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Sanidad

Ninguna comunidad ha puesto todavía en marcha el copago en hospitales que implantó Mato

Farmacia de un hospital.

Sólo los pacientes de Ceuta y Melilla –donde el Ministerio de Sanidad tiene la competencia en materia sanitaria– pagan por el momento por los fármacos que les dispensan en los hospitales para que los tomen en su casa. Se trata por lo general de pacientes graves o crónicos que, hasta hace dos meses no pagaban nada si solicitaban estas medicinas en farmacias hospitalarias

La medida, que tendría que haber entrado en vigor el 1 de octubre según una resolución publicada en el BOE diez días antes, todavía no se ha implantado en ninguna autonomía. Esa orden establecía que los fármacos aplicados a enfermos crónicos que requieren disposición hospitalaria pero son de uso ambulatorio pasaran a ser considerados "de aportación reducida". Y señalaba que debería pagarse un 10% de su valor hasta un total de 4,20 euros por envase. El Ministerio de Sanidad justificó este cambio argumentando que en algunas autonomías sí se dispensaban en farmacias convencionales con una receta y, por tanto, su pago estaba sujeto al mismo sistema que el resto de fármacos.

Salvo Castilla y León –muy combativa desde que se anunció la medida, contra la que ha anunciado incluso que presentará un recurso en la Audiencia Nacional– las comunidades gobernadas por el PP argumentaron en su momento que no la ponían en marcha por problemas técnicos y de adaptación a la logística necesaria o por la ausencia de instrucciones concretas. Dos meses después, los argumentos para mantener este polémico copago en estado de espera son similares y ninguna lo aplica. Las comunidades que no están gobernadas por los conservadores –Asturias, País Vasco, Navarra, Andalucía, Cataluña y Canarias– recibieron la medida con críticas más enérgicas. Y a día de hoy también rehúsan aplicarla. 

Aunque no hablan de insumisión, estas últimas sí se rebelan ante la medida aprobada por el departamento de Ana Mato. Además del castellanoleonés, al menos los gobiernos asturiano, navarro, andaluz y catalán presentaron sendos requerimientos al ministerio contra su aplicación. En Navarra, la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento regional aprobaron el pasado 23 de septiembre con los votos a favor de todos los grupos, excepto el PP navarro, una declaración institucional contraria a este copago.

La Junta de Andalucía también presentó un recurso de alzada contra su aplicación. El Gobierno de Susana Díaz ya anunció que no se aplicará en esta comunidad "por tener más costes que beneficios económicos". Cataluña también reclamó a Sanidad que revisara los criterios y condiciones de financiación de los medicamentos para poder "garantizar su idoneidadad" y que no hubiera "dificultades de acceso" a los mismos. Según las diferentes autonomías, el ministerio ha respondido de forma negativa a todas estas peticiones.

En Sanidad argumentan su negativa basándose en un informe que este departamento encargó a la Abogacía del Estado. En ese documento se señala que, de retirarse la medida, se provocaría una situación de inseguridad jurídica para los pacientes, pues estos medicamentos podrían dejar de tener la consideración de "fármacos de aportación reducida" y pasar a estar sujetos al mismo sistema que el resto de fármacos. Este es el mismo argumentó que ya dio Sanidad hace dos meses para justificar la medida. Además, este informe detalla que la resolución fue dictada por el órgano "competente" para el "desarrollo y ejecución de la política farmacéutica del Departamento y quien resuelve sobre las condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional Salud".

Sin fecha 

En la mayoría de las autonomías no hay fecha a la vista para su implantación. Y sólo en Galicia fuentes de la Conselleria de Sanidade señalan que se aplicará en 2014. En Madrid, por ejemplo, el consejero Javier Fernández Lasquetty ya dijo el pasado octubre que tardaría "un tiempo" en aplicarse en su comunidad. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, señalan que "se tendrá que poner en marcha, porque se trata de aplicar una competencia que depende del Ministerio de Sanidad", si bien dicen que "no se considera prioritaria en cuanto a su contribución a la sostenibilidad del sistema". Asimismo, aseguran que a día de hoy es imposible su aplicación porque "técnicamente este cobro es un proceso complejo".

En Extremadura, donde el PP gobierna en solitario con el apoyo de IU, existe un compromiso de ese Gobierno de que se establecerán "mecanismos de compensación" que harán que este copago no tenga coste alguno para los pacientes. "Lo pondremos en marcha porque somos una comunidad cumplidora, pero los extremeños no lo notarán", dicen desde la Consejería de Salud y Política Social.

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En Baleares, Cantabria, La Rioja, Murcia, por ejemplo, también rehúsan aplicar la medida hasta que no haya instrucciones "concretas" y consenso entre todas comunidades. En estas autonomías, insisten, no entrará en vigor hasta que no haya unas directrices claras por parte del ministerio para su implantación en cuanto a adaptación de programas informáticos y otros tipo de cuestiones de tipo logístico. "Es una medida de equidad y la aplicaremos cuando lo hagan el resto de autonomías", señalan desde Cantabria.

El Gobierno de Aragón, por su parte, sostiene que no hay fecha prevista para la puesta en marcha de la medida y dice "estar explorando mecanismos para que ninguna persona se quede sin el acceso a estas medicinas por falta de recursos".

En el Ministerio de Sanidad responden que la semana que viene Mato se reunirá con los representantes de Sanidad de las autonomías en una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Y que aunque este asunto no está en el orden del día, si será una buena oportunidad para que los consejeros trasladen sus inquietudes a la ministra. En este sentido, aseguran que han sido "varias" las autonomías que han trasladado a este departamento su intención de poner en marcha los mecanismos necesarios para implantar este copago en enero de 2014. 

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