Los fondos europeos en peligro: estos son los compromisos amenazados por un Gobierno de PP y Vox

La voz de alarma la han dado el presidente Pedro Sánchez y sus ministros de Asuntos Económicos y Exteriores, Nadia Calviño y José Manuel Albares. La llegada de la derecha al Gobierno, si gana las elecciones generales del 23 de julio, pondrá en peligro la llegada de los fondos europeos, sobre todo si PP y Vox insisten en su voluntad de echar por tierra muchas de las medidas pactadas con Bruselas y que son condición sine qua non para recibir el dinero. 

Anular total o parcialmente los compromisos pactados tendrá consecuencias “graves”, advirtió Sánchez. No sólo por una cuestión de seguridad jurídica, sino porque también supondría un “riesgo presupuestario real”.

En abril España ya había recibido 37.036 millones de euros, más de la mitad de los 69.500 millones del total de transferencias que tiene asignados hasta ahora de los Fondos Next Generation. Esto le convierte en el socio comunitario que más dinero ha recibido hasta la fecha.

“Incumplir nuestros compromisos con Europa tendrá consecuencias. Hay otros países con gobiernos extremadamente escorados a la derecha que ya están sufriendo esta situación, pagando un enorme peaje en términos de coste reputacional”, avisó. “Yo no sé qué opinará el señor Feijóo; puedo imaginar lo que piensa el señor Abascal, pero, francamente, yo no quiero que España se parezca a esos países”.

La eliminación o la revocación de medidas acordadas con Europa y ya implantadas supone en términos políticos y presupuestarios contravenir el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y si se hace, dará lugar a procedimientos sancionadores y pondrá en peligro la llegada de más dinero de fondos del Plan de Recuperación. “Esto no es algo abstracto: lo estamos viendo en otras partes de Europa. Hay otros socios europeos con gobiernos extraordinariamente escorados a la derecha que ya están sufriendo esta situación, pagando un enorme peaje en términos de coste reputación”.

No es una hipótesis

No se trata de una “hipótesis”, insistió Albares al término del Consejo de Ministros de la semana pasada. Es así como funcionan los fondos de recuperación. “Una vez que se pactan las condiciones y el marco con la Comisión Europea, cualquier eliminación o vuelta atrás en medidas adoptadas” conduce inexorablemente a “procedimientos sancionatorios y a la paralización de los consiguientes desembolsos”. 

Si Feijóo “cambia todas las reformas que hemos puesto en marcha”, remarcó a su vez Nadia Calviño, “naturalmente se suspenden los fondos europeos. Es más, los tendríamos que devolver, porque esas son las reglas del juego”. “El señor Feijóo sólo ha dicho que va a derogar el sanchismo y eso es derogar las reformas que hemos hecho; interpreto que su agenda económica justamente iría en contra de la europea”, argumentó la vicepresidenta primera en una entrevista radiofónica.

Hay precedentes. Bruselas paralizó la entrega de los fondos a Polonia a la vista del desafío planteado por el Tribunal Constitucional de ese país, que en su día proclamó la supremacía del derecho nacional sobre los tratados (una idea que Vox ha prometido defender si llega al Gobierno) y de que redujese a la mínima expresión los derechos reproductivos de las mujeres al declarar inconstitucional el aborto por malformación fetal. En pleno año electoral, el Gobierno polaco, uno de los aliados de Vox en el continente, trata ahora de modificar la normativa interna para desbloquear la llegada de los 35.400 millones de euros que tiene pendientes.

En Hungría, en cambio, no dan su brazo a torcer. El Gobierno ultra de Viktor Orbán, otro de los aliados de Santiago Abascal en Europa, iba a ser un de los mayores receptores netos de dinero europeo, pero ha visto cómo Bruselas congelaba la entrega de 22.000 millones a la vista de que el Ejecutivo húngaro sigue sin cumplir 27 hitos imprescindibles para restaurar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Orbán, sin embargo, asegura que no va a ceder. 

