Que durante la primera fase de vacunación íbamos a tener un volumen muy reducido de vacunas no es ninguna novedad. Lo anticipó el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, el 24 de noviembre, el mismo día que el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de Vacunación covid-19 en España, la misma que buena parte de la oposición asegura que no existe y que fue redactada conforme al acuerdo adoptado el 9 de septiembre en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde tienen voz y voto todas las comunidades autónomas y, a través de ellas, representantes de diferentes formaciones políticas.
Illa anunció aquel día que en una primera etapa, entre enero y marzo de 2021, habría “un suministro inicial muy limitado de dosis de vacunas”. Y que en una segunda etapa, entre mayo y junio, se incrementarían progresivamente su número y el de personas a vacunar. No sería hasta la tercera, precisó hace ahora dos meses, que se aumentaría el número de dosis y vacunas disponibles para cubrir a todos los grupos prioritarios.
Las noticias sobre las vacunas y plan de inmunización de la población, sometidas a la tensión diaria de las tiranteces entre partidos, no se han librado del efecto de la desinformación. Ni del descrédito, una vez que han empezado a aflorar casos de personas vacunadas que no eran prioritarias, algunas de las cuales parecen haberse aprovechado de su condición de altos de cargos en la administración local, autonómica o estatal.
El plan de vacunación (ver aquí) establece un orden de prioridad de los grupos de población a vacunar con base en criterios científicos, éticos, legales y económicos. Incluye la logística para la distribución y administración de las vacunas, fija las líneas prioritarias para el seguimiento y evaluación de la vacunación mediante un registro específico para covid-19 y recoge una estrategia de comunicación dirigida al personal sanitario y al resto de población.
No obstante, no todo es transparente en el proceso de vacunación. Especialmente los contratos suscritos por la Unión Europea con los principales fabricantes, sometidos a acuerdos de confidencialidad que han provocado la indignación de medios de comunicación y partidos políticos, especialmente los representados en el Parlamento Europeo, cuyos diputados sólo tienen acceso a documentos censurados en una sala especial a la que únicamente pueden entrar bajo vigilancia, por tiempo limitado y sin medios tecnológicos con los que poder hacer copias.
Sabemos no obstante, cuánto cuesta cada vacuna, gracias a la indiscreción de Eva De Bleeker, secretaria de Estado de Presupuestos de Bélgica, que publicó en Twitter —supuestamente por error— lo que cuesta cada vial. Una cifra muy distinta para cada una de las compañías farmacéuticas.
Los precios que ella reveló oscilan entre los 1,78 euros por dosis que cuesta la vacuna de Oxford fabricada por Astra Zeneca (hacen falta dos inyecciones para adquirir inmunidad) hasta los 14,7 euros que cuesta la de Moderna. La de Pfizer-BioNTech, la primera que comenzó a administrarse a finales de diciembre, cuesta 12 euros (también hace falta dos dosis). La de Curevac tiene un precio de 10 euros, la de Sanofi-GSK de 7,56 y la de Johnson & Johnson de 8,5.
La Unión Europa ha centralizado la compra de vacunas para asegurarse precio y condiciones de entrega. Gracias a ello, España tiene garantizada la adquisición de 31,5 millones de dosis de la de AstraZeneca, 21 millones de Johnson & Johnson, 31,5 millones de Sanofi-GSK, 23,6 millones de Curevac, 10,5 millones de Pfizer-BioNTech y 8,4 millones de Moderna. Eso significa que el Gobierno español tendrá que abonar una cifra muy próxima a los 1.051 millones de euros. La compra de la vacuna sin la intermediación de la UE elevaría esa factura a 1.322 millones, de acuerdo a las cifras reveladas por De Bleeker.
En total España recibirá, según los cálculos del Gobierno, unos 140 millones de dosis, suficientes para inmunizar dos veces a toda la población española, a lo largo de 2021 y de 2022. De momento, según datos oficiales, Pfizer ha entregado a España a lo largo de un mes 1.697.100 dosis (incluyendo las de esta semana) y Moderna apenas 35.700 en las últimas dos semanas. Las comunidades autónomas, que en los primeros días tardaron en administrar las primeras vacunas, ya han consumido casi el 96% de los viales disponibles. Casi 124.000 personas ya han transitado la pauta competa para adquirir inmunidad (dos dosis).
El plan de vacunación del Gobierno y las comunidades autónomas prevé vacunar entre enero y marzo a 2,5 millones de personas que forman el grupo más vulnerable: sanitarios, usuarios de residencias y grandes dependientes. En un mes ya han recibido la primera dosis casi 1,4 millones de personas. El Gobierno mantiene que si todo transcurre como está previsto a finales del próximo verano se habrá vacunado el 70% de la población española.
La cifra de 1.051 millones que sale de aplicar a las dosis comprometidas por España el precio revelado por la secretaria de Estado belga coincide casi exactamente con la que el Gobierno consignó para pagar las vacunas en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 —1.011 millones de euros—. Una cifra que saldrá del fondo REACT de la Unión Europea, uno de los que Bruselas ha movilizado para hacer frente a la pandemia.
A finales de noviembre, el Gobierno autorizó la adquisición de 20,8 millones de dosis de Pfizer-BioNTech, suficientes para inmunizar a 10.400.000 ciudadanos. Y el 1 de diciembre hizo lo mismo con las de Johnson & Johnson (20,8), Moderna (8,3) y Curevac (23,4).
