GESTIÓN PÚBLICA

El Colegio de Registradores pide a Justicia que le deje cobrar por los libros de familia y los testamentos

Los registradores piden a Justicia que les deje cobrar por libros de familia y testamentos cuando gestione el Registro Civil

El Colegio de Registradores Mercantiles y de la Propiedad lleva apenas un mes negociando con el Ministerio de Justicia las condiciones en las que el primero se hará cargo de la gestión del Registro Civil. Un asunto que hizo sacar los cuchillos a los registradores y le costó el cargo al anterior director general de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez. Fruto de esa negociación es un borrador de las enmiendas que el PP va a presentar al proyecto de ley de reforma del Registro Civil y que contienen las propuestas formuladas por el Colegio de Registradores.

Entre ellas, el cobro al ciudadano de algunos de los actos e inscripciones en el Registro Civil que hasta ahora son gratuitos. Así, el órgano colegiado pide a Justicia que le deje cobrar por la expedición de libros de familia en formato electrónico, por la inscripción y revocación de poderes, por consignar la vecindad civil en los nacimientos y por incluir el domicilio registral y la dirección para recibir notificaciones o citaciones en procedimientos judiciales.

Todos ellos son actos “voluntarios” a diferencia de nacimientos o defunciones, por ejemplo, pero necesarios en múltiples circunstancias legales o mercantiles. El Colegio de Registradores, según deja claro en sus propuestas al ministerio, los considera “irrenunciables” como “fuente de financiación” del Registro Civil del que deberá hacerse cargo como muy tarde el próximo 15 de julio.

También quiere el Colegio que se incluyan en el nuevo Registro Civil dos registros más: los de actos de última voluntad, donde se inscriben los testamentos, y los de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento. Ambos dependen del Ministerio de Justicia. “El Colegio [de Registradores] no puede renunciar a ellos, ya que serán uno de los medios con que cuente para financiar el Registro Civil”, explica el órgano en sus propuestas al ministerio. “Parece”, añade el Colegio, “que está hablado con la Subsecretaría [de Justicia] en la comisión mixta y está de acuerdo (se mostró favorable al saber que esta incorporación a la nueva plataforma estaba prevista en la Ley 18/2014 mediante orden del Ministerio de Justicia)”.

Esa ley ómnibus incluía, entre otras muchas y dispares medidas, el traspaso de la gestión del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles. También garantizaba que la prestación del servicio continuaría siendo “gratuita, sin excepción de ningún tipo”. Y es ahí donde vuelve a surgir la polémica.

“Engaño a la ciudadanía”

En abril de 2013 los registradores rechazaron en una asamblea celebrada en Zaragoza –la tercera celebrada en toda su historia– hacerse cargo del Registro Civil como era el proyecto del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Desde luego, no lo querían si tenían que financiarlo ellos de sus propios bolsillos: “Debe tener una financiación suficiente y vinculada a la prestación de los propios servicios del Registro Civil”. Los registradores, aunque funcionarios, no cobran sus sueldos de los Presupuestos del Estado, como el resto de los empleados públicos, sino que viven de los aranceles que les pagan los usuarios. El arancel, destacan, es la garantía de su independencia de la Administración a la hora de calificar la legalidad de los documentos.

Ese arancel, además, les supone unos ingresos cuantiosos. Desde que se hizo público el proyecto de Ruiz-Gallardón, los registradores han criticado que el ministerio ni siquiera haya hecho un cálculo de los costes que supone gestionar el Registro Civil, mientras insiste en su gratuidad. Algunos de ellos consultados por infoLibre, no dudan en acusar a Justicia de estar “engañando a la ciudadanía”. “Lo van a pagar los usuarios”, aseguran.

Otros expresan su “desconcierto” ante las negociaciones que está celebrando el Colegio con el ministerio. Le reprochan su “falta de transparencia” y temen que haya cedido ante los planteamientos del nuevo titular de Justicia. Rafael Catalá echó abajo el proyecto inicial de su antecesor, hizo dimitir al anterior director general de los Registros y dejó sin efecto el concurso por el que ya se había adjudicado a Indra y Telefónica el desarrollo de la plataforma electrónica integral del nuevo Registro Civil. Pero sigue adelante con su traspaso a los registradores mercantiles.

“No se va a aceptar ninguna propuesta de cobro”

Un portavoz del ministerio asegura a este periódico que las propuestas del Colegio fueron discutidas en la comisión, pero recalca que “no se va a aceptar ningunaque se aparte del principio de gratuidad para el ciudadano. Sólo van a pasar el corte, continúa, “las relativas a la nueva organización del Registro Civil”.