Más relevante aún es el caso de Italia, el país que sobre el papel iba a ser el máximo beneficiado por los fondos (España es el segundo). La llegada al gobierno de la neofascista Georgia Meloni, en coalición con los socios italianos de Feijóo (la Forza Italia del recientemente fallecido Silvio Berlusconi), ha puesto en guardia a la Comisión Europea. Sus reformas, opina Bruselas, están mal enfocadas y tiene que cambiarlas. El país necesita, en opinión de la UE, una política fiscal “prudente”, así como simplificar los trámites burocráticos para avanzar en energías renovables. Y no le gustan ni el plan de prejubiliaciones de Meloni ni su deseo de poner en marcha un modelo de autonomía regional diferenciada ni el proyecto de aprobar un tipo único de IRPF. Los fondos, avisa también Bruselas, deben gastarse para 2026 o dejarán de estar a disposición de los estados miembros. Si no se dan prisa, no llegan.

Más de un centenar de medidas

En España, son muchos los compromisos en vigor y pendientes de aprobación que han sido o siguen siendo cuestionados por el PP y Vox. El Plan de Recuperación contiene en total 102 medidas, con una importante concentración de los hitos en el periodo 2021-2023. Se trata de reformas que pretenden, desde distintos ámbitos de actuación, modernizar el tejido productivo y la Administración, adaptar el marco regulatorio para incrementar la productividad y el PIB potencial de la economía española y lograr un crecimiento más sostenible a largo plazo, reforzando al mismo tiempo el Estado del Bienestar y la cohesión económica y social.

Según el tercer Informe de Ejecución del Plan de Recuperación, el último publicado hasta la fecha, durante 2021 se lograron todos los hitos y objetivos en cuanto a las reformas estructurales, con la aprobación de la reforma laboral, la Ley Rider, los reglamentos de igualdad retributiva y planes de igualdad, la ley de trabajo a distancia, la primera fase de la reforma de pensiones, la ley de cambio climático o la entrada en vigor de la reforma educativa. Se trata de normas acordadas y pactadas con Bruselas como condiciones para recibir fondos que, sin embargo, en el caso de las que tienen rango de ley, salieron adelante con la oposición del PP y de Vox (la única excepción entre las citadas es la ley que regula el teletrabajo, que sí fue apoyada por los de Feijóo y en la que la ultraderecha se abstuvo). Si ambas formaciones llegan al Gobierno de España tendrán que decidir si mantienen esa postura y tratan de derogar o reformar estas leyes o si, por el contrario, las asumen como propias para evitar tener que abrir una negociación con Bruselas de incierto resultado que, en cualquier caso, puede poner en peligro la llegada de los fondos europeos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no esconde su preferencia por el modelo anterior, aprobado en la época de Rajoy y cuyo contenido se cambió de común acuerdo con sindicatos y empresarios a instancias de Bruselas, ya ha anunciado su intención de volver a reformar la normativa laboral aunque para ello deba romper el diálogo social. La norma que quiere cambiar pactó europeizar el mercado laboral, fomentando la generalización de la contratación indefinida, la modernización de la negociación colectiva y de la subcontratación, junto con la introducción de un mecanismo de flexibilidad y sostenibilidad del empleo ante las crisis. El impacto de esta reforma ha sido muy positivo en la evolución de la afiliación a la seguridad social y la creación de empleo.

Feijóo también se ha manifestado en contra del nuevo modelo de pensiones, que busca reforzar la sostenibilidad futura del sistema en la línea marcada por las Recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas por el Congreso de los Diputados. El líder del PP asegura que esta reforma, pactada con Europa, no garantiza nada, y se propone cambiarla. Eso sí, no ha revelado en qué dirección, aunque en el pasado se ha referido en términos muy elogiosos al modelo anterior, en el que una cláusula de sostenibildad amenazaba con demorar la edad de jubilación y reducir las prestaciones: trabajar más tiempo y cobrar menos.

Feijóo también ha dicho abiertamente que se propone cambiar la Ley de Educación, pero de la que no ha hablado desde que llegó a la dirección de Génova es de la Ley de Cambio Climático, quizá la norma que con más determinación combate Vox, pero a cuya aprobación en 2021 el PP no se opuso.

La transición ecológica, en peligro

Una pieza esencial de las reformas imprescindibles para la llegada de los fondos es precisamente el impulso a la transición ecológica, un área que cuenta con la oposición frontal de Vox y serias reservas por parte del PP, cuyo líder, en más de una ocasión, se ha pronunciado a favor de dar prioridad a la economía sobre los objetivos climáticos. Cambiar de modelo es precisamente lo que busca la ley de cambio climático y transición energética (Vox votó en contra y el PP se abstuvo), el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (las dos derechas quieren cambiarlo para mantener las centrales nucleares), los Convenios de Transición Justa, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050. Medidas todas ellas destinadas a reorientar el modelo productivo, impulsar la descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue e integración de las energías renovables, la electrificación de la economía y el desarrollo del almacenamiento de energía, objetivos que la extrema derecha quiere suprimir.