Los recientes anuncios de varios fabricantes acerca de dificultades en el ritmo de entrega de vacunas a lo largo de los últimos días han sembrado la preocupación en Bruselas y en varias capitales europeas. En plena tercera ola de la pandemia, con cifras récord de infectados y fallecidos en varios países, la vacuna se ha convertido en la única esperanza para acabar con la pandemia. A esta incertidumbre contribuyó además el anuncio del Instituto francés Pasteur de que abandona el desarrollo de su candidato a vacuna. La mala noticia llegó apenas un mes después de que la farmacéutica francesa Sanofi también señalara que su candidato a vacuna había obtenido peores resultados de lo previsto.
De momento, a España llegaron este lunes las 351.000 dosis comprometidas para esta semana por Pfizer, que ya han sido distribuidas a las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, por boca de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha quejado de que son insuficientes. “No demuestran que están haciendo todo lo que pueden por ir a por más. Yo lo que les pido es que traigan más. Hay que buscar vacunas para todo el mundo”, exigió.
“No habrá negociaciones paralelas”
Pero los países de la UE tienen prohibido ir al mercado de vacunas por su cuenta, según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. “Tenemos un marco muy claro para todo esto. Y obliga legalmente. Todos hemos aceptado que no habrá negociaciones paralelas, ni contratos paralelos”, advirtió la semana pasada.
En este contexto, la Unión Europea ha aumentado la presión sobre la farmacéutica AstraZeneca, encargada de producir la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, después de que la compañía anunciase una reducción sustancial de las entregas prometidas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, recordó por teléfono a su máximo responsable, Pascal Soriot, “que la UE ha invertido significativas cantidades en la compañía” mientras desarrollaba la vacuna “precisamente” para garantizar la producción y le exigió cumplir con las entregas recogidas en el contrato con plazos y dosis “específicas”.
Tras una reunión con Soriot, la Comisión elevó aún más el tono e hizo saber que sus explicaciones sobre los retrasos “no son satisfactorias” y amenazó con emprender “acciones” contra la compañía. La UE “quiere saber exactamente qué dosis se han producido y dónde por AstraZeneca hasta ahora, y a quién o a dónde se le han entregado. Las respuestas de la compañía no han sido satisfactorias por ahora”, declaró en rueda de prensa la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides.
Detrás del malestar de la UE está la sospecha de que AstraZeneca, una compañía con sede en Cambridge (Inglaterra), esté desviando parte de la producción comprometida con Bruselas a Reino Unido e Israel por razones políticas (la grave situación de la pandemia en las islas británicas) e económicas (el precio pagado por el Gobierno de Tel Aviv).
Bruselas ya ha propuesto a los 27 estados miembros la creación de un mecanismo de transparencia sobre las exportaciones para controlar a dónde van a aparrar las vacunas que se producen en territorio europeo. En el futuro, declaró la comisaria Kiryakides, todas las compañías involucradas en la producción de vacunas en la Unión deberán suministrar información inmediata sobre cualquier intención de exportar dosis a terceros países, advirtió.
La vacuna de AstraZeneca aún no ha sido aprobada por la Comisión, que espera el análisis de la Agencia Europea del Medicamento (EFE), previsto para el próximo 29 de enero.
“La compañía debería de empezar a producir antes de recibir la autorización” para poder entregar los fármacos inmediatamente después de recibir la autorización para distribuirlos en la UE, señaló este lunes un portavoz de la CE, quien recordó que el contrato se firmó en agosto y los Estados miembros hicieron sus pedidos en otoño.
El Gobierno de Italia ya ha anunciado su intención de llevar a los tribunales a la farmacéutica por incumplir sus contratos, como ya hizo con el consorcio Pfizer-BioNtech, que hace uno días también tuvo problemas para entregar las dosis pactadas. Suecia anunció a su vez que paralizará los pagos a Pfizer hasta que se aclare la cuestión de cuántas dosis se pueden extraer de los viales que fabrica la empresa.
No hay cifras concretas sobre cómo pueden afectar las dificultades de las farmacéuticas a las entregas previstas. Italia estima que recibirá 3,4 millones de dosis en vez de ocho millones como estaba estipulado en el primer trimestre del año, pero la Comisión Europea no ha aportado datos sobre las dosis que faltan o los motivos de los problemas del laboratorio, del mismo modo que ha evitado comentar posibles acciones legales por parte del Ejecutivo comunitario.
Antes de abandonar su cargo como ministro, Salvador Illa, declaró que el Gobierno espera empezar a recibir dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford “en los próximos días”. “Todo indica que es una vacuna que podría ser utilizada esta misma semana en el ámbito europeo y de la que recibiríamos dosis en los próximos días”, explicó.
España respalda a la Unión Europea en su posición contra AstraZeneca. “Muestro el apoyo de España a todas las medidas para garantizar el contrato que se ha firmado. Sabemos que las vacunas son un bien escaso y que la fabricación y distribución es compleja, pero Europa ha hecho bien el planteamiento de esta estrategia. Damos apoyo a todas las decisiones de la UE para garantizar que lo que firmó se cumple y que las dosis llegan en tiempo y forma, a no ser que haya causas de fuerza mayor”, indicó.
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En cualquier caso es difícil saber las consecuencias legales que puede tener para las compañías el incumplimiento de los plazos porque los aspectos más sustanciales de los contratos suscritos con la UE siguen siendo secretos. La indignación de los eurodiputados es patente.
En los últimas días, y previa autorización de la compañía afectada, la UE decidió hacer parcialmente público el contrato con Curevac. Sandra Gallina, negociadora en jefe de Bruselas para la compra de las vacunas, declaró que confía en “que las compañías acepten poco a poco a mostrar todos los contratos”.
En este momento no se conoce oficialmente ni el precio pactado por cada dosis, ni los plazos de entrega de cada compañía, ni las cláusulas de responsabilidad a las que tendrían que hacer frente las farmacéuticas por incumplimiento o por los posibles efectos adversos de los pinchazos.