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22-M

Cifuentes abre expediente a promotores de las columnas este, sur y oeste del 22-M

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Tras anunciar en la mañana de este martes que se abriría un expediente a los organizadores de la marcha del pasado día 22, la Delegación del Gobierno en Madrid ha afirmado que también se expedientará a los organizadores de las columnas este, sur y oeste de las Marchas de la Dignidad por incidentes, desobediencia a la autoridad o cambio de itinerario, dependiendo del caso.

Tal y como han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Cristina Cifuentes, se ha producido incumplimiento de la resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid respecto al itinerario previsto, así como vulneración de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, de la normativa de seguridad vial y de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, al no haberse adoptado las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de las marchas.

Entre los incidentes que reflejan los respectos informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la columna este que llegó a la capital procedente de la A-3, los manifestantes, a su paso por Perales de Tajuña, intentaron entrar en masa a un banco y "asaltaron la sede del Partido Popular, apropiándose de una bandera del PP, que quemaron en la plaza". También han reflejado un intento de asalto al Ayuntamiento e insultos y zarandeos a agentes de la Guardia Civil.

Por su parte, en la columna sur procedente de la A-4 la Delegación ha anotado situaciones de desobediencia a las indicaciones de la Guardia Civil, el incumplimiento del itinerario previsto en la resolución de la Delegación del Gobierno, "ocupando la A-4 a lo largo de los términos municipales de Ciempozuelos, Valdemoro y Pinto" e infracción de la normativa de seguridad vial por los vehículos participantes. En la columna oeste, procedente de la A-6, el departamento que dirige Cristina Cifuentes expedienta a los organizadores por supuesto incumplimiento del itinerario previsto en la resolución de la Delegación y vulneración de la normativa de seguridad vial.

Los acampados de Sol se trasladan a Ciudad Universitaria

Por su parte, la asamblea de Acampada Dignidad, que reúne a varias decenas de participantes en las Marchas de la Dignidad, ha decidido irse de la Puerta del Sol, donde ha permanecido acampada durante dos días hasta su desalojo en la mañana del martes, para pasar la noche en los encierros de estudiantes en Ciudad Universitaria. Con motivo de la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes y distintas asambleas en las universidades madrileñas, en protesta por los recortes en educación y la subida de tasas universitarias, los alumnos han iniciado en las últimas horas movilizaciones y se esperan encierros en distintas facultades.

Respecto a la manifestación del 22-M a la que se abrirá expediente sancionador, el informe emitido por el Abogado del Estado alude al artículo 4 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, que establece literalmente que "del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas". "Esta ley impone a los promotores y organizadores un deber específico de velar por el buen orden en las manifestaciones que convoquen, adoptando las medidas de seguridad adecuadas para ello. Según reiterada Jurisprudencia, el organizador debe asegurar la buena marcha de la reunión y las fuerzas del orden actuar cuando ello no es así o se impide a los manifestantes ejercer su derecho constitucional", señalan.

Tras el anuncio realizado hoy por Cristina Cifuentes, primeramente se incoará el expediente, en base a los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Luego se abre un periodo de alegaciones y un periodo de prueba y a continuación, se redacta una propuesta de resolución, previo estudio de las alegaciones. De ello deriva un segundo periodo de alegaciones y, por último, se firma una resolución. Frente ella cabe un recurso de alzada ante el ministro de Interior. En caso de que sea rechazado, se puede optar por último un recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

El plazo para que la Administración emita resolución de un procedimiento sancionador no puede exceder de seis meses, plazo tras el cual se produciría su caducidad. La cuantía de dicha infracción dependerá de la gravedad de la misma. Así, pueden llegar hasta los 6.000 euros, en el caso de infracciones graves con la actual Ley de Seguridad Ciudadana, cuya modificación y ampliación de la cuantía de multas está en fase de estudio.

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