En cualquier caso, el Colegio de Registradores reconoce que el cobro de los actos voluntarios “que respondan al interés particular del ciudadano” le va a permitir obtener sólo “una pequeña fuente de financiación”. Así que pide que se determine posteriormente, en un reglamento, “la forma de sufragar los costes de funcionamiento” del Registro Civil. “Ya que no puede establecerse que el servicio sea sufragado por el colectivo de los registradores vía colegio, por lo menos hay que suministrarle a éste los medios para que se mutualice el gasto entre todos los registradores”, y no sólo entre aquellos a los que se encargue el Registro Civil. En España hay un millar de registradores de la propiedad y un centenar de mercantiles, todos ellos agrupados en un mismo colegio. En principio, sólo estos últimos se van a encargar del Registro Civil.

Independientemente de lo que finalmente decida Justicia sobre el cobro de esos actos voluntarios, el proyecto de ley habilita al ministro para que apruebe en tres meses nuevos aranceles “correspondientes a la intervención de los registradores de la propiedad y mercantiles respecto de los asuntos, actas, escrituras públicas, expedientes, hechos y actos inscribibles para los que resulten competentes conforme a lo dispuesto en esta ley”.

Nacionalidad para los sefardíes

Aunque no será la única forma en que se va a sufragar el coste del Registro Civil a cargo de los registradores. El proyecto de ley para conceder la nacionalidad española a los sefardíes incluye una tasa de 75 euros por tramitar cada solicitud. Ese texto entró en el Congreso el pasado mes de junio y se encuentra en trámite de ponencia y comisión. No se refiere únicamente a los sefardíes que quieran ser españoles, sino que regulará todos los procedimientos de nacionalidad por residencia. Esos trámites se llevarán a cabo a través de la misma plataforma electrónica con la que gestionarán el Registro Civil los registradores mercantiles.

Sin embargo, Justicia explica que se ha eliminado la tasa de 75 euros. A cambio, los costes de tramitación se sufragarán mediante aranceles. Según consta en una de las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley, el ministro fijará su cuantía para calcular “los honorarios registrales devengados por la tramitación de los expedientes y hechos inscribibles previstos en esta ley”. Esos aranceles, sumados los trámites notariales y los registrales, pueden superar los 200 euros, calcula un registrador consultado por infoLibre.

No quieren turnos de guardia, conflicto con los notarios

Queda por saber si el ministerio va a aceptar otras reclamaciones formuladas por el Colegio. Por ejemplo, los registradores rechazan el turno de guardia para inscribir defunciones actualmente en funcionamiento en el Registro Civil y se extiende a los 365 días del año. Quieren mantener el mismo horario de apertura de los registros de la propiedad hasta las cinco de la tarde de lunes a viernes . “Hay que pensar que habrá bastantes registros de capital de provincia servidos por un solo registrador que, por tanto, no puede estar permanentemente vinculado a la oficina”, se justifica el Colegio en su propuesta a Justicia.

También quiere que los notarios funcionen como “oficinas colaboradoras”, a lo que estos profesionales se oponen. A juicio de los registradores, las funciones asignadas a las oficinas colaboradoras son “típicamente notariales: expedir testimonios digitales de la documentación recibida para remitirla a la oficina general [del Registro Civil] competente y autorizar actas para documentar las declaraciones de voluntad o de conocimiento en temas de estado civil”. Además, destacan, la participación de las notarías en el Registro Civil “ya está prevista a través de la tramitación de los expedientes matrimoniales y de los expedientes de nacionalidad de los sefardíes”. Y, concluyen, “quedarse al margen de la nueva estructura del Registro Civil supondría un criterio asimétrico en el que las notarías participarían de los ingresos y no de los gastos”.

Pese a los cambios en el Ministerio de Justicia, los registradores no las tienen todas consigo. El próximo lunes la Asociación Francisco de Cárdenas, constituida en plena guerra contra Ruiz-Gallardón, celebra una asamblea que se prevé conflictiva. Esta asociación, que dio su “apoyo crítico” al colegio el pasado diciembre, se encuentra ante la tesitura de seguir respaldando a la actual junta de gobierno o volver a las armas contra un modelo que, a su juicio, no sólo “desnaturaliza” tanto el Registro Civil como los registros mercantiles y de la propiedad, sino que también “perjudica al interés público”.

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