Pendiente del nuevo Gobierno se han quedado varios proyectos de los que dependen los fondos que España aún no ha recibido. Entre ellos está la nonata Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que estaba en tramitación en el momento en el que Sánchez convocó elecciones anticipadas y que tiene por objeto constituir el marco normativo que permita que las políticas públicas de transporte y movilidad en España se adapten a la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial. El texto pretendía además reconocer la movilidad, por primera vez, como un derecho y un elemento de cohesión social que contribuye al Estado del Bienestar.

En cumplimiento de los compromisos pactados con Bruselas, España también ha aprobado, en materia de economía circular, la Estrategia Española de Economía Circular, el Primer Plan de Acción y la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular (en este caso con el rechazo de Vox y la abstención del PP). Tres herramientas concebidas para sentar las bases de un nuevo modelo de producción y consumo en el que se reduzca al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar.

Los fondos también están vinculados a un capítulo en materia de biodiversidad que incluye el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la biodiversidad, el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas o la Estrategia Forestal Española y el Plan Forestal Español.

El Gobierno se dotó en 2021 de sendas hojas de ruta para el Autoconsumo y para el Desarrollo de la Eólica Marina y las energías de mar en España, con el fin de potenciar la eficiencia económica y el liderazgo español en el desarrollo tecnológico y de la I+D de las distintas fuentes limpias que aprovechan los recursos naturales marinos, con especial atención a la eólica.Y en marzo de 2022 publicó la de desarrollo del biogás, que prevé multiplicar casi por cuatro la producción de gas de origen renovable en nuestro país y su aprovechamiento para producir electricidad y biometano. Entre todas completan la apuesta del Gobierno por los gases de origen renovable, que ya contaba con la hoja de ruta del hidrógeno. 

Los objetivos de todas estas reformas están alineados con la planificación en materia de energía y clima, de modo que la reducción de emisiones en el sector residuos contribuya a lograr los objetivos de mitigación del cambio climático en 2030 que han de poner a España en la senda de la neutralidad climática en 2050. Un compromiso que Vox ha prometido derogar.

La reforma educativa

Entretanto ya se han aprobado y puesto en marcha las principales reformas en el ámbito educativo. En particular, el refuerzo del sistema de Formación Profesional, a través de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, y la mejora del sistema universitario y el impulso del conocimiento a través de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (PP y Vox votaron en contra).

De este capítulo forman parte también normas como el real decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad y el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.

En el ámbito de la Ciencia e Innovación destaca la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada en 2020 para fomentar la investigación científica y mejorar de la competitividad de España.

Será el próximo Gobierno el que defina parte de los compromisos adquiridos con Bruselas a cambio de los fondos. Es el caso de la Ley de Diversidad Familiar, que quedará en manos de PP y Vox si la derecha se hace con mayoría en el Congreso. Se trata de una ley que debería garantizar la igualdad de todas las familias y que todas reciben el apoyo y la protección social que necesitan. La norma fue concebida para introducir nuevos permisos de cuidados o equiparar los derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho, ampliar y reconoce la diversidad familiar y amparar jurídicamente cada uno de los tipos de familia. Objetivos casi todos ellos que la extrema derecha de Vox combate frontalmente.

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Del nuevo Ejecutivo dependerá cumplir el objetivo, también comprometido con Bruselas, de aprobar una la Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. La finalidad para la que la concibió el Gobierno de coalición era proteger a los más vulnerables y reforzar la inversión en salud, pero ahora, en función del resultado electoral, puede ser la derecha la que tenga que establecer su alcance.

Las urnas también decidirán la dirección que tomen otras reformas comprometidas con Bruselas y que aún están pendientes, como la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia o la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual.

Hay otras medidas de las que depende la llegada de fondos europeos y que pueden estar en peligro si PP y Vox gobiernan y deciden echarlas abajo. Entre ellas están las nuevas figuras impositivas creadas durante la legislatura y que Feijóo ha criticado en numerosas ocasiones: el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, el Impuesto Especial sobre los envases de plástico de un solo uso y el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. En cuestión también estaría la Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, que PP y Vox se negaron a respaldar en el Congreso.