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Tribunales

Colectivos ciudadanos llevan ante la Justicia a los responsables políticos y empresariales del fiasco de Castor

Los colectivos ciudadanos Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet e Instituto de Derechos Humanos de Cataluña anunciaron este martes la presentación de una querella criminal contra los responsables políticos y empresariales del fiasco del almacenamiento subterráneo de gas Castor, a los que atribuyen delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos. 

En concreto, la querella, que fue registrada en pasado jueves 22 de febrero en la Audiencia Nacional, se dirige contra los exministros de Industria, Comercio y Turismo Joan Clos y Miguel Sebastián (PSOE), el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria (PP) y las exministras socialistas de Fomento, Magdalena Álvarez, y de Medio Ambiente y Agricultura, Elena Espinosa.

La acción judicial también pretende llevar a los tribunales a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria de la mercantil que tenía la concesión del almacén, Escal UGS S.L.; así como al presidente de esta última, Recaredo del Potro. Hay, además, otros dos políticos querellados: Juan Cotino, exconsejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana con el PP; e Ignasi Nieto, exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo con el PSOE. 

Según explicaron en rueda de prensa sus promotores, el objetivo es que la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa Escal –que pertenece en un 66,7% a ACS, propiedad de Florentino Pérez– decretada a través de un real decreto-ley tras su renuncia a seguir explotando la plataforma no recaiga sobre los contribuyentes, así como que el coste del desmantelamiento de las instalaciones se impute "a las empresas responsables de su fracaso". Los colectivos también pretenden denunciar "la connivencia de los gobiernos con operaciones destructivas para el bienestar de la población en el marco de un contexto de corrupción sistémica y sistemática". 

Los orígenes del conocido como proyecto Castor se remontan a 1996, cuando, con José María Aznar al frente del Gobierno, se otorgó a la empresa España Canadá Resources permiso para investigar hidrocarburos frente a las costas de Castellón y Tarragona, una habilitación que fue cedida en 2003 a Escal. Cinco años después, ya con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo, se inició la fase de explotación. La concesión recayó sobre Escal, que en julio de 2004 recibió la autorización para comenzar en la zona la inyección de gas colchón, procedimiento que asegura una presión y capacidad de extracción constante.

De las tres fases en las que se dividía esta etapa, las dos primeras se completaron sin contratiempos. No ocurrió lo mismo en la tercera, desarrollada durante septiembre de 2013. Primero se detectaron pequeños movimientos sísmicos en la zona del delta del Ebro, lo que llevó al Ministerio de Energía a ordenar el cese temporal de la actividad en la zona.

Dos semanas después, se registró un terremoto de 3,9 grados en la escala Richter a una profundidad de 5 kilómetros y frente a las costas de Vinaroz. Tanto el Instituto Geográfico Nacional primero, como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) después, vincularon directamente los temblores a la inyección de gas colchón. Estos contratiempos llevaron a Escal a renunciar a la concesión y al Gobierno a aprobar el real decreto-ley que tiró parcialmente por tierra el Constitucional el pasado diciembre. 

Supuestos delitos

Para sustentar el supuesto delito de malversación, los colectivos apuntan a Enagás, la empresa semipública que realiza las actividades de transporte, almacenaje y regasificación incluidas en los costes regulados del sistema gasista y que, por tanto, sufragan todos los consumidores en sus facturas. La querella sostiene que esta sociedad devino en "instrumento" para recaudar las cantidades necesarias "para sufragar los gastos de mantenimiento de Castor" y, en consecuencia, "para obtener caudales públicos que, lejos de servir para cubrir finalidades de interés general, son destinadas a sufragar la plataforma Castor, ideada, planificada, construida y mantenida, para enriquecer a los querellados".

Los querellantes también ofrecen supuestos indicios de que las autoridades políticas querelladas llevaron a cabo actos administrativos "en connivencia" con los empresarios con el objetivo de "garantizar el éxito de la operación", lo que apuntaría a un presunto delito de prevaricación.

Entre esas anomalías, se encuentra la inclusión de una cláusula inédita en contratos similares, que permite una indemnización ("compensación por el valor residual de las instalaciones") incluso en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria; o la ampliación de 5 a 25 años del período durante el cual las concesionarias podían renunciar a la concesión, decretada en 2012 con Soria como ministro, y que según los querellados fue "especialmente conveniente" para Escal. "Sin esta arbitraria ampliación, la renuncia de ESCAL en julio de 2014 no hubiera podido producirse porque se habría presentado fuera del plazo permitido", puede leerse en la querella. 

También consideran los querellantes que existe un "perjuicio para la defraudada Administración titular del erario afectado por la maquinación" al existir una contratación pública, la intervención en ella de funcionarios públicos y el supuesto concierto con el querellado empresario/beneficiario, que en este caso son Florentino Pérez y Recaredo del Potro.

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