Contar el acoso callejero para acabar con él: así es la iniciativa que combate el machismo en la vía pública

"Las calles de la ciudad también son nuestras". De esta manera se dirige la ONG Plan Internacional a las jóvenes de Madrid, Sevilla y Barcelona que quieran participar en el proyecto Safer Cities for Girls, una página web que pretende cosechar la experiencia de las mujeres en los espacios públicos. "Todas deberíamos sentirnos seguras y escuchadas en nuestra ciudad", apela la organización, pero no siempre ocurre así. Las jóvenes de entre 15 y 25 años tendrán ahora la oportunidad de contarlo, de forma anónima, a través de un cuestionario [aquí la página web] que, una vez terminado, cristalizará en un informe.

El proyecto cuenta con la financiación de la Comisión Europea y se realizará en diversas ciudades del continente. En España, las urbes elegidas son Madrid, Sevilla y Barcelona, donde el 5% de la población son mujeres que se encuentran en esa franja de edad. Entre las tres ciudades suman 294.322 mujeres jóvenes. Y no siempre se sienten libres ni seguras. Así lo explica Lara Martínez, directora de Comunicación, Incidencia y Campañas de Plan Internacional, en conversación con infoLibre.

Plan Internacional busca señalar el acoso en las calles y enmarcarlo como "un problema global", recoger las experiencias de las chicas "para dimensionar" este tipo de violencia. El objetivo es que entre 1.000 y 1.500 jóvenes participen para pergeñar "propuestas y soluciones" que blinden "la libertad y seguridad de las mujeres en las ciudades". El fin último, detalla Martínez, será "crear ciudades donde las chicas sean plenamente libres" y que las propias "jóvenes sean el motor de cambio".

La realidad, comenta la portavoz de la organización, es que las ciudades funcionan como "grandes oportunidades" para las jóvenes, pero también como escenarios donde "se enfrentan a riesgos". Y entre los peligros, el acoso callejero se presenta como una forma de violencia altamente normalizada que "afecta a sus derechos y a su libertad".

De las calles al transporte

Plan Internacional no aterriza ahora en las calles para analizar las experiencias de las jóvenes. En abril de 2017, la organización ya desarrolló en diferentes ciudades –Madrid entre ellas– el programa piloto Free to Be, que dio lugar a un estudio publicado en noviembre de 2018. Aquel informe dibujaba las ciudades como espacios que "no son totalmente seguros para las niñas y las jóvenes: en las calles, en el transporte público y en prácticamente todos los espacios públicos, a menudo se les hace sentir incómodas, inseguras e intimidadas simplemente por el hecho de ser jóvenes y mujeres".

La causa subyacente "del sentimiento de inseguridad", analizaba la organización entonces, se explicaba por el "comportamiento discriminatorio de género" por parte de algunos hombres y "en particular del uso de la violencia". Como consecuencia, las mujeres "se ven obligadas a modificar su propio comportamiento para mantenerse seguras". Aquello que debería ser un derecho para ellas se convierte en una aspiración casi imposible, que condiciona "su libertad, sus oportunidades y su igualdad".

Aquella primera experiencia incluía "el manoseo, los piropos, silbidos y abusos" como elementos tan comunes que las mujeres "tienden a percibirlos como simplemente normales". Y el entorno tiene un peso significativo a la hora de normalizar las agresiones. "En su mayor parte, las personas que son testigo del acoso se mantienen al margen: hacen poco o nada por ayudar", de manera que las jóvenes "sienten que no tiene sentido denunciar el acoso".

De los 951 puntos analizados en Madrid, el 84% contenía experiencias negativas. "En términos generales, más de cuatro de cada cinco niñas y mujeres jóvenes que participaron de la iniciativa en Madrid experimentaron varias formas de acoso callejero", alertaba el estudio.

Sólo uno de cada diez casos se denuncian

La denuncia se presenta como un esfuerzo titánico para las víctimas. La conclusión no sorprende: la misma barrera se repite en todas las formas de maltrato de género. El informe de Plan Internacional Reportando a las autoridades: experiencias de las jóvenes denunciando el acoso callejero, elaborado con los datos del primer proyecto, evidencia que "sólo uno de cada diez casos de acoso callejero" son denunciados. Y de ellos, "menos de un 30% llegan a tramitarse". La lectura es evidente: "No existen los mecanismos necesarios para responder al acoso callejero".

Martínez recuerda que "el acoso callejero no está tipificado como delito penal, aunque algunos preceptos de acoso sí están recogidos en el Código Penal". Los actos más sutiles, sin embargo, "se quedan fuera". En otros países la situación no es mucho mejor. De los 189 países que firmaron la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, un total de 177 no cuentan con una legislación sólida contra el acoso callejero. En Europa, sí han dado el paso Bélgica, Francia, Portugal, Países Bajos y Reino Unido.

En Bélgica, los piropos están penados con multas de hasta mil euros y penas de hasta un año de prisión. Francia, por su parte, introdujo en 2018 la figura de "ultraje sexual", con multas de entre 90 y 750 euros. En estos países "existen multas con un coste económico", repara la portavoz de la organización, quien recuerda que "hasta hoy no hay evidencias reales de que tipificarlo como delito penal reduzca el número de incidentes". En ese sentido, apuesta por una revisión de la normativa, trabajar en la sensibilización, incrementar la participación de las jóvenes e introducir un enfoque de género transversal a todas las normas.

En España se van dando pasos. Aunque la recolección de datos avanza a cuentagotas, sí se van desarrollando medidas pensadas para combatir el acoso en las calles, como los llamados autobuses con paradas a demanda, que funcionan en algunas ciudades como Castellón, Vigo, Bilbao o Terrassa. "Este tipo de medidas son bienvenidas e interesantes", sostiene Martínez, que sin embargo llama a un cambio en el enfoque: "Todas están dirigidas a las chicas, pero no a erradicar los estereotipos de género de raíz", razona. Por ello, agrega, urge trabajar "paralelamente en acabar con las normas de género que subyacen en el acoso".

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La construcción de un escenario realmente seguro para las mujeres pasa por abordar toda la estructura del problema. La planificación urbana se presenta como elemento clave en el proceso de cambio. Se trata de aplicar una perspectiva de género en el diseño urbano, con el firme propósito de tener en cuenta las necesidades de las mujeres en los espacios públicos.

En la calle conviene mejorar "la formación de las fuerzas de seguridad", completa Martínez, además de llevar a cabo una "revisión de las ordenanzas locales y la planificación urbana". La portavoz de la ONG reconoce que "se están haciendo avances", especialmente en la búsqueda de datos, pero "todavía queda un gran camino por recorrer".

Y en ese recorrido, la educación se configura como etapa obligatoria. "Es una herramienta para acabar con todas las formas de discriminación", subraya Martínez. Por eso trabajar en el entorno educativo no es una opción, sino una urgencia para que "las nuevas generaciones dejen de normalizar el acoso y lo vean como una forma de violencia inadmisible". La sensibilización, añade, significa también "cambiar las relaciones de poder e incluir a estos niños en la defensa de la igualdad". Las mujeres, reflexiona la portavoz, "no viven libres si tienen miedo, y la sociedad asume con preocupante normalidad que sufran violencia".