valor añadido, se estudiará la aprobación, por la autoridad competente, de la construcción de nuevas explotaciones ganaderas de porcino o modificación de las existentes que incorporen sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento, valorización y separación de purines. En el debate parlamentario, la portavoz del grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, ha acusado a PP y Cs de "sumarse al carro" por la polémica a raíz de las palabras del titular de Consumo pero les ha reprochado que en la comisión en la que se debatió el texto se abstuvieron y no propusieron alternativa.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha precisado que la moratoria no implica la prohibición de estas instalaciones, sino una "pausa procesal" para abordar con "consenso y con "cabeza" esta cuestión, que genera "sensibilidad social". "Nosotros no vamos a prohibir la macrogranjas, ni podemos hacerlo, además, teniendo en cuenta que habría que discutir qué es y qué no es una macrogranja. Lo que estamos diciendo es que, habida cuenta de los múltiples intereses y problemas que hay, es una forma de abordar con cabeza los problemas. Hay quien lo quiere hacer desde la demagogia y el populismo más barato o desde el fanatismo más absoluto. Lo que decimos es que están pasando demasiadas cosas en la normativa europea, en la normativa ambiental y en la sensibilidad social como para que hagamos una pequeña pausa procesal y lleguemos a consensos".

En este punto, García-Page ha insistido en que su voluntad es que la legislación que haya en la región respecto al sector ganadero en su conjunto sea fruto del "consenso", dado que se trata de un sector "potentísimo", que da miles y miles de puesto de trabajo y que es determinante. "Tiene que estar a salvo de la demagogia barata", ha insistido. Dicho esto, y tras volver a asegurar que respeta todas las opiniones generadas en torno a esta polémica cuestión, "tanto la de los que están a favor de las macrogranjas como la del ministro Garzón, como la del presiente del PP de Castilla-La Mancha que también dijo lo mismo", ha insistido en que "cuando uno gobierna ha de actuar con sensatez".

"Están cambiando los procedimientos europeos, hay denuncias de Europa a España por la gestión de los residuos y nosotros lo que queremos es darnos unos meses para debatir con el sector la legislación que mejor regularice todos los aspectos que confluyen aquí y no solo ese planteamiento animalista ni ambiental. Es el conjunto. Apoyamos a rajatabla un sector como ganadero", ha ratificado. De igual modo, el titular del Ejecutivo autonómico ha vuelto a indicar que ha discrepado del ministro Garzón, "no ahora, sino desde antes", porque, a su juicio, "no puede decir fuera de España que un producto español es de discutible calidad". "Punto, no se puede. Y que no se invente que es un bulo, una campaña, que si un lobyy. No pasa nada. Todos metemos la pata, yo más que el señor Garzón, pero hay que sacarla rápida, porque cuando tenemos responsabilidades institucionales tenemos que defender nuestros productos, nuestros trabajadores y nuestras empresas", ha defendido.